En medio de la brutal crisis narco que está teniendo lugar en Rosario, el gobierno de Milei evalúa la posibilidad de permitirle a la empresa de Juan Manuel Ondarcuhu, denunciado hace un tiempo por presunto contrabando y por lavado de dinero, construir un nuevo puerto agroindustrial en Timbúes, sobre el Río Paraná. Esto fue anunciado el jueves pasado por Manuel Adorni, el vocero presidencial.

La inversión sería de unos 550 millones de dólares. Ondarcuhu es titular del Grupo Servicios Portuarios (Sepor), que ya cuenta con tres puertos en Rosario, San Nicolás y San Pedro. Se trata de un elemento cercano a los Passaglia, la familia nicoleña a la que pertenece el intendente; y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El desembolso incluye, además, la construcción de una planta de hidrógeno verde y de fertilizantes. La región del Paraná es una de las zonas agroindustriales más importantes del país, desde allí se exportan los principales productos agrícolas.

Milei se muestra como un adalid de la lucha contra el narcotráfico, pero se apresta a abrirle nuevos negocios a un empresario con denuncias por corrupción en una arteria estratégica para el desarrollo del narcotráfico.

Es harto conocido que por los puertos privados de Santa Fe se exporta droga a pleno, de a toneladas. Todo tipo de estupefacientes llegan a Rosario gracias a la Gendarmería, que se supone debe cuidar la frontera; gracias a la Prefectura, que se supone debe cuidar la Hidrovía; y gracias a las Fuerzas Armadas, que se supone deben cuidar el espacio aéreo. Es que obtienen un rédito por dejar pasar y dejar hacer.

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Algunos dicen que el Grupo Vila-Mazano, de fuertes lazos con Sergio Massa, u otros grupos empresarios, podrían meterse en la movida del puerto. Vila y Manzano aparecieron en los Pandora Papers. Otro señalan que se requeriría un préstamo extranjero para realizar la inversión. Ambos trascendidos se fundan en la creencia de que Ondarcuhu no contaría con la cantidad de dinero necesaria para encarar el proyecto.

Ondarcuhu fue sobreseído por el juez Daniel Rafecas en una causa en la que se lo investigó por un presunto contrabando y lavado de dinero. Fue procesado en 2019 junto al exjefe del Sindicato Obreros Marítimos Unidos (Somu), Omar “Caballo” Suárez.

Los puertos y los bancos deben estar en manos de los trabajadores, no de una minoría capitalista que los utiliza para obtener ganancias espectaculares. La clase obrera debe ponerse de pie y luchar por una salida real a este flagelo.

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