En el encuentro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tiene lugar en Montevideo, el gobierno volvió a negar que hubiera 30.000 detenidos desaparecidos, víctimas de la última dictadura militar, esta vez en boca del Secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj.

 

En la comisión de Trata y Tráfico, el funcionario aseveró que los desaparecidos durante la dictadura “fueron 8.500”, según el registro realizado en el informe "Nunca Más", a pesar de que nunca fue un listado completo, y que fue enriquecido por investigaciones posteriores.

 

Avruj, que se presentó para defender al Estado argentino por su rol en los casos de la detención de Milagro Sala y la desaparición forzada de Santiago Maldonado, entre otros, dijo que el gobierno de Macri es "víctima de una campaña de desprestigio".

 

Pese a que lo estaba confirmando con sus propios dichos, el funcionario –en polémica con referentes de organismos de Derechos Humanos presentes en el CIDH– buscó refutar el carácter negacionista de los crímenes de la dictadura por parte del partido de gobierno, que ha buscado sistemáticamente minimizar el accionar asesino de los represores y allanar el camino de su impunidad. En el pasado reciente, se sintió el repudio popular contra Darío Lopérfido y ex titular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, por declaraciones en el mismo sentido. 

 

La gestión de Avruj al frente de la cartera de Derechos Humanos lo ha destacado como el secretario de la impunidad y la represión: mantuvo reuniones con familiares de los genocidas y respaldó públicamente el fallo del 2×1 a favor de estos –quedando luego desautorizado ante el repudio popular que obligó al gobierno a impulsar en el Congreso una ley contraria.

 

El funcionario se sumó con armas y bagajes a la campaña estatal de encubrimiento de la gendarmería en su responsabilidad por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado, y en los últimos días –más precisamente, cuando se realizó el rastrillaje que halló el cuerpo del joven– se lanzó con provocaciones de todo tipo contra la comunidad mapuche del Lof Cushamen.

 

Podría seguirse largo en su pasado, revisitando su rol de operador del lobby sionista en la Argentina y su imbricación por múltiples vías en el operativo de impunidad de la causa Amia.

 

Avruj representa la política del gobierno en favor de la impunidad de los genocidas, cuyo objetivo último es reinsertar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, y avanzar en la represión a la movilización popular. Sus nuevas declaraciones convocan al repudio más enérgico por parte de un pueblo que lucha en defensa de sus libertades democráticas. 

 

La pretensión de presentar al gobierno como "víctima" es de una caradurez inconmensurable.