En el camino de intentar que la causa por el hundimiento del ARA San Juan se cierre sin que queden de manifiesto las responsabilidades del gobierno y la Armada, el pasado viernes el ministro de Defensa, Oscar Aguad, volvió a culpar a los tripulantes del ARA San Juan como los responsables por el naufragio del submarino a fines del 2017.

Antes de que la cuestionada jueza Marta Yañez, que tiene en sus manos el caso, dictamine sobre el mismo, Aguad –rodeado por marinos, en la base de Puerto Belgrano- dio por sentado que el hundimiento fue producto de la “falta de entrenamiento y de capacidades” de los marinos que murieron en el naufragio.

Y sostuvo que, del informe de la comisión técnica -conformada exclusivamente por personal jerárquico de la también cuestionada Armada- surge que en este caso se aplica el que “la falta de entrenamiento y de capacidades adquiridas en la transmisión intergeneracional de las experiencias, cuando no son eficientes, pueden causar una tragedia". En el mismo camino, las autoridades navales sostuvieron que el hundimiento se debería “sólo a un ´error´ de los tripulantes”.

Ocultamiento

El manejo de la causa y la investigación en la que se asienta Aguad, son cuestionadas duramente por los familiares de los marinos muertos. En primer lugar –dicen- por la ausencia de un equipo de peritos independiente que dilucide qué es lo que realmente pasó con el submarino, y no como la actual comisión “investigadora” que está integrada por miembros de la Armada, a la cual incriminan como responsable por el hundimiento.

Respecto del informe y los elementos -fotos y videos-, que aportó la empresa que encontró al submarino, Luis Tagliapietra, padre de una de las víctimas y abogado, que conocía los registros porque había participado como veedor de las exploraciones del buque Seabord, denunció que a los familiares, que viven en distintos puntos del país, les hicieron ver los videos recogidos por la empresa vía streaming, lo que generó momentos de enorme pixelado, en los que no se veía prácticamente nada.

Estas fotos y videos son de suma importancia para determinar las razones del hundimiento. Ante el reclamo de los afectados, los funcionarios oficiales les plantearon que “el familiar que quisiera verlos con buena calidad podía ir a Caleta Olivia”.

Esto cuando varios de ellos viven a más de mil kilómetros de distancia.

Una burda maniobra de ocultamiento, que otro de los familiares denunció porque solo “vimos agua, agua y más agua. No pudimos hacer ni una pregunta, ni una consulta porque no estaba en la agenda de la jueza” y añadió que esto es “coherente con la política del juzgado, que a los abogados ni siquiera nos permiten sacar fotos del expediente” (El Tribuno 24/4).

“El estado de mantenimiento era paupérrimo”

Contraponen a esto “los dichos del capitán (Héctor Aníbal) Alonso en su testimonial del 20 de diciembre de 2018”, donde indica que el submarino no estaba al garete, es decir a la deriva, sino que su tripulación estaba accionando todos los mecanismos para emerger”, situación que sería diferente de lo que había informado la Armada” (Página 12, 24/3).

También que “el estado de mantenimiento del submarino era paupérrimo”, según sostuvo Tagliapietra (Perfil 15/11/18). Además, el comandante del submarino, había advertido, a mediados de 2017, sobre una serie de inconvenientes durante la navegación similares a los que habrían provocado el naufragio del ARA San Juan (La Nación, 18/11).

Valeria Carreras, otra de las familiares, dijo que “la querella necesita tener acceso a las imágenes para poder, junto a nuestros peritos, determinar qué es lo que realmente pasó con el submarino”. 

Por estas razones y porque, sostienen, hubo reuniones secretas entre el ministro Aguad y la jueza y porque la causa no avanza, un grupo de familiares presentó hace pocos días una recusación contra la magistrada, que “solo junta papeles” y parece orientada –dicen- a cerrar la causa sin responsables del gobierno ni de la Armada.

Esto cuando existen numerosas evidencias que los comprometen. Muy por el contrario de un cierre de la causa, está a la orden del día la entrega de toda la información existente, fotos y videos, el acceso sin restricciones al expediente y la posibilidad de fotografiarlo (lo que fue negado por la jueza), la conformación de una comisión investigadora independiente y el esclarecimiento de las responsabilidades políticas.