El gobierno abre la temporada de una multiplicidad de audiencias para definir los tarifazos en todo el sistema de servicios de energía. Ahora cedió al reclamo de las empresas Edesur y Edenor y anunció la convocatoria a una nueva audiencia pública para aumentar las tarifas de luz, en vísperas del verano. El mismo gobierno que dice estar avanzando en un congelamiento de precios para “combatir la inflación”, la fogonea con una política de tarifazo permanente.

Las boletas de electricidad representan el costo de tres servicios eléctricos: el de generación de electricidad, que aumenta con la segmentación y se va actualizando con el tiempo y además el Fondo Monetario ya reclamó que se reduzca el tope de consumo para aplicar el aumento y que le incluyan el tope a los sectores de bajo consumo.

La boleta también incluye el costo del transporte a los grandes centros de consumo. El gobierno, cediendo a los reclamos de las empresas transportadoras de energía, ya convocó una audiencia para el 30/11 con el fin de aplicar nuevos aumentos. El ENRE convoca a la audiencia a pesar de que estas empresas reconocieron que, como no les aumentaron las tarifas, no cumplieron ni con un cuarto de las inversiones prometidas, con lo cual vamos a un verano de cortes de luz.

Además también existe el costo de distribución entre los hogares (que incluye la medición del consumo y la emisión de las facturas), quienes reclamaron mayores aumentos aprovechando los otorgados a las transportadoras y advirtieron que, de no otorgarse, empeorará el servicio. Estas son empresas como Edenor y Edesur quienes encuentran la forma de financiarse mediante deuda para cubrirse de cualquier pérdida, como la que Edenor y Edesur tienen con Cammesa (la empresa estatal mayorista que les despacha la energía eléctrica) y que asciende a los 502 mil millones de pesos, una hipoteca. En criollo, no pagan la mayor parte de la electricidad que reciben, y así cubren sus gastos operativos. El gobierno cede al reclamo y les habilita el tarifazo como compensación para rogarles que paguen la deuda que nunca terminan de pagar.

Estos aumentos impactarán en todas las boletas, sin distinción de ingresos, y sumará el aumento del 20% en la boleta del gas para los ingresos del Nivel 1 según la segmentación tarifaria. Es decir que la pagarán todos los trabajadores que ya ven derruidos sus salarios por la inflación, la cual va a continuar por la propia política del gobierno, quien aprueba estos tarifazos en lugar de abrir los libros de las empresas para evaluar los ingresos y los costos.

Urge desarrollar un plan de lucha en defensa del salario, exigiendo un inicial de $200 mil, aumentos salariales indexados a la inflación mensual y trabajo bajo convenio para todos. La única manera de terminar con este desfalco es poniendo abriendo los libros de toda la cadena energética al control de trabajadores y usuarios, lo cual permitiría conocer realmente los costos de la energía y qué hicieron y hacen con los subsidios millonarios que reciben de los fondos públicos. Con seguridad, esto revelaría la necesidad de nacionalizar la industria energética bajo control obrero para desarrollarla en función de las necesidades del país y de las mayorías populares.