En el mes de septiembre, nuevamente la Secretaría de Finanzas dio a conocer el informe sobre el estado de la deuda pública de la Administración Central. La misma acumula la friolera de USD 342.619 millones, alcanzando el 74% del PBI al cambio oficial y el 130% del PBI tomando como referencia el cambio paralelo. En definitiva, una hipoteca a la cual han contribuido todos los gobiernos, de carácter impagable.

El informe arroja que desde comienzos del 2020 a esta parte se ha pagado deuda por el equivalente a USD 12.375 millones (entre vencimientos nominados en pesos y en dólares). Estamos hablando de $1,2 billones, suma similar a los $1,3 billones asignados para hacer frente a la pandemia en los últimos dos años. A la vez consiste en una cifra cinco veces superior a la totalidad del presupuesto devengado en lo que va del 2021 para el pago de jubilaciones y pensiones.

A pesar de la magnitud del monto abonado, el endeudamiento creció en USD 29.320 millones bajo el mandato de Alberto Fernández. Lo anterior demuestra que no es posible desendeudarse sosteniendo una política de rescate de la deuda, puesto que cada aplazamiento va acumulando nuevos intereses usurarios.

El gobierno ha montado un endeudamiento sideral nominado en moneda local. Sucede que ante el constante drenaje de divisas, la estrategia oficial para evitar una corrida cambiaria es reducir lo más posible la emisión monetaria (ajustando en partidas sociales) y financiar el déficit fiscal emitiendo deuda en pesos. Lo anterior es sencillamente una bomba de tiempo, ya que en su mayoría son bonos del Tesoro indexados a la inflación o al dólar, con altísimas tasas de interés y vencimientos a corto plazo. Esta política forma parte de la hoja de ruta trazada por el FMI, por la que transita el gobierno en aras de arribar a un acuerdo en función de rescatar la deuda por USD 45 mil millones con el organismo.

En ese sentido, resulta oportuno señalar que el pago sistemático de vencimientos de deuda ha demostrado ser una traba para el desarrollo nacional. Sin ir más lejos, poco quedó del superávit comercial de USD 10.500 millones alcanzado en los primeros ocho meses del año, como producto del “boom” exportador suscitado por los altos precios internacionales de las commodities. Hoy en día, la situación de las Reservas Internacionales Netas del Banco Central es alarmante.

Las Reservas Internacionales actualmente se ubican en los USD 43 mil millones; sin embargo, el 84% de ese monto no pertenece al BCRA, sino que corresponde mayormente a depósitos en dólares de privados y al Swap con China. Se calcula que las Reservas Internacionales Netas llegan escasamente a los USD 7 mil millones, de los cuales apenas USD 800 millones son reservas líquidas (de libre disponibilidad), el resto lo componen reservas en oro y  lo que queda de los DEG (Iprofesional, 14/10). Por otra parte, en el transcurso de un mes se han esfumado USD 3 mil millones de las reservas netas (a mediados de septiembre se hallaban en los USD 10 mil millones) y esto se debió principalmente al pago realizado al FMI por USD 1.883 millones el pasado 22 de septiembre.

La disminución de las reservas es consecuencia de la incesante fuga de divisas impulsada por los capitalistas, a través de diversos mecanismos. Por un lado, el Central ha destinado una porción importante de sus dólares a la recompra de títulos para intentar contener la brecha cambiaria, en la medida que proliferan las operaciones con el Contado con Liquidación y el Dólar MEP. También son moneda corriente otras modalidades de fuga como la subfacturación de exportaciones y la sobrefacturación de importaciones.

Por otra parte, la gestión de Alberto Fernández ha desembolsado USD 3.863 de las reservas para cancelar vencimientos con el FMI y se aproximan nuevas fechas de pago, por USD 399 millones antes de los comicios de noviembre y por alrededor de USD 1.800 millones en diciembre, llevándose puesto casi la totalidad de los DEG restantes que hoy suman USD 2.800 millones. Todo un esquema de saqueo por parte de al clase capitalista, que los sucesivos gobiernos convalidan, cuyo resultado es la bancarrota nacional a la que asistimos. Bancarrota que, paradójicamente, hoy en día nos deja afuera del crédito internacional debido al alto riesgo país que ostenta Argentina.

Con el acuerdo en ciernes con el FMI, el oficialismo y la oposición patronal nos proponen permanecer en este espiral sin salida. Bajo el pretexto de volver a acceder al mercado de crédito internacional pretenden que los trabajadores aceptemos pagar las consecuencias de los lineamientos de ajuste que imponga el Fondo; cuando el objetivo de retomar el endeudamiento en dólares es pagar deuda vieja, y, a su vez, levantar el cepo cambiario para que los empresarios tengan mayores facilidades al momento de girar sus ganancias al exterior.

En el reciente Coloquio de Idea, la burguesía nacional y los partidos del régimen consignaron su adhesión a este planteo, el cual acarreará un sinfín de penurias para las mayorías populares. El empresariado argentino que fogonea la necesidad de un acuerdo con el FMI es el mismo que posee más de USD 400 mil millones fugados en el exterior, el que ocupa la primera plana de los registros off-shore, y el que, a su vez, es acreedor de parte de la deuda pública. Como contrapartida, la tasa de inversión en Argentina roza apenas el 16% del PBI, y, cuando el porcentaje es menor a 22% estamos en presencia de un proceso de desinversión. A todas luces, una clase social completamente parasitaria, incapaz de emprender un desarrollo industrial en el país, y, mucho menos, resolver las necesidades sociales.

Para terminar con esta encerrona es necesario desconocer la deuda ilegítima, romper con el FMI y cortar con la fuga de capitales a través de la nacionalización bajo control obrero de la banca y el comercio exterior. A fin de cuentas, solo un programa de salida a la crisis por parte de los trabajadores podrá sacar al país de la anegación y satisfacer las demandas populares, hartamente postergadas.

 

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