El gobierno volverá a pegar un nuevo manotazo sobre los fondos de los jubilados, por un total de $86.000 millones, por los cuales le dará al ANSeS Letras del Tesoro que serán amortizadas –o renovadas por otras– a su vencimiento, en diciembre próximo.

Hace pocos días, el gobierno nacional y el propio Macri en persona, sostuvieron que, “por falta de recursos”, era imposible siquiera otorgar un bono similar al de $5.000 que cobran los empleados estatales. Pero resulta que, solo con este dinero que se está sustrayendo de las arcas del ANSeS, podría pagarse un bono de más de $5.000 a cada uno de los jubilados y pensionados del país. No se trata de falta de recursos, sino hacia donde se decide orientarlos.

Y otro tanto sucede con la negativa oficial a otorgar un aumento de los haberes que compensen el desfasaje que se produjo con la inflación desbocada de este año. La pérdida en la capacidad de compra llega a casi 20 puntos.

Vaciamiento

El gobierno no sólo está utilizando el dinero del ANSeS para fines que no son la mejora en los ingresos de los jubilados sino que está profundizando el deterioro de su patrimonio. Ocurre que, a partir del primero de enero, las patronales abonarán menos cargas sociales, ya que tendrán un “mínimo no imponible” de $7.000 en cada sueldo que paguen. Así, si el salario es de $15.000, la patronal deberá pagar contribuciones por $8.000. Y este “mínimo no imponible” se irá incrementando y actualizando por inflación, lo que supone un desfinanciamiento conscientemente del ANSeS.

Así, en el 2022, las patronales prácticamente dejarían de aportar a las cajas jubilatorias ya que ese mínimo no imponible alcanzará los $17.500 a valores de hoy, mientras que el salario promedio en el tercer trimestre de este año estaba ubicado en los $18.102 (alrededor de $19.500 en diciembre), según estimó el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano. Es decir que las patronales aportarían, en promedio, sólo por $2.000 de cada salario.

Este proceso, el gobierno lo anticipa en el caso de los sectores textil, del calzado y la marroquinería, a los cuales les adelantó para el 2019 el “mínimo no imponible” y así es que las empresas de esas actividades pagarán a partir de enero solo por encima de los 17.500 pesos, es decir que prácticamente dejarán de aportar a las cajas jubilatorias.

El manotazo permanente

Los $86.000 millones que el gobierno sustrajo ahora del organismo previsional sin consultar a ningún jubilado –como antes lo hacía la administración kirchnerista–, es el último zarpazo del gobierno sobre el denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del ANSeS, que está compuesto por dinero que aportaron los trabajadores a la caja de jubilaciones a lo largo de su vida laboral.

Este Fondo ya perdió u$s22.000 millones de su valorización en los primeros ocho meses de este año, lo que equivale a casi la tercera parte del total de los u$s64.000 millones que tenía a fines del 2017, según el informe que presentó al Congreso el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La caída mayor –u$s10.000 millones– se produjo por la brusca devaluación del peso a lo largo de este año, pero la enorme pérdida del 35% del valor en divisas del FGS, se explica también por la desplome en la valorización de los activos en los que está invertido ese dinero de los jubilados que, en un alto porcentaje, (casi 65%) se trata, justamente, de títulos públicos cuyas cotizaciones fueron sacudidas por la crisis.

La política que el Gobierno acordó con el FMI en este terreno consiste en vender activos del FGS para ayudar a financiar el pago de jubilaciones y pensiones y los acuerdos que se alcancen en el marco de la estafa de la Reparación Histórica.

Además, el gobierno utiliza ese dinero para financiarse mientras mantiene fuertes deudas por las diversas sentencias judiciales favorables a los jubilados.

La política oficial se orienta a golpear duramente al régimen previsional, con un aumento en la edad jubilatoria, una reducción mayor en el monto inicial de los haberes, que hoy ronda el 50% del sueldo y una nueva modificación en la mecánica de actualización de las jubilaciones que las haga perder más su capacidad de compra.

El plan de guerra del gobierno macrista y los mandatarios provinciales debe ser enfrentado en una lucha común de los jubilados con los trabajadores, porque lo que está en juego es su subsistencia actual o futura, luego del retiro y después de haber aportado decenas de años durante la vida activa.