El gobierno volverá a pegar un nuevo manotazo sobre los fondos de los jubilados, por un total de 86.000 millones de pesos, por los cuales le dará a la Anses Letras del Tesoro que serán amortizadas -o renovadas por otras- a su vencimiento, en diciembre próximo.

Hace pocos días, el gobierno nacional y el propio Macri en persona, sostuvieron que, “por falta de recursos”, era imposible siquiera otorgar un bono similar al de 5.000 pesos que cobraron los empleados estatales. Pero resulta que, sólo con este dinero que se está sustrayendo de las arcas de la Anses, podría pagarse un bono de más de 5.000 pesos a cada uno de los jubilados y pensionados del país. No se trata de falta de recursos, sino hacia dónde se decide orientarlos.

Otro tanto sucede con la negativa oficial a otorgar un aumento de los haberes que compensen el desfasaje que se produjo con la inflación desbocada de este año. La pérdida en la capacidad de compra llega a casi 20 puntos.

Vaciamiento

El gobierno no sólo está utilizando el dinero de la Anses para fines que no son la mejora en los ingresos de los jubilados sino que está profundizando el deterioro de su patrimonio. Ocurre que, a partir del primero de enero, las patronales abonarán menos cargas sociales, ya que tendrán un “mínimo no imponible” de 7.000 pesos en cada sueldo que paguen. Así, si el salario es de 15.000 pesos, la patronal deberá pagar contribuciones por 8.000 pesos. Y este “mínimo no imponible” se irá incrementando y actualizando por inflación, lo que supone un desfinanciamiento consciente de la Anses.

Así, en 2022, las patronales prácticamente dejarían de aportar a las cajas jubilatorias ya que ese mínimo no imponible alcanzará los 17.500 pesos a valores de hoy, mientras que el salario promedio en el tercer trimestre de este año estaba ubicado en los 18.102 pesos (alrededor de 19.500 pesos en diciembre), según estimó el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) de la Universidad de Belgrano. Es decir que las patronales aportarían, en promedio, sólo por 2.000 pesos de cada salario.

Este proceso, el gobierno lo anticipa en el caso de los sectores textil, del calzado y la marroquinería, a los cuales les adelantó para 2019 el “mínimo no imponible” y así es que las empresas de esas actividades pagarán a partir de enero solo por encima de los 17.500 pesos, es decir que prácticamente dejarán de aportar a las cajas jubilatorias.

El manotazo permanente

Los 86.000 millones de pesos que el gobierno sustrajo ahora del organismo previsional sin consultar a ningún jubilado -como antes lo hacía la administración kirchnerista-, es el último zarpazo sobre el denominado Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que está compuesto por dinero que aportaron los trabajadores a la caja de jubilaciones a lo largo de su vida laboral.

Este Fondo ya perdió 22.000 millones de dólares de su valorización en los primeros ocho meses de este año, lo que equivale a casi la tercera parte del total de los 64.000 millones de dólares que tenía a fines de 2017, según el informe que presentó al Congreso el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

La caída mayor -10.000 millones de dólares- se produjo por la brusca devaluación del peso a lo largo de este año, pero la enorme pérdida del 35% del valor en divisas del FGS, se explica también por el desplome en la valorización de los activos en los que está invertido ese dinero de los jubilados que, en un alto porcentaje (casi 65%) se trata, justamente, de títulos públicos cuyas cotizaciones fueron sacudidas por la crisis.

La política que el gobierno acordó con el FMI en este terreno consiste en vender activos del FGS para ayudar a financiar el pago de jubilaciones y pensiones y los acuerdos que se alcancen en el marco de la estafa de la Reparación Histórica.

Además, el gobierno utiliza ese dinero para financiarse mientras mantiene fuertes deudas por las diversas sentencias judiciales favorables a los jubilados.

La política oficial se orienta a golpear duramente al régimen previsional, con un aumento en la edad jubilatoria, una reducción mayor en el monto inicial de los haberes -que hoy ronda el 50% del sueldo- y una nueva modificación en la mecánica de actualización de las jubilaciones que las haga perder más su capacidad de compra.

El plan de guerra del gobierno macrista y los mandatarios provinciales debe ser enfrentado en una lucha común de los jubilados con los trabajadores, porque lo que está en juego es su subsistencia actual o futura, luego del retiro y después de haber aportado decenas de años durante la vida económicamente activa.