Políticas

17/1/2025

El gobierno mueve fichas en la UIF para respaldar a los evasores y delincuentes financieros

Remueven al titular Ignacio Yacobucci y colocan a Paul Starc, un hombre de Santiago Caputo y de la “vista gorda”.

UIF.

El gobierno nacional desplazó de su cargo al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Ignacio Yacobucci, despegándose de la orientación de que la UIF actúe como querellante en las causas por corrupción y lavado, lo que fue entendido como un guiño al kirchnerismo y a los grandes evasores que Milei supo calificar en el pasado  como “héroes”.

La salida de Yacobucci da mucho que hablar, particularmente porque su remplazo, el fiscal federal Paul Starc, es un elemento colocado por Santiago Caputo, con un pasado signado por el escándalo, la inoperancia e incluso causas que lo vinculan al… lavado de dinero.

El punto crítico de la corta gestión de Yacobucci se encuentra vinculado al papel de la UIF como querellante en las causas por lavado y/o evasión de activos, como si el gobierno de la “transparencia” buscara que el Estado no persiga y combata estos delitos, sino que más bien mire para otro lado.

Esto se aplica en beneficio de los negocios turbios de los grandes capitalistas y del propio kirchnerismo, con Cristina Kirchner como protagonista de varias causas judiciales, pero no así para los luchadores y activistas, como es el caso de la acusación trucha de la UIF contra el Polo Obrero por supuesto lavado de activos, algo que fue ejecutado por Yacobucci y reivindicado por el gobierno.

La supuesta negativa gubernamental a que la UIF funcione como querellante en las causas tendría el propósito de no utilizar el organismo estatal como un instrumento de persecución política, sin embargo el gobierno acelera esta función contra los luchadores del Polo Obrero y le allana el camino a los evasores y verdaderos delincuentes financieros.

Esto solo conduce a pensar que el gobierno de Javier Milei, y su asesor Santiago Caputo, siguen profundizando la línea de impunidad de los evasores y delincuentes financieros, y se encuentran pactando la impunidad del kirchnerismo a cambio de otros favores, como la aprobación de los pliegos de los candidatos oficiales a la Corte Suprema  (Lijo y Mansilla), entre otros.

Cabe recordar que quien ocupa la cartera de Economía, Luis Caputo, es un reconocido artífice de este tipo de delitos, garantizando la fuga de 15.000 millones de dólares bajo el gobierno de Mauricio Macri, algo que fu denunciado públicamente, en su momento, por el propio Milei.

En los medios también circula que la demora por la presentación del proyecto de Ficha Limpia estaría dada por la adaptación del documento oficial a las necesidades del kirchnerismo, impidiendo la presentación a cargos públicos solamente tras una condena con sentencia firme.

El gobierno nacional no solo allana el camino de los evasores y delincuentes con esta medida, sino que esta se suma al desmantelamiento de la ex Afip, con un Arca con menos personal y controles, que vuelve imposible el seguimiento de delitos financieros complejos y grandes evasores.

El ahora designado Starc tiene un pasado oscuro, señalado como testaferro de Alfredo Yabrán y vinculado al lavado de dinero en los 90. Estuvo al frente de la Subsecretaría de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la provincia de Buenos Aires, con Daniel Scioli como gobernador, de donde debió salir prematuramente por el escándalo del caso Pomar: una causa que derivó en la denuncia a varios oficiales por omisión de sus deberes y falsificación de actas.

La política de investigación de delitos financieros bajo el gobierno de Milei pasa a ser un instrumento directo de impunidad para los evasores y el lavado de activos, y una herramienta contra los trabajadores y luchadores, mostrando que se trata de un gobierno más de la casta más turbia y recalcitrante, donde los capitalistas pueden fugar y disponer libremente de activos dudosos, y las organizaciones de la clase trabajadora son inquiridas por autofinanciarse para subsistir.

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