Pocas veces las grandes patronales y los grupos financieros apoyaron con tanto entusiasmo el envío al Congreso de un proyecto de ley como el que acaba de remitir Cristina Kirchner en relación a las ART.

A tal punto llega la “alegría” patronal que el presidente de la Unión Industrial, Ignacio de Mendiguren, no tuvo ningún empacho en admitir a la agencia oficial Télam que “se avanzó en (la) dirección (…) que tuve la oportunidad de expresarle a la Presidenta” (BAE, 24/9). El proyecto habría sido escrito directamente por el super-antiobrero Daniel Funes de Rioja, asesor de la UIA y de la Cámara de la Alimentación. En los pasillos del Congreso ya se conoce la propuesta de ley de CFK como el ‘proyecto De Mendiguren’. El adjetivo le queda grande al ex funcionario de Duhalde, toda vez que los dueños de las ART son los grandes bancos.

El objetivo central del proyecto es obligar a los trabajadores o a las familias damnificadas por accidentes del trabajo a cobrar las bajísimas indemnizaciones de las ART, porque si eligen la acción judicial por responsabilidad civil y reparación integral del daño producido -como tiene derecho cualquier ciudadano que sufre un accidente- no cobran nada hasta la demorada fecha de la sentencia. Por eso, el proyecto plantea lo que se conoce como opción con renuncia u opción excluyente. Si el trabajador acepta cobrar lo que le ofrece la ART, debe renunciar a ir a la Justicia. Y si quiere ir a la Justicia, tiene que renunciar a cobrar la indemnización de la ART.

Como dijo la Presidenta: “Quien opta por el pago no puede ir a los tribunales. En ese caso, los empleadores quedan eximidos de toda responsabilidad civil, en virtud de la elección ‘con renuncia’ por parte de los damnificados”. Actualmente, por un fallo de la Corte Suprema, los damnificados pueden “cobrar la indemnización tarifada de la ART y, si el trabajador o los familiares la consideran insuficiente, pueden reclamar un resarcimiento mayor en la Justicia laboral” (Clarín, 20/9).

Aquel fallo de la Corte obedeció a que la ley de ART, sancionada durante el menenismo, prohibía a los trabajadores demandar ante la Justicia, lo que a todas luces era inconstitucional. El kirchnerismo ha retomado la ley menemista de la manera más pérfida.

A partir de la reforma nacional y popular, el trabajador accidentado va a tener ante sí una disyuntiva de hierro. Con un elevado nivel de discapacidad, por ejemplo con el brazo o la pierna accidentada, va a tener que decidir “libremente” si acepta recibir en forma más o menos inmediata algún dinero por el daño sufrido, o por el contrario contratar a algún abogado -que podría hasta cobrarle por la consulta y el inicio del juicio- y esperar varios años a que se pronuncie la Justicia. Con total inmoralidad, el proyecto K se aprovecha de la minusvalìa del trabajador por el accidente producido -en la mayoría de los casos por falta de prevención y seguridad laboral a cargo de las patronales- para que renuncie al derecho que tiene todo ciudadano a demandar en la Justicia.

Que este es el objetivo queda reforzado por otros cambios. Primero: “se transfiere el reclamo judicial de un conflicto del trabajo desde el fuero laboral al fuero civil, que tiene resarcimientos inferiores y tiempos más largos de resolución”. Segundo: a fin de inducir a los damnificados a cobrar la indemnización de la ART, el proyecto eleva las tarifas del sistema en un 20%” (ídem). En otras palabras: aumentan la “limosna” de la ART y extendieron en varios años los plazos para que se pronuncien los jueces, con indemnizaciones menores, para inducir a que el trabajador “renuncie” a ir a la Justicia.

¿Puede haber más perfidia?

Sí, la perfidia es aun mayor porque, según De Mendiguren, “la nueva ley de ART le pone un punto final a la industria del juicio” (BAE, ídem); aludió al incremento del número de juicios y a que los principales beneficiados de ese aumento habrían sido los abogados. La realidad es la contraria: la Justicia le daba la razón a los trabajadores debido a la enorme diferencia entre el monto de la tarifa de la ART y la indemnización que fijaban los jueces. Si no existiera esa diferencia, ni el obrero recurriría a la Justicia ni las patronales se sentirían afectadas cuando lo hiciera.

Como ya ocurrió con la ley menemista de ART, el actual proyecto tiene la bendición de la burocracia sindical, a la que de inmediato el gobierno le habilitó otro negocio: la posibilidad de constituir las llamadas ART-Mutuas entre las cámaras empresarias y los sindicatos. Para que el negocio sea más lucrativo, esas Mutuas deberán atender a los accidentados en las obras sociales y en los hospitales públicos, según reza el decreto que de inmediato firmó CFK. La presidenta del pueblo admitió que actividades como las del sector metalúrgico y de la construcción “tienen muy adelantada la constitución de estas ART mutuas”.

El gobierno que “recuperó la soberanía energética”, para reprivatizar YPF y para mantener en pie la privatización del gas y del petróleo, no se jacta ahora de “recuperar la seguridad laboral”, y con razón. El kirchnerismo consolida el negocio de los accidentes de trabajo por parte de los bancos que manejan las ART. No se trata solamente de una enorme renta financiera, que va de la industria a los bancos, sino de un fabuloso incremento de la tasa de explotación de la fuerza de trabajo, que no es resarcida por el daño que produce el accidente laboral, sino que engrosa la ganancia de la industria.

Que venga “unidos y organizados” a explicarnos por qué los K no serían un gobierno de la explotación capitalista.