02/04/2020 | 1587

El gobierno paga a los bonistas el equivalente a 25.000 respiradores

Son cerca de 250 millones de dólares en vencimientos de intereses

Se han pagado 150.000 millones de pesos a los acreedores de la deuda local desde que comenzó el año

El 31 de marzo había sido fijado originalmente como la fecha límite por el gobierno de Alberto Fernández para cerrar una renegociación de la deuda con el FMI y los bonistas. Si bien la crisis detonada por la pandemia cambió sustancialmente el escenario, el Presidente volvió a declarar que aspiran a evitar un default. Mientras se espera que el ministro Martín Guzmán haga pública una propuesta de reestructuración de casi 70.000 millones de dólares, el gobierno pagó a los bonistas con reservas internacionales, cerca de 250 millones.

Se trata de dos cupones de intereses. Uno por 224 millones del bono Par, que fue emitido tras el canje para pagar la deuda que había sido defaulteada en 2001, y el resto corresponde a Letes, que habían sido reperfiladas por el gobierno de Macri en septiembre pasado. La suma de los montos es equiparable a la compra de 25.000 respiradores artificiales, que podrían reforzar el sistema sanitario en crisis, y es 14 veces lo asignado por el gobierno como partida especial para salud en marzo.


Todo este esfuerzo para evitar el default -que se complementa con aproximadamente 150.000 millones de pesos pagados a los acreedores de la deuda local desde que comenzó el año- podría, sin embargo, no ser suficiente para evitar una cesación de pagos. La fecha crítica que se avizora ahora es el 22 de abril, cuando vencen otros 500 millones de dólares.


Las complicaciones no solo derivan de las disputas por cuál va a ser la quita o los plazos sobre los bonos reestructurados en poder de los bonistas (ya que sobre los 44.000 millones que debe al FMI no se estarían negociando recortes).


El aspecto crucial es que los tenedores de bonos desconfían de la capacidad de pago de la Argentina, siendo que las nuevas proyecciones arrojan que el PBI nacional se contraería hasta un 6,7%. A ello hay que sumar la caída de la recaudación, no solo por menor actividad sino además por los rescates a los capitalistas; un ejemplo es que se estudia modificar las retenciones petroleras, para pasar del 12% actual a un esquema móvil que eximiría de gravámenes las exportaciones en caso que el precio del barril caiga por debajo de los 30 dólares.


Reflejo de esta desconfianza es que la cotización de los bonos ya cayó por debajo del 30% de su valor nominal, algo que no sucedía desde el default de 2001. Estamos ingresando en zona de fondos buitre, no solo por lo barato de los bonos sino también porque las inyecciones de liquidez de la FED y el Banco Central Europeo, con tasas 0 o negativas, convierten la especulación de los buitres en un negocio extraordinario. Por otro lado, la caída en la cotización de activos que ofrecen garantías mucho mayores de pago pueden estimular a los actuales tenedores a vender sus posesiones argentinas para pasarse a inversiones más seguras.


El bajo nivel de operaciones no evidencia todavía que los fondos buitre estén comprando masivamente bonos argentinos, pero un empantanamiento de la negociación podría decantar rápidamente en un cuadro de este tipo. Por otro lado, como sugiere un especialista (Clarín, 29/3), la atomización de tenencias plantea la posibilidad de que con una posición no muy grande, ciertos fondos puedan bloquear un acuerdo, como hizo Fidelity en enero cuando forzó a Kicillof a pagar al contado 277 millones de dólares por el BP21.


Las consecuencias de este rescate de una deuda quebrada no solo se expresan en el consumo de los recursos fiscales y cuasi fiscales (los adelantos del BCRA) sino, además, en el salvataje que se lleva adelante con los fondos de la Anses. En estos días, el gobierno volvió a enchufar nuevos bonos al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para evitar pagarle vencimientos, y el mes que viene haría lo mismo con otros vencimientos por 2.300 millones de dólares. Este camino fue allanado con la ley de emergencia sancionada en diciembre, que permite aumentar las tenencias en bonos públicos del 50 al 70% del FGS. Producto de estas operaciones, este fondo ya perdió el 50% de su valor en los últimos dos años.


La crisis sanitaria promete agravarse al compás del pago de la deuda externa usuraria y fraudulenta. Más que nunca, planteamos la investigación y el no pago a los especuladores.

 

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