Durante el mes de mayo, el gobierno pondrá en marcha el nuevo tarifazo que exigió el FMI durante la última revisión para reducir los subsidios y así arrimarse a la meta de déficit fiscal impuesta en el acuerdo. Esto consiste en acelerar el esquema de segmentación de tarifas para eliminar totalmente la subvención estatal de las boletas. Así, en mayo, el aumento será de entre el 85% y el 90% en las boletas de energía eléctrica para los usuarios del Nivel 1 (mayores ingresos) y los titulares del servicio que no pudieron concretar el trámite de inscripción al subsidio, y un 31% para usuarios comerciales. Es decir, aproximadamente un tercio de los usuarios totales.

Cabe destacar que muchas personas que no se anotaron para recibir el subsidio lo hicieron por la cantidad de restricciones que implica el percibirlo, como es el no poder acceder a la compra de dólar ahorro. Es decir que muchos usuarios que se encuentran probablemente dentro de los ingresos medios resignaron la subvención para mantener una mínima capacidad de ahorro, por lo que ahora se verán afectados directamente por el tarifazo del mes de mayo.

Sobre los comerciales, el FMI y el gobierno acordaron además que haya subas adicionales en agosto (17%) y noviembre (7%). Estos aumentos a su vez serán trasladados al precio final de cada producto que esté a la venta en dichos comercios, por lo que son los consumidores los que terminarán pagando el tarifazo. Para los residenciales estará en análisis a lo largo del año un nuevo reajuste de precios.

Este aumento además se traslada a toda la cadena productiva porque aumenta el precio base de la energía. Además se pone el marcha al mismo tiempo que otros que se suman la boleta de electricidad, ya que el gobierno le concedió también subas a las transportadoras de energía y las distribuidoras Edenor y Edesur. Los únicos que pierden por todos los ángulos son los bolsillos de los laburantes.

En tanto, el organismo ya avisó que en el futuro “se necesitarán más esfuerzos para converger de manera más duradera hacia la recuperación de costos”, es decir, para avanzar en la eliminación total del subsidio y el consecuente aumento de tarifas en las boletas del resto de los usuarios. El objetivo es lograr que los subsidios a la energía disminuyan al 1,5% del PBI.

En ese sentido, sugirió que el gobierno debe aprovechar el esquema de segmentación para ir a otro tipo de actualización automática. “Se debe considerar fortalecer y simplificar la segmentación, incluso indexando automáticamente las tarifas a los costos, reemplazando el sistema actual de ajustes discrecionales ad hoc e indexación a salarios anteriores, para garantizar la coherencia con los objetivos de sostenibilidad financiera.” concluyó el organismo. Buscan acelerar los aumentos para que impacte, sobre todo, en el consumo eléctrico de invierno, cuando se sabe que las resistencias mediante las que funcionan las estufas eléctricas, por ejemplo, generan una gran demanda.

Como contrapartida, los salarios se pulverizan sistemáticamente producto de la inflación, la cual promete seguir batiendo récords, y de la devaluación. En paralelo el ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Tolosa Paz, avanza en los recortes de asistencia social, lo cual representa el mayor ingreso de miles de familias pobres. Sin embargo, el gobierno se compromete con el FMI para seguir ajustando a los trabajadores, incluso evaluando medidas de shock, lo que seguramente también atice la conflictividad social.

Este cumplimiento, inmediato y a rajatabla, por parte del gobierno a las exigencias del Fondo desnuda además que el capital financiero internacional maneja los hilos del país, perpetuando el saqueo de los recursos nacionales y el carácter colonial del país. Los políticos capitalistas son incapaces de sacárselo de encima y son los trabajadores los continúan pagando esta confiscación con un sinfin de penurias.

Hay que abrir los libros de las empresas de toda la cadena de energía a control obrero, de manera tal de poder evaluar realmente cual es el costo de la energía, desconocer la deuda usuraria y romper con el FMI para poner la economía del país al servicio de las necesidades populares, una tarea que solo pueden llevar adelante los trabajadores.

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