En el día de la fecha, Luis Caputo y Nicolás Posse recibirán a la delegación del FMI con el objetivo de destrabar un nuevo giro por parte del organismo. Dicho desembolso está supeditado a que el Fondo le perdone a Argentina haber incumplido las metas estipuladas para el 2023. A su vez, trascendió que Javier Milei pretende ampliar en U$S 10 mil millones el préstamo contraído para paliar la crisis de reservas.

Por un lado, la misión del FMI compelerá al gobierno a que cumpla con sus promesas de recrudecer el ajuste, bajo la amenaza de llevar al país al default. En ese sentido, el oficialismo anunció que irá por un recorte del gasto equivalente al 5% del PBI por medio de reducir subsidios energéticos y compensar con tarifazos, congelar la obra pública, escamotear transferencias a las provincias, despedir a empleados estatales, licuar vía inflación los salarios del sector público, las jubilaciones y la asistencia social y subir los impuestos, aumentando principalmente la presión impositiva sobre los trabajadores. Las auditoría del Fondo ejerce presión para que el plan motosierra se efectivice.

A su vez, es probable que el equipo del FMI, como condición para conceder los waivers solicitados, le prohíba al gobierno vender dólares de las reservas para contener la cotización de los dólares financieros, en momentos donde crece la brecha cambiaria, y promueva una segunda megadevaluación de la moneda. Lo anterior, sumado a la exigencia de avanzar en tarifazos, evidencia que la promesa de Milei de terminar con la inflación a largo plazo es absolutamente falsa, en la medida que no planea ni remotamente romper con el Fondo, cuyas metas son a todas luces inflacionarias.

Por otra parte, trascendió que “una de las hipótesis de trabajo que el presidente Milei conversó con el ministro Caputo, es la posibilidad de llevar el endeudamiento con el Fondo a los u$s 55.000 millones originalmente obtenidos por Mauricio Macri (del que finalmente se recibieron unos u$s 45.000 millones)” (Ámbito, 8/1). Como vemos, la intención del gobierno es incrementar la deuda con el organismo, volviendo todavía más impagables los vencimientos semestrales que empezarán a regir a partir del 2026, cuando se termine el “período de gracia” estipulado en el acuerdo. Este camino nos lleva directamente al default o a una renegociación leonina para el país.

Además, en el caso de que el FMI acepte ampliar el monto del crédito, esto iría acompañado de un mayor número de exigencias, agravando el sometimiento nacional y las penurias del pueblo, y elevaría el peso de los intereses ultrausurarios que devenga esa deuda, en detrimento de las lánguidas reservas del Banco Central. Como ocurrió en el pasado, el destino de ese endeudamiento externo sería el de financiar la fuga de capitales bajo todas sus formas. Sin ir más lejos, Federico Sturzenegger y Luis Caputo, los responsables de haber dilapidado el préstamo en 2018 en beneficio de los fondos de inversión, forman parte del gobierno actual.

Debemos rechazar el rumbo fondomonetarista de hiperinflación, ajuste y endeudamiento en el que estamos sumergidos. A los trabajadores nos toca imponer en las calles nuestra propia agenda, por eso, la jornada de paro y movilización del 24 de enero es una cita de honor.