El gobierno nacional anunció el relanzamiento de Precios Justos, con su segunda edición, para los próximos cinco meses contados desde el 1° de febrero, con una pauta de aumento mensual promedio de 3,2%. Con un alto incumplimiento de las patronales, la política oficial encubre la propia responsabilidad en la disparada de los precios, con tarifazos y aumentos en los combustibles que impactan sobre toda la cadena de valor.

La primera edición del programa “voluntario” alcanzó unas 482 empresas y alrededor de 49.832 productos, según la Secretaría de Comercio, e implica un “intento” del gobierno por disimular los aumentos en base a compromisos poco sólidos con las patronales de los principales rubros de consumo masivo.

Gran parte de las patronales se aviene al “acuerdo voluntario” para poder acceder a la autorización de dólares a precio oficial para importar insumos, pero luego incumplen los compromisos generando desabastecimiento y/o bajo stock de los productos seleccionados.

El gobierno empuja

A pesar de la propaganda oficial respecto al programa y su relanzamiento, el gobierno se encuentra entre los principales impulsores de la inflación, con tarifazos en los servicios de electricidad, agua y gas, aumentos en los combustibles y políticas de comercio internacional que favorecen el alza de los precios y la inflación.

Las consultoras privadas registran subas del 4,7% en los alimentos para el mes de enero (Focus Market) y del 6,6% en los alimentos frescos, según el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (Ceso). Se destacan saltos en frutas y verduras del 13,7% y en productos de consumo masivo que oscilarían entre el 9 y 29% mensual (Página 12, 2/2).

Los productores panaderos de la provincia de Buenos Aires adelantaron aumentos del 6% en productos panificados a partir del mes de febrero, lo que llevaría el precio sugerido del pan entre $460 y $480.

Entre las principales razones de la suba de este alimento de primera necesidad en la mesa de las familias obreras denuncian los aumentos en las tarifas de los principales servicios, que impactan en los costos de producción; aumentos en los combustibles, que golpean la logística y aumentos en la materia prima, en virtud de los precios internacionales y el negocio de los exportadores.

De esta manera no ha “Precios Justos” que valgan, cuando la propia política oficial es la liberación y aumento de todos los factores que contribuyen al aumento de la inflación. Cabe agregar los aumentos concedidos para las telecomunicaciones en los próximos meses y la cláusula gatillo de actualización para las prepagas de salud. En febrero se esperan aumentos en las tarifas de luz que oscilan entre el 14 y el 36%.

El gobierno busca encubrir su responsabilidad directa en el ataque a las condiciones de vida de la población trabajadora: mientras promueve los aumentos con su política apela a imponer un techo a las negociaciones salariales del 60%, lo que implicaría, de consumarse, más perdida en el poder adquisitivo de los trabajadores.

Además, desde el Ejecutivo nacional fomentan la devaluación del peso con la financiación de las corridas cambiarias y la emisión orientada a la usura de los banqueros que hacen negocios con altas tasas de intereses, lo que impacta negativamente en los bolsillos obreros.

La respuesta a la inflación debe partir de combinar una política obrera ante la crisis, con el control de toda la cadena de valor de los bienes de consumo masivo y servicios esenciales y dar marcha atrás a tarifazos y aumentazos promovidos por el gobierno y las patronales, por una parte, y una recomposición general de los salarios, con paritarias sin techo y un piso equivalente a la canasta familiar, por el otro.