La resolución oficial, sentada en el Decreto 2021/438, restringe el sistema de libre elección de obras sociales al fijar una permanencia obligatoria de un año al ingresar al puesto laboral y la posibilidad de traspaso por una única vez, y elimina la norma establecida en 1998. Viejo motivo de controversias, había sido un punto de discusión en reuniones y llamados entre Alberto Fernández y la dirigencia de la CGT los últimos meses.

El gesto sería parte de una lista de concesiones a la burocracia sindical cuando ingresamos de lleno en la campaña electoral, sobre asuntos presentados por la cúpula de la CGT en una última reunión en la Quinta de Olivos, entre los que se incluye el pago de $11.000 millones para las obras sociales -como compensatorio por los gastos en materia de educación y transporte en discapacidad. Estos rescates estatales a las mutuales sindicales confirma lo que denunciáramos dos décadas atrás, acerca de que la desregulación era la señal de largada para la privatización y el desguace del sistema de cobertura de salud de los trabajadores.

El vaciamiento del sistema de las obras sociales se consumó con la tercerización de las prestaciones médicas que brindan a los afiliados, de manera que estas se convirtieron en meras gestoras de las prepagas o clínicas privadas, en desmedro de la atención sanitaria. El principio de la “libre elección” fue la carta blanca para este desguace, conclusión del manejo a discreción de la burocracia sindical, y culminó en una ruina tal que depende ahora de los fondos que reciben a modo de “retribución” por parte de los Servicios de Superintendencia del Estado. Los giros de partidas estatales tienen, en última instancia, el sentido de mantener en pie un esquema que exime de la atención de millones de trabajadores al sistema de salud pública.

El punto es que la “libre elección” es un eufemismo. Un sistema que pretendía igualar en el acceso a la salud a los asalariados, independientemente de cuánto ganaban, fue convertido en un sistema del sálvese quien pueda, empezando por dejar afuera de la elección a contingente enteros de trabajadores que por sus bajos salarios no son admitidos en ninguna obra social o directamente no son atendidos, como es el caso de maestranza o de las trabajadoras de casas particulares.

A la CGT no le preocupa la salud de los trabajadores. Como los reintegros con fondos públicos no llegan a cubrir el déficit de las obras sociales, presuntamente de unos $1.500 millones mensuales por cumplir con la cobertura del Programa Médico de Obligatorio (PMO), buscan presionar por un pliego de reclamos histórico que incluye la restricción de las prestaciones establecidas en el PMO para ir a fondo con el recorte en sus obligaciones y la constitución de una Agencia de Evaluación Médica que los blinde ante los reclamos judiciales de los afiliados. De conjunto, entonces, los puntos exigidos por la burocracia son un ataque en regla a los trabajadores y su salud, en medio de una pandemia que ya se cobró casi 100 mil vidas. Esto, después de haberse beneficiado durante más 20 años con los negociados a partir de convenios y tercerizaciones.

Cotiza su colaboración crucial con el gobierno, que le permitió avanzar en el ajuste fiscal que exige el FMI, incluso al precio de haber quedado en off side frente a los trabajadores por firmar paritarias en línea con el tope del 29% que quedó consumido en un semestre. El fiasco fue tan grande que el propio Estado acordó con UPCN una “revisión” de la paritaria y adelantó el aumento de indigencia del salario mínimo a septiembre. Esto viene al caso además porque parte de lo que explica el vaciamiento es que los ingresos se van achicando junto con los salarios, mientras los servicios médicos aumentan año a año. La alta tasa de informalidad, la precarización laboral, el desempleo, la tercerización y los bonos “en negro” son políticas de Estado que terminan por destruir los aportes a las obras sociales, además de la evasión de las patronales.

El “cobro” de los sindicalistas con los fondos de las obras sociales se efectúa de cara a un proceso electoral cruzado por un creciente descontento de la población, que el oficialismo advierte en la caída de su imagen positiva en varias encuestas, especialmente en la provincia de Buenos Aires. Por eso detrás asoma el acuerdo por incorporar a candidatos gremiales a las listas.

La derecha de Juntos por el Cambio, por el contrario, se erige como vocera de las prepagas y las empresas de la medicina privada, defendiendo a ultranza la desregulación y la “libre elección” de las obras sociales. Es decir, sostienen el avance cada vez mayor de la tercerización y la privatización a costa de la salud de los afiliados, que a término lleva a la liquidación de todo el sistema de las mutuales sindicales.

La catástrofe sanitaria replantea más que nunca la recuperación de las obras sociales por los trabajadores, para terminar con el desguace y el vaciamiento orquestado por la burocracia y el Estado. Se plantea la pelea por la apertura de los libros y por directorios electos por los afiliados: la cobertura plena de un PMO universal e integral que se cubra con el aumento de los aportes patronales: el pase a planta de todos los precarizados con el mejor convenio de la actividad y el blanqueo de todas las sumas en negro, para recomponer los ingresos de las obras sociales. Ello, con la urgente triplicación del presupuesto de salud y reforzamiento del sistema sanitario bajo control de los trabajadores, para garantizar la mejor calidad de vida posible para la clase obrera. Es una lucha contra la política fondomonetarista del gobierno y la oposición, y por la expulsión de la burocracia de los sindicatos.