El gobierno se comprometió ante el Fondo Monetario Internacional a profundizar el ajuste sobre la obra pública. Dentro de las metas de reducción del déficit fiscal que impone el organismo financiero, la poda de este área encabeza las prioridades de cara al futuro, pasando del 2,2% del PBI al 1,8%. Una medida que agravará las tendencias recesivas y la primarización de la economía, la crisis habitacional, la falta de acceso a servicios básicos e incluso también la pobreza.

El recorte nominal de un 0,4% del PBI sobre la obra se traduce en aproximadamente $300 mil millones menos atendiendo a la proyección del 2022, según detalló Nicolás Pertierra, del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. Al margen de este recorte nominal tenemos el recorte por inflación, habiendo aumentado un 48,4% los materiales con respecto a mayo de 2021 según la Cámara Argentina de Construcción (CAC), lo que está a la vera de un salto cualitativo en medio de la corrida devaluatoria. Pero como si esto fuera poco, para “frutillita del postre” tenemos que en lo que va del año solo se ejecutó un 27% de lo previsto.

Esto va a agravar la tendencia a la recesión económica. En los hechos vamos hacia un recorte cuando hacen falta obras para mejorar la calidad de vida de la población y para desarrollar la infraestructura productiva, lo cual impulsa a ramas enteras de la economía. En la obra pública trabajan 470.000 personas a lo largo y ancho del país, según precisó Gustavo Weiss, presidente de la CAC, y son puestos de trabajo que ahora están en riesgo. En definitiva, el gobierno echa más leña al fuego de la desocupación y actúa en forma simétrica a los capitalistas que mantienen la huelga generalizada de inversiones.

A su vez, cabe subrayar que este ajuste se dará “en compensación” de la batería de subsidios millonarios que el gobierno le eroga a los pulpos energéticos, que aparecieron como una de las principales causas de que el rojo fiscal haya crecido en lugar de reducirse como lo suponía el pacto con el Fondo. La aprobación del organismo a este horizonte termina por demostrar la naturaleza misma de todo el programa económico, que ataca fuentes laborales y áreas como la obra pública, necesaria para desarrollar al país, en función de no trastocar los beneficios de un puñado de grupos capitalistas y cumplir los compromisos sellados con el capital financiero internacional.

Ante este cuadro, y según lo detallado en el último informe del Indec de las condiciones habitacionales de la población, 1.6 millones de personas habitan cerca de basurales y 2.3 millones viven en zonas “inundables”. El 48,6% de la población no accede a alguno de los que el relevamiento considera los tres servicios públicos: un 12,4% no tiene agua corriente, un 33,9% no tiene gas de red y un 29% no tiene cloacas. Un 4,7% vive en estado de hacinamiento crítico. En Argentina hace falta hacer de todo.

Es imperiosa la necesidad de romper el pacto con el Fondo, que por todas las vías nos conduce a la miseria, el desempleo, el dislocamiento, la recesión y la primarización económica. Tenemos que oponerle un programa de transformación social profunda que reinvierta la riqueza que hoy se fuga del país en un verdadero plan de obras públicas que apuntale su desarrollo y genere miles (o millones) de puestos de empleo. Es el planteo que le hizo ya hace meses la Unidad Piquetera al ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, para crear trabajo genuino ante el cuadro de crisis social que predomina. Esta ofensiva termina por dilucidar con nombre y apellido a los responsables del desempleo y el atraso de la Argentina.

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