El pasado 17 de abril, mediante un comunicado del Ministerio de Desarrollo Productivo encabezado por Matías Kulfas, se dio a conocer la firma de un convenio con la fintech Ualá para ofrecer líneas de crédito oficiales con tasas subsidiadas a las Pymes.

Este acuerdo que habilita a Ualá a administrar fondos productivos del Estado llamó la atención en primera instancia, ya que incumple la ley de entidades financieras. Cabe destacar que la billetera virtual Ualá no tiene el mismo sistema de encajes que un banco tradicional, por lo cual no esta obligada a invertir un porcentaje de pasivos en títulos de deuda o Leliqs. En este mismo sentido se dio a conocer que se destinarán $1.000 millones a través de un fondeo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (Fondep). Dato no menor es el elevado porcentaje de mora que manejan este tipo de entidades, ya que los requisitos para acceder a una línea de crédito son mínimos, pero con intereses más que usurarios.

Independiente de los vericuetos legales y económicos, el eje más llamativo de dicho acuerdo es que Ualá tiene a sus trabajadores tercerizados y fuera del convenio bancario. Si bien el Estado es un mayúsculo contratante de tercerizados, acordar con este tipo de empresas es un guiño a este tipo de prácticas mientras la reforma laboral empuja la puerta. Esta última, que viene de la mano del acuerdo con el FMI, está planteada para aplicarse convenio por convenio.

En este caso, nuestro gremio viene siendo golpeado con despidos, cierres de sucursales, de sectores y la modalidad de contratación fuera de convenio o bajo convenio de Comercio, realizando las mismas tareas que un trabajador bancario. No hace falta mirar únicamente a las Fintech: el caso mas palpable es el de Provincia Net, trabajadores del call center del Banco Provincia que hace años luchan por su correcto encuadramiento.

Desde Tribuna Bancaria reclamamos el pase a planta de todos los tercerizados de nuestro gremio y el encuadre de los trabajadores que trabajan en las billeteras virtuales. Consideramos a su vez que la inclusión financiera tiene que ser un tema real y debe ser tomado por el Estado como tal a través de los bancos públicos.

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