El medio Ámbito divulgó el texto completo del nuevo proyecto de Ley Ómnibus del gobierno nacional para enviar al Congreso de la Nación, como parte das tratativas del Pacto de Mayo con los gobernadores. Con la reforma fiscal afuera, el gobierno pretende avanzar con mayor desregulación económica, privatizaciones, consagrar el ajuste a las jubilaciones y ofrecer beneficios extraordinarios para las patronales negreras.

El texto sale a la luz a menos de un día del golpe sufrido por el gobierno con el rechazo del DNU en el Senado, y en el marco de las reuniones del gobierno con los gobernadores para pactar las reformas antiobreras. En este marco, el nuevo proyecto no incorpora las medidas fiscales cuestionadas por los gobernadores, en defensa de los intereses de las patronales y capitalistas regionales.

Tampoco se integra el Impuesto a las Ganancias, el cual correrá por un proyecto paralelo buscado ampliar el horizonte de trabajadores afectados a casi un millón y medio de asalariados. Los “liberales” de La Libertad Avanza gravan a los trabajadores para pagar el ajuste, y preservan a los capitalistas y sus intereses. Ganancia es la ofrenda del gobierno para que los gobernadores apoyen la Ley Ómnibus y se avengan al Pacto de Mayo, lo que demuestra que estos no son ninguna alternativa al ajuste en marcha.

Entre las 177 páginas y 269 artículos del proyecto, el gobierno plantea la privatización directa de tres empresas del Estado (Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SA) y la privatización/concesión de otras nueve (Agua y saneamientos argentinos SA, Correo oficial de la república argentina SA, Belgrano cargas y logística SA, Sociedad operadora ferroviaria SE (sofse), corredores viales SA, Ycrt, Nucleoeléctrica argentina SA, Banco de la Nación argentina, empresa argentina de soluciones satelitales SA).

En materia jubilatoria, Milei pretende avanzar con una nueva fórmula de actualización de los haberes de forma mensual según la inflación publicada por el indec dos meses atrás, aplicable desde abril del 2024, con un 10% adicional –por única vez- en concepto de “recomposición” jubilatoria. Por esta vía busca cristalizar el ajuste precedente, condenando para siempre a los jubilados de la mínima a ingresos de indigencia.

El proyecto oficial también insiste sobre la consolidación de la deuda intraestatal, pasando al Tesoro los 37.000 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, culminando uno de los mayores robos a los jubilados.

También se establece un mecanismo de “blanqueo laboral” con beneficios extraordinarios para las patronales negreras, las cuales se eximirían del pago de multas, sanciones y penalidades, mientras que al trabajador afectado se le reconocen derechos limitados (hasta 60 meses de aportes al valor del salario mínimo).

En materia de desregulación el Estado se faculta al Ejecutivo para modificar (reorganizar, fusionar, transformar, disolver parcial o totalmente) órganos y entidades creadas por ley, tanto de la administración central como descentralizadas, excluyendo universidades, Conicet e Inta, las cuales a su vez son afectadas por los recortes presupuestarios, cesantías y despidos.

Respecto a la desregulación económica se habilita al gobierno a la disolución de los Fondos Fiduciarios y el envío de los fondos comprometidos al Tesoro. Entre estos se encuentran aquellos que financias las becas Progresar, los créditos de vivienda Procrear, el consumo de garrafas de gas para los sectores más vulnerables, fondos para paliar los incendios forestales y para la protección e bosques nativos, asistencia a víctimas de violencia de género, etc.

El proyecto de ley preserva el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi) del proyecto originario, con beneficios y garantías para los grandes capitalistas (exenciones impositivas, incentivos a la inversión, facilidades para la exportación, etc.). Un régimen a la medida de Techint y las grandes patronales.

La nueva (vieja) Ley Ómnibus de Milei vuelve a la carga con parte del paquete de medidas antiobreras del gobierno, para golpear en particular a jubilados y trabajadores, ampliar el ajuste sobre el gasto público y ofrecer garantías a los capitalistas: un proyecto menos ambicioso que el anterior, pero acompañado de presentaciones paralelas para reconstruir el “espíritu” ajustador del proyecto originario, comprando el apoyo de los gobernadores con impuestos que afectan exclusivamente a los trabajadores.

Un proyecto que tendrá que transitar aún la crisis política y vérselas con la movilización popular de los trabajadores, jubilados y las asambleas barriales.

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