El diputado nacional del Frente de Todos y dirigente sindical de La Bancaria, Sergio Palazzo, presentó la incorporación de un artículo al Proyecto de Presupuesto 2023 que establece la extensión del pago del 15%, destinado al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), para el caso de los planes de salud “superadores” que brinda la medicina prepaga. La medida busca hacer parte a la burocracia del control  de parte de ese “excedente” económico y/o retener aportes y afiliados, sin mejorar la atención de las obras sociales.

Lo que plantea la medida es ampliar el FSR –desde donde se financian los reintegros a las obras sociales por los tratamientos de alta complejidad y elevado costo- con recursos provenientes de los planes “complementarios” que ofrecen las empresas privadas, a los cuales muchos trabajadores se ven obligados acceder para contar con una cobertura médica integral.

La iniciativa sería respaldada por parte significativa de la CGT y por el oficialismo y es rechazada por la oposición de Juntos por el Cambio y las patronales de la medicina prepaga, las cuales agregarían un “costo” adicional a un servicio que ya se presenta como muy oneroso.

Aunque el articulado no lo propone en estos términos, está claro que la incorporación de una modificación de este tipo implicaría el traslado de ese 15% a los trabajadores, quienes optan por una prepaga debido a los inconvenientes en la atención y la cobertura de las prestaciones de las obras sociales, vaciadas por las direcciones sindicales burocráticas.

La medida puede ser entendida también como un intento de la burocracia sindical de bloquear la fuga de aportes de las obras sociales por medio de la desregulación de aportes, donde el beneficiario puede optar por derivar sus aportes (y los patronales) a una cobertura privada.

Las obras sociales y prepagas, actualmente, derivan el 15% de los aportes establecidos por ley al financiamiento del  FSR, dinero que es gestionado por el gobierno a través de la Superintendencia de Servicios de Salud y que es motivo de recurrentes reclamos de la burocracia sindical ante el Estado, y una palanca para la cooptación y control del Estado de los sindicatos.

El planteo de la burocracia sindical y del gobierno es incorrecto ya que supone reconocer la existencia de una subclasificación entre “cobertura de primera” y “cobertura de segunda”.

Además, las intenciones del oficialismo no son claras, ya que como ha sido práctica frecuente no existe ninguna garantía respecto a que los fondos adicionales sean destinados para mejorar la cobertura médica de los trabajadores, y no para hacer caja para el pago al FMI y otros propósitos.

El gobierno no ataca el negocio de la medicina privada, la cual es beneficiada con aumentos sistemáticos que superan la inflación, sino que busca cómo asociarse a lo que, de por sí, no corresponde. La burocracia se prende para negociar las migajas. Por otra parte, las prepagas también son beneficiarias de exenciones del 75% en los aportes patronales, desfinanciando el sistema previsional.

Lo correcto sería eliminar la distinción entre distintos tipos de cobertura según la capacidad económica y materiales de los trabajadores, con una cobertura médica única integral que no requiera adicionales ni copagos. La gestión de los recursos del Fondo Solidario de Redistribución en manos de las obras sociales. Y el control de las obras sociales por sus trabajadores por medio de la elección directa y revocabilidad de los cargos.