Con los anuncios de la conformación de la Comisión Investigadora, la notificación de una expropiación de entre 15 a 40 hectáreas en Ledesma y el Plan “Lote para todos”, el gobierno intenta sofocar los conflictos desatados por la crisis de vivienda en la provincia.

En la semana siguiente a los sucesos de Libertador, “llovieron” los anuncios. Barrionuevo-Fellner resolvieron la expropiación de tierras en Ledesma, aprobada en la Legislatura en un acuerdo con la oposición de la UCR y el PJ disidente, junto a la conformación de la comisión investigadora de los hechos represivos. A esto, se sumó el aviso del diputado nacional y ex intendente Llanos de que habría financiamiento nacional para la construcción de 100 viviendas y un loteo gradual de terrenos para 700 familias en Ledesma. En respuesta a la explosión de ocupaciones y tomas de tierras en distintos puntos de la provincia, Barrionuevo anunció un plan de entrega de lotes a través de un proyecto de ley de expropiación de tierras -que la Legislatura no aprobó ante la falta de quórum de la oposición. Muy pronto, quedó de manifiesto que el vendaval de anuncios no tenía otro propósito que frenar la expansión del movimiento de lucha, sin resolver la crisis y el reclamo por viviendas.

En el marco de un proceso de tomas que ya abarcan a 3000 familias en Ledesma, los proyectos de expropiación de Barrionuevo están muy lejos de satisfacer la demanda de los sin techo. Por otra parte, las ‘expropiaciones’ contemplan jugosos resarcimientos a los Blaquier.

Más grave aún es la situación de las miles de familias que ocupan viviendas y tierras en Fraile, San Pedro, Santa Clara, Perico, Puesto Viejo, Palpalá y San Salvador, entre otras localidades. Para ellos, el gobierno lanzó un “plan de lotes” sometido al filtro de municipios y consejos consultivos, emplazando a los ocupantes a cesar con las tomas bajo la amenaza de excluirlos de toda ayuda estatal. El amedrentamiento es acompañado con visitas de funcionarios acompañados de Milagro Sala y su guardia de hierro. Según sus propios dichos, prometen a los ocupantes que construirán viviendas “a 50 pesos la cuota”. Y si no abandonan la toma, les aseguran que vendrán con “su gente para garantizar la paz”(los jujeños conocedores de La Tupac Amaru ya saben a qué se refieren).

Finalmente, el proyecto de ley con el plan de “lotes para el que lo necesite”, declarando sujetos a expropiación a terrenos privados o públicos, no se aprobó por la deserción de la UCR y el PJ disidente, que los oficialistas descontaban. Ahora, el proyecto de ley sería reemplazado por un decreto de loteo de tierras fiscales en suburbios, lejos de los centros urbanos y laborales y completamente insuficientes. En definitiva, el bipartidismo no le toca un pelo a los acaparadores de tierras, que hacinan a la población y hasta matan para defender sus intereses. Más aún: el decreto de Barrionuevo los respeta, al dejar intactas sus gigantescas extensiones de tierra.

Todas estas maniobras chocan con la desconfianza popular. En todas las localidades donde persisten núcleos de tomas de tierras, existe un claro repudio a los punteros del gobierno. Ello es más intenso en San Salvador, donde nadie quiere ser rehén e inquilino de las viviendas de Milagro, y donde las tomas tienen como eje de organización a las asambleas y la elección de delegados.

Por otra parte, la comisión investigadora se desarmó antes de que empezara a funcionar. Con la UCR en la presidencia, no citaron ni al gobernador ni a Blaquier. Más aún, sentaron en el banquillo a las víctimas y a la CCC. Para asombro de muchos, el juez que dio la orden de reprimir está a cargo de la causa, cuya carátula pone a las víctimas de victimarios. En esa causa, el mismo Estado que ha comandado la represión se presentó… ¡como querellante! contra los ocupantes de tierras.

La crisis habitacional estalló por el acaparamiento de tierras por parte de los pulpos agroindustriales y las mineras, sumado al manejo discrecional de las tierras fiscales, al negocio inmobiliario y al curro de las cooperativas de Milagro, que entró en crisis después del escándalo Shoklender.

En oposición a esta conspiración contra los trabajadores y sus reclamos, planteamos: 1) juicio y castigo a los responsables materiales y políticos de la represión en Ledesma; 2) expropiación parcial de tierras habitables y linderas a los centros urbanos y laborales; 3) Plan de viviendas a cargo del Estado, con ejecución y adjudicación bajo control de trabajadores y vecinos sin techo.