El supuesto avance de la investigación del asesinato de Cabezas convence cada vez a menos gente.

La montaña de contradicciones de las declaraciones de los acusados; la falta de pruebas materiales; la aparición de pistas falsas múltiples; el ‘armado’ de confesiones contradictorias por parte de los abogados que negociaron personalmente con Duhalde la entrega de sus defendidos, la conmutación de sus penas y el tenor de sus declaraciones (Noticias, 26/4); la transformación de Redruello, "antiguo testigo estrella de Duhalde" (Página 12, 29/4) en acusado; las negociaciones en curso entre el gobierno provincial y el detenido Prellezo (Página 12, 18/4); todo esto, que es el resultado de la intervención de Duhalde en la investigación, muestra más una política de encubrimiento que de esclarecimiento.

La banda de Los Hornos

Duhalde ‘descubrió’ a los rateros de la banda de Los Hornos cuando nadie hablaba de ellos. Varias semanas después, sin embargo, no hay más pruebas contra ellos que sus propias declaraciones. Negoció con ellos las condiciones de su detención, sus ‘confesiones’ y la conmutación de sus penas. Permitió a sus abogados leer el expediente judicial antes de las detenciones, con el objeto de ‘armar’ convenientemente sus declaraciones.

¿Por qué la banda de Los Hornos acepta auto-incriminarse cuando nada la comprometía?. "Es un secreto a voces que les habrían ofrecido una importante suma de dinero —se habla de 200.000 dólares— para que se hagan cargo de su participación en el crimen (...). Ese dinero habría sido aportado por un caudillo político de la provincia de Buenos Aires que, desde que apareció el cadáver carbonizado de Cabezas (...) se mostró ante la opinión pública como el personaje más afectado por el asesinato y, a la vez, como el más interesado en esclarecerlo, tanto es así que no reparó en ofrecer recompensas" (La Nación, 3/5). La descripción de Duhalde no puede ser más directa.

Los acusados declararon ante la policía —que responde a Duhalde– cosas que luego no repitieron ante el juez; se contradijeron entre sí y sólo coincidieron en acusar a Prellezo. Pero éste "fue el más favorecido (por estas declaraciones) porque, salvo los dichos de estos cuatro asaltantes (...) no hay nada que lo vincule al crimen. Esto podría alcanzar para una prisión preventiva, pero no para una condena" (ídem).

Prellezo

En cuanto a Prellezo, sostiene una activa negociación con el gobierno provincial, que comenzó aun antes de su detención. Prellezo habría consentido en entregarse si se garantizaba la libertad de su esposa, también policía e implicada clave en el caso (un mes antes del asesinato, la esposa de Prellezo había solicitado los antecedentes de Cabezas, dejando en evidencia la metódica preparación del crimen). Detenido Prellezo, la negociación se circunscribe a una eventual conmutación de penas a cambio de información acerca del ‘autor intelectual’ del crimen (ídem).

Prellezo declaró ante la policía, pero se niega a hacerlo frente al juez. Duhalde conoce las declaraciones de Prellezo a la policía y sabe también que "quizás el reo no diga ante el juez todo lo que sabe, pero eso no estaría tan mal si, al mismo tiempo, Prellezo dice todo lo que sabe a los pesquisas que informan al gobernador. Una forma de conservar el control político de la investigación" (Página 12, 18/4). En este punto, la actuación de Duhalde sólo puede ser tipificada como "obstrucción de justicia". Esto porque "maneja otros datos que no se volcaron en la causa. Como la declaración informal de Prellezo (en la cual) por una cosa u otra, está involucrada la cúpula de toda la policía de la costa", aunque "Duhalde ya sabe que (Prellezo) no involucrará en el crimen a ningún otro policía"… (ídem).

En resumen, Duhalde no sólo dirige a la policía, sino también a los fiscales, a los abogados defensores de los acusados y recibe declaraciones. Ha montado un proceso extrajudicial, en el cual es investigador, fiscal, juez y benefactor de los acusados.

Como consecuencia de esta manipulación política, tenemos un resultado a primera vista sorprendente: todos confiesan pero nadie podría ser condenado porque no existen pruebas materiales. Y si existen, están bien guardadas en manos de la policía, es decir, de Duhalde.

La cúpula policial y sus conexiones

Es muy probable que Prellezo y sus cómplices estén efectivamente vinculados al asesinato de Cabezas. Pero de lo que no hay dudas es que Prellezo —para no hablar de los rateros de Los Hornos— son apenas los ‘perejiles’. Es que sólo "de comisarios para arriba" se pueden establecer ‘zonas liberadas’ como la que rigió en Pinamar para permitir el asesinato de Cabezas, o montar una banda como la que coordinaba Prellezo.

Otra evidencia de cómo Duhalde manipula la investigación y ‘orienta’ la justicia es su afirmación de que el crimen no tuvo móviles políticos. Esto, cuando menos, es otra"obstrucción a la justicia"; es sabido que los acusados eran ‘tropa’ de un conspicuo senador provincial del PJ; que declararon que Prellezo les dijo que trabajaba para"el candidato", y que el comisario de Pinamar, Alberto Gómez, jefe de Prellezo y sospechoso de ser uno de los jefes de la ‘banda de la costa’, tenía una estrecha relación política con el intendente de Pinamar.

Los ‘pepitos’

Una manipulación política está dejando al descubierto otra: la que llevó a los ‘pepitos’ tras las rejas. Su acusador, Carlos Redruello, "fue inventado por Fogelman (el policía a cargo de la investigación) para concretar un ‘esclarecimiento trucho’. El montó toda la operación y se falsificaron las pericias que apuntan al arma de Martínez Maidana (o) se trasladó el arma para echarle la culpa a los pepitos (…). Fogelman es de Bahía Blanca, cerca de la cárcel de Punta Alta donde estaba detenido Redruello, la testigo Diana (caída en desgracia en los últimos días) es del mismo origen y Redruello fue dejado en libertad por una jueza que es familiar de Diana (…). Este operativo requirió cierto poder (…) quien está detrás necesariamente es un uniformado de alta graduación" (Página 12, 20/4). Pero en el fracasado intento de montar un ‘esclarecimiento trucho’, detrás de Fogelman, está Duhalde, "que en persona fue al comienzo del caso un férreo defensor de la legitimidad del testigo falso Redruello" (Página 12, 29/4).

Un aspecto decisivo del ‘control político’ de la investigación es, por lo tanto, encubrir el ‘esclarecimiento trucho’ que intentaron montar Duhalde-Fogelman. Por este motivo, aunque los ‘prellezos’ hayan confesado, el ‘pepito’ Martínez Maidana sigue preso acusado de ser el dueño del arma usada en el asesinato. Pero "no hay forma hasta el momento de relacionar" el arma secuestrada en la casa de Martínez Maidana con la banda de Prellezo. Por eso cayó preso Redruello, acusado de ‘plantar’ el arma en la casa del ‘pepito’. Pero si Redruello la plantó, ¿por qué Martínez Maidana la reconoce como propia? Toda la manipulación pende de un hilo, porque"derrumbar los peritajes balísticos (usados para incriminar a los ‘pepitos’) abriría una Caja de Pandora. Si caen las pericias balísticas, caen el juez, los fiscales, los peritos de la Policía bonaerense, los peritos de la Corte Suprema de la provincia, los policías involucrados en el manejo de las pruebas y quién sabe quién más" (La Nación, 17/4).

Sin pruebas materiales, con declaraciones judiciales contradictorias y mutiladas, con Prellezo en silencio, el juicio oral y público tendrá lugar recién dentro de dos o tres años. "Entonces (Prellezo) podrá nombrar como autor intelectual a algún comisario o empresario que haya fallecido recientemente por causas naturales y recibir como premio una reducción de penas" (La Nación, 23/4). Los cómplices de Prellezo ya se han asegurado la conmutación negociada con Duhalde … pero quizás "para calmar la sed de justicia, por qué no cadena perpetua para Braga y sus secuaces, los villeros ladrones de casas … Lo demás se puede arreglar con algunas condenas por encubrimiento, participación o enriquecimiento ilícito" (ídem).

Todo esto confirma que nos encontramos ante un auténtico montaje político, ante el cual la oposición frepaso-radical ha quedado completamente paralizada. Ni unos ni otros han sido capaces de denunciar lo que salta a la vista: la manipulación política de la investigación y la obstrucción de la justicia por parte del gobierno provincial.

Que todo este montaje se encamina a la impunidad del aparato represivo lo confirma otro hecho: Duhalde acaba de desplazar de la Secretaría de Seguridad provincial a Eduardo de Lázzari, encargado de la ‘reestructuración policial’ que significó la baja de Klodczyc y la expulsión de muchos otros jefes policiales. El significado de esta destitución es claro: ‘la reestructuración’ se terminó, lo que fue "recibido por buena parte de la Policía, incluido el sector que investiga el asesinato de Cabezas, como una señal de tregua" (Clarín, 2/5).

Duhalde y la Amia

La manipulación política de la investigación del asesinato de Cabezas tiene un alcance mayor que calmar, en las vísperas de las elecciones, el reclamo popular de esclarecimiento. Ocurre que uno de los aspectos más explosivos del caso es el que lo vincula con la voladura de la Amia. El hilo conductor que lleva de la Amia a Cabezas es nada menos que Pedro Klodczyc, designado por Duhalde jefe de la policía provincial, por ese entonces ‘la mejor del mundo’.

En el caso de la Amia está probada la participación de doce policías bonaerenses en la entrega de la camioneta que fue utilizada para el atentado. El más encumbrado de los detenidos, el comisario Ribelli, era un ‘protegido’ de Klodczyc, al igual que Alberto Gómez y Salvá, los policías de Pinamar, superiores de Prellezo, conocidos como los ‘patrones de la costa’.

El jefe político de Klodczyc, el secretario general de la gobernación bonaerense, Alberto Piotti, fue acusado por el detenido Telleldín de haberle ofrecido dinero para que no diera los nombres de los policías a los cuales les había entregado la camioneta. La denuncia tomó estado público con la difusión del famoso video grabado por el juez Galeano. Sin embargo, ni cuando recibió la denuncia de Telleldín ni cuando ésta tomó estado público, Piotti fue citado a declarar en la causa de la Amia.

A diferencia de los innumerables casos de ‘gatillo fácil’, contrabando, robos y narcotráfico que Duhalde encubrió por años, detrás del caso de la Amia están el Estado de Israel y Estados Unidos. En consecuencia, la perspectiva de un choque abierto con el imperialismo norteamericano alrededor de la complicidad del gobierno provincial con los policías que volaron la Amia llevó a Duhalde a abandonar su política tradicional de encubrimiento de los crímenes policiales.

Klodczyc ya ha ‘caído’. Debió dejar la jefatura y resignarse a ver cómo se desarmaban los ‘negocios’ de sus ‘protegidos’. Al mismo tiempo, corren los rumores de que Piotti sería reemplazado por el senador Carlos Martínez, el mismo que le entregó a Duhalde a los miembros de la banda de rateros de Los Hornos.

El ‘esclarecimiento’ del caso Cabezas –y la depuración del ‘clan’ de Klodczyc– revelan la preocupación de Duhalde por ‘despegarse’ de las responsabilidades de la policía bonaerense en la voladura de la Amia.

‘Investigación’  y ley terrorista

En la ‘investigación’ por el asesinato de José Luis Cabezas que está llevando adelante Duhalde, han comenzado a florecer los ‘arrepentidos’, los ‘testigos encubiertos’y los agentes ‘infiltrados’. Mediante el manejo de todos estos títeres policiales, de las ‘pruebas’ que proveen y de la manipulación de sus declaraciones, Duhalde ha logrado mantener el monopolio político de la investigación. En otras palabras, por estos medios Duhalde ha logrado sustraer la investigación del ámbito de la justicia, que debe ‘contentarse’ con lo que el gobernador decide dejarle saber.

Aunque la conducta de Duhalde es manifiestamente ilegal, no lo será en el futuro. Esto porque la ‘ley anti-terrorista’ que está a discusión en el Congreso aprueba los mecanismos que Duhalde ya está utilizando en su ‘investigación’: los ‘arrepentidos’, los ‘testigos encubiertos’ y los agentes ‘infiltrados’.

Mediante estos métodos conspirativos, el Poder Ejecutivo reemplazará a la Justicia, proveyéndola de las ‘pruebas’ y de los ‘culpables’ necesarios.

Está claro que quien tiene semejante poder, no se limitará a ‘buscar’ las ‘pruebas’ cuando puede simplemente ‘fabricarlas’ por medio de los agentes ‘infiltrados’. Estamos, por lo tanto, en presencia de la legalización parlamentaria de la provocación policial.