El déficit de la ciudad de Buenos Aires ascendía a fines del año pasado a la cifra de 1.000 millones de dólares, como consecuencia de los diferentes desfalcos que se perpetraron y se continuarán perpetrando con los contratos con los servicios privatizados o concesionados de la comuna.

Nadie sabe los términos en que el intendente Bouer está renegociando los contratos, ni los “arreglos” extrajudiciales que se habrían alcanzado con los Macri, Roggio y Cía. Un sospechoso incendio en el despacho del Intendente y en la Secretaría de Asuntos Legales habría borrado gran parte de los documentos que inculpan a Grosso en estos negociados.

Para hacer frente a este déficit, el gobierno menemista viene intentando a toda costa aumentar los impuestos, fuera del enorme recorte de gastos sociales, en particular para salud y educación, y el despido de miles de trabajadores.

El nuevo “Pacto Fiscal” autoriza a elevar la valuación fiscal de las propiedades del 65 al 80%, sin necesidad de que sea refrendado por el Concejo Deliberante. Esto, sumado a otras maniobras, amenaza con elevar los impuestos y tasas en el orden del 100 al 500%.

Frente a esta amenaza, la UCR ha declarado que hará “un exhaustivo seguimiento del sistema tributario municipal” (La Nación, 19/8). Para la UCR, la forma de afrontar el déficit provocado por los ruinosos contratos de concesión, es “encarando la única solución cierta, la emisión de bonos de consolidación de deuda a largo plazo”, por parte del gobierno nacional. Esto significa que avala la deuda usurera de los Macri y propone endeudar al conjunto del pueblo para pagarla.

Tampoco Rico o el Frente Grande plantean el desconocimiento de los contratos fraudulentos, haciéndose cómplices del saqueo a los vecinos.