23/03/2011 | 1169

El impuesto al salario del kirchnerismo

Si se aplicaran los índices del Indec 2001/2010 al mínimo no imponible de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias -rubro asalariados- para un soltero, el mínimo debería estar en 7.330 pesos y las escalas ascendentes deberían ser cinco veces más amplias. Con la desactualización inflacionaria, la tablita vigente resulta demoledora. Obviamente, si se aplicaran los índices reales de inflación, el mínimo no imponible para solteros superaría los 10.000 pesos. El piso actual de 4.800 pesos para solteros -cuando una canasta familiar modestamente calculada está en 5.700 pesos- habla a las claras del carácter abiertamente confiscatorio del salario que tiene este mentiroso «impuesto a las ganancias», hoy transformado en un impuesto al salario.

El impuesto abarca hoy a 1,5 millones de trabajadores y, de no actualizarse, luego de paritarias sólo en marzo quedarían afectados unos 250 mil más -cifra que, con el correr del año y la llegada de las cuotas previstas habitualmente en los convenios, iría aumentando. La situación no es novedosa, se sucede año a año, pero de suerte de tal que cuando el gobierno actualiza los montos, lo hace insuficientemente y sube el «piso» histórico de trabajadores aportantes.

El hecho de que la Presidenta no haya anunciado la actualización de los mínimos en su discurso presidencial y esté estirando la definición de una actualización a dos años desde la última vez es indicativo de que se trata de una pieza en la política de «redistribución de la riqueza» kirchnerista, en este caso desde los asalariados hacia el presupuesto público que, como todos sabemos, está crecientemente afectado por el pago de los servicios y de capital de la deuda pública y por los subsidios a los distintos grupos capitalistas.

La creación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias tuvo por origen gravar ganancias empresarias disimuladas en sueldos ejecutivos de los propios accionistas que, de ese modo, reparten ganancias descargándolas como gastos en sueldos, que en la actualidad rondan los 40 mil pesos. La categoría no corre para los jueces quienes de este modo han gambeteado el carácter abiertamente anticonstitucional que tiene la aplicación que hoy se le da a la cuarta categoría, porque se ha implantado un impuesto cuya tasa aumenta sin que pase por el Congreso, con el simple expediente de la inflación y de la no actualización de sus pisos.

De manera que el kirchnerismo no ha creado este impuesto, pero ha hecho la proeza de transformar un impuesto a las ganancias en un impuesto al salario -operación retrógrada si las hay. El fiscalismo «nestoriano» no reparó en los desastres que esto ha generado justamente en la querida Patagonia de los pingüinos, porque la categoría no tiene «zona desfavorable», por lo cual rebana porciones todavía mayores de salarios engordados debido a un costo de vida enormemente elevado.

El punto ha sido tomado por las cuatro centrales obreras, es decir por todas las fracciones de la burocracia sindical. Claro está, el colmo de la situación se ha dado entre los docentes, un 30% de ellos afectados por tres situaciones: los salarios de los cargos jerárquicos de la carrera, los doble turnos inhumanos a los que se ven obligados a trabajar y los salarios de Santa Cruz y Tierra del Fuego -todo esto a pesar de que el básico conformado por Yasky y compañía se ha «elevado» para todo 2011 a 2.400 pesos. Ciertos gremios como químicos, petroleros o aeronáuticos prefieren un aumento menor para estas paritarias, a cambio de un aumento considerable en el piso de ganancias, una distorsión absurda, al igual que la que sufren los obreros automotrices que realizan horas extras o los gráficos de plantas con fuerte organización sindical. Miles de millones se han recaudado en estos ocho años por esta vía, mientras sólo de exenciones impositivas a las patronales hay más de 50 mil millones anuales.

Desde luego, las centrales deberían estar enarbolando un piso salarial equivalente a la canasta familiar y no limitarse a una reivindicación que apenas preserva las descomunales diferencias salariales interiores de la clase obrera argentina, cuyo promedio general apenas supera los 3 mil pesos. A partir de ello, la anulación de la cuarta categoría y la eliminación de todo tope a las asignaciones familiares tienen que formar parte de un paquete integral en las paritarias.

Por la anulación del impuesto al salario. Ningún tope en asignaciones familiares. Por un salario mínimo equivalente a la canasta familiar.

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