Políticas
16/10/2025
El Indec sincera que subestima la inflación: en 2026 se actualiza la fórmula del IPC
Sostienen hasta fin de año una fórmula que subestima el peso de alquileres y tarifas, que es lo que más aumenta.
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Inflación.
El mismo día en que el Indec confirmó un repunte del alza de precios a pesar de la parálisis económica inducida por el gobierno, anunció que desde enero de 2026 comenzará a aplicarse una nueva fórmula para medir la inflación. La novedad es que esa fórmula no es nueva: estaba lista hace más de un año, pero el gobierno decidió postergar su implementación para poder mostrar como “éxito” lo que en realidad fue un congelamiento estadístico.
El nuevo índice de precios al consumidor (IPC) actualizará las ponderaciones de la canasta según la Encuesta de Gastos de los Hogares 2017-2018, que reemplaza a la de 2004. Es decir, la base técnica y los datos ya existían: el cálculo estaba hecho, el índice listo y su aplicación solo dependía de una decisión política. Esa decisión fue demorarla, para venderle a la población el relato de que se había “domado la inflación”, cuando en realidad se trataba de un maquillaje temporal a costa de paralizar la economía, las tarifas, el dólar y los salarios.
La canasta vigente —que define cuánto pesa cada rubro en el cálculo del IPC— le asigna un 26,9% a los alimentos y bebidas no alcohólicas, pero ese peso caerá al 22,7% con la nueva metodología. En cambio, el gasto en vivienda, electricidad, gas y otros combustibles subirá del 9,4% al 14,5%. También aumentan transporte (de 11% a 14,3%) y comunicación (de 2,8% a 5,1%). En los hechos, esto refleja que una porción creciente del salario se destina a pagar alquileres, tarifas y servicios, es decir, gastos inelásticos que no pueden recortarse aun cuando el consumo de alimentos se derrumba.
El subítem de “electricidad, gas y otros combustibles” —que forma parte del rubro de vivienda— es uno de los que más presión ejerció sobre el costo de vida real. Los aumentos de tarifas se movieron en línea con el dólar y fueron apenas contenidos por congelamientos parciales, que no evitaron el deterioro del poder adquisitivo. A pesar de esto, su impacto estuvo subrepresentado en el IPC actual, por el simple hecho de que la fórmula usada es de 2004, cuando los servicios públicos pesaban mucho menos en el gasto de los hogares. Recién ahora, con la actualización metodológica, ese peso se ajustará a la realidad.
El último informe del Indec confirma la tendencia: el rubro “alquiler de vivienda” fue el que más subió en el índice general, con aumentos anuales que van del 56% en el Gran Buenos Aires al 100% en la Patagonia. Lo mismo ocurre con los servicios de electricidad y gas, que se mueven automáticamente con el dólar y cuyos aumentos fueron apenas disimulados por los congelamientos parciales. En conjunto, estos rubros explican el deterioro brutal de las condiciones de vida de los trabajadores, cuya canasta real de gastos se disparó mientras los ingresos quedaron planchados.
La supuesta “baja” de la inflación no expresa una mejora económica sino una distorsión estadística. Los precios de lo que la población ya no puede comprar suben menos, mientras los costos de lo que no se puede dejar de pagar —alquiler, luz, gas, transporte— siguen escalando sin freno. Así, el gobierno exhibe un número de inflación más bajo a costa de una recesión profunda y un empobrecimiento generalizado.
El ajuste de Milei —avalado por el FMI y los gobernadores— no solo licúa salarios y jubilaciones, sino que también manipula la medición de la inflación para justificar su política de hambre. La postergación deliberada de la nueva fórmula fue parte de ese engaño: un intento de sostener el verso de la estabilidad mientras el país se hunde en una de las peores caídas del poder adquisitivo en décadas.
Ningún maquillaje estadístico puede tapar la realidad. Los trabajadores destinan cada vez más parte de su ingreso a sobrevivir, mientras la economía se paraliza. La única salida frente a este fraude político y económico es la organización independiente de la clase trabajadora, por una recomposición salarial inmediata y un salario mínimo igual a la canasta básica. Hay que tirar abajo el plan fondomonetarista que destruye los ingresos y hunde al país en una recesión histórica.
