Los últimos datos oficiales retratan un mercado laboral signado por la precarización, los salarios de pobreza y el “efecto desaliento” a la hora de buscar trabajo dado que encontrar uno es cada vez más difícil. Tal escenario pone de manifiesto el fracaso de los sucesivos gobiernos, responsables del hundimiento de la población trabajadora.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el Indec, correspondiente al tercer trimestre 2022, arrojó una tasa de actividad -personas ocupadas o demandantes de empleo- del 46,4%, 1,5% menos que el trimestre anterior. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo pasó del 6,9% al 6,7% entre el segundo trimestre y tercer trimestre del 2022, sin embargo, esta disminución no se tradujo en un aumento de la tasa de empleo, por el contrario, esta bajó del 44,6% al 43,3% en el mismo período. Lo anterior nos permite concluir que la menor tasa de desocupación no significa que las personas que estaban sin trabajo encontraron uno, sino que dejaron de buscarlo, desalentadas por la escasa oferta laboral, pasando a formar parte de la población económicamente inactiva.

Finalmente, la huelga de inversiones de los capitalistas atenta contra la creación de puestos de trabajo. Lo mismo podemos decir sobre la negativa del gobierno a impulsar un plan de vivienda y obra pública que emplee mano de obra desocupada, como reclama la Unidad Piquetera, puesto que prima la política de austeridad fiscal comandada por el FMI. El oficialismo no solo es incapaz de generar suficientes fuentes laborales, sino que además acaba de recortar 100 mil programas sociales, quitándole hasta ese mínimo ingreso a la población más empobrecida. De nuevo, para cumplir con el ajuste fondomonetarista.

También la calidad del empleo retrocedió. El porcentaje de asalariados sin descuento jubilatorio (no registrados) llegó al 38,2%, 0,4% por encima del trimestre anterior. A su vez, la población ocupada no asalariada creció del 26,5% al 30,05% entre ambos trimestres, entre la cual se encuentran trabajadores precarizados que realizan sus tareas bajo la figura del monotributo o sobreviven a través de changas.

A esto se le suma la miseria salarial reinante. Mientras la línea de pobreza se ubica en $163.539 y la canasta familiar, calculada por los trabajadores del Indec, en $240.000, el ingreso medio individual de la población, según la EPH, apenas alcanza los $80.435. El mismo llega a $92.655 en el caso de los varones y a $68.310 en las mujeres, mostrando una brecha de género del 26,3%, puesto que el colectivo femenino está sujeto a los trabajos peor remunerados y a una mayor disposición de su tiempo en la realización de tareas domésticas no remuneradas, debido a la falta de políticas para socializar el cuidado y a los roles de género fomentados por este sistema, que les reserva a las mujeres un lugar subordinado.

Por otra parte, el informe señala que incluso el ingreso medio de los asalariados registrados está por debajo de la línea de pobreza, ya que se encuentra en $102.247. Como vemos, ni siquiera alcanza con tener un empleo formal para no ser pobre. La peor parte se la llevan los asalariados no registrados, cuyo ingreso medio es de $44.214, directamente por detrás de la línea de indigencia de $72.043. Un panorama desolador, resultado de la informalidad laboral creciente y las paritarias a la baja, obra de las patronales, el gobierno y la burocracia sindical. Muestra de ello es el tope salarial del 60% que promueve Massa para el 2023, mínimo 30 puntos debajo de la inflación proyectada, pero que sin embargo cuenta con el apoyo de las direcciones burocráticas de los gremios y de la oposición patronal, considerando que Larreta utilizó esa pauta para fijar el salario de los municipales de CABA.

Los datos mencionados desmienten el discurso que le atribuye origen de la huelga de inversiones al supuestamente elevado costo laboral, con el objetivo de avanzar en la reforma flexibilizadora. Queda claro que el gasto de los empresarios en personal (salarios, aportes, indemnizaciones) es cada vez menor, sin embargo, las inversiones no despuntan dada la naturaleza parasitaria de la clase capitalista, que solo le interesa aumentar la productividad del trabajo degradando las condiciones de vida de los trabajadores y no a partir de la aplicación de nuevas tecnologías. A todas luces, se trata de un régimen social en absoluta decadencia que solo puede ofrecer más miseria y privaciones para las mayorías.

Esta agenda antiobrera es necesario combatirla en las calles, en defensa del salario y los convenios colectivos de trabajo, y echar a todos los políticos capitalistas que la promueven, desde el Frente de Todos, pasando por Juntos por el Cambio, hasta llegar a los liberfachos como Milei, para dar paso a una salida de los trabajadores a la crisis.

 

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