El derrumbe en los ingresos de la población trabajadora es categórico. Más del 80% de los asalariados percibe un sueldo inferior a la línea de pobreza y el promedio salarial de los informales directamente está por debajo de la línea de indigencia.

Los datos pertenecen al informe del Indec sobre Evolución de la distribución del ingreso, correspondiente al tercer trimestre 2022, que forma parte de los resultado arrojados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Allí podemos observar que el 10% de la población más rica percibe un ingreso per cápita familiar 13 veces superior al del 10% de la población más pobre, dando cuenta de un país con profundas desigualdades sociales y mostrando la farsa del discurso redistributivo del gobierno del Frente de Todos.

El informe arroja que el ingreso promedio de la población ocupada se ubica en los $78.930; el de los asalariados en $83.310; y, el de los no asalariados, en $67.280. Todas cifras que no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total (que define la línea de pobreza), que en noviembre llegó a los $145.948. Peor es la realidad de los asalariados sin descuentos jubilatorios (no registrados) cuyo ingreso promedio es de $45.981, por detrás de la línea de indigencia, calculada en $64.012.

Sin embargo, nos encontramos con que el ingreso promedio de los asalariados registrados tampoco logra superar el umbral de la pobreza, ya que se ubica en los $104.790. Estamos hablando de trabajadores que cuentan con derechos laborales, no obstante, padecen los sucesivos techos salariales impuestos por las patronales con la complicidad de la burocracia sindical y el gobierno.

En ese sentido, 90% de la población percibe un ingreso per cápita familiar de hasta $106.500, es decir, por debajo de la línea de pobreza. Al igual que el 80% de los asalariados, cuyo ingreso no supera los $120.000, y el 60% de los hogares, que posee un ingreso total familiar inferior a $146.000. A su turno, más del 70% de la población total cuenta con un ingreso per cápita familiar de indigencia (de hasta $57.750), tal como sucede con más del 40% de la población asalariada (donde el ingreso promedio llega a $60.000) y con más del 10% de los hogares, decil en el que la escala de ingresos llega hasta los $45.000.

Como vemos, la caída real del salario -impulsada por paritarias a la baja, extensión del trabajo precario y una inflación desenfrenada- y la desocupación han edificado esta catástrofe social. Frente a eso, el gobierno, que es completamente responsable de esta realidad, busca hundir aún más en la miseria a los sectores vulnerables descargando un ajuste sobre la asistencia social en función de cumplir con el FMI.

El informe refuta la verborragia de los capitalistas que adjudican la falta de inversiones al elevado costo laboral, cuando lo cierto es que asistimos a un desplome de los ingresos de los trabajadores.

Mención aparte merece la situación en la que se encuentra el colectivo femenino. Las mujeres conforman el 64,53% dentro del decil más pobre de la sociedad. A su vez, el ingreso individual promedio de los varones es de $95.609, mientras que el de las mujeres es de apenas $72.150. Finalmente, la feminización de la pobreza y la brecha de ingresos entre los géneros obedecen a que las mujeres ocupan los puestos de trabajo más precarios y peor pagos, y, al mismo tiempo, destinan menos horas de su vida al mercado de trabajo remunerado, ya que, debido a los roles de género inherentes a este régimen social y a la ausencia de dispositivos de socialización de las tareas de cuidado, les toca cargar con el peso del trabajo doméstico gratuito.

En definitiva, el fracaso de todos los políticos capitalistas que nos han gobernado es absoluto. A 21 años del Argentinazo, el planteo de que “se vayan todos” está más vigente que nunca, junto con la necesidad de abrir paso a una salida de los trabajadores.

 

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