El Indec publicó el informe sobre la evolución de la distribución del ingreso durante el cuarto trimestre de 2022. El mismo sostiene que los ingresos de la población se incrementaron en un 83,6% interanual mientras la inflación llegaba casi al 95% anual, licuando su poder de compra. El informe también plasma la desigualdad social cuando establece que el decil de mayores ingresos percibe el equivalente en 12 veces de los ingresos del último decil, es decir del 10% de menores ingresos. Mientras los laburantes perdemos, al compás del ajuste de los gobiernos capitalistas, hay un sector que gana gracias al empobrecimiento de los salarios.

Mientras una canasta básica familiar se ubicaba en $152.517, el 62,2% de la población ocupada ganaba hasta $92.881 durante ese período y los asalariados percibían un ingreso promedio $100.506, es decir la mayor parte de la población se ubicaba por debajo de la línea de pobreza. De estas últimas, las que contaron con descuento jubilatorio percibieron un ingreso promedio de $123.878 mientras que, en el caso de aquellas sin descuento jubilatorio, el ingreso promedio equivale a $56.418. Esto da cuenta, en primer lugar, que el empleo informal se caracteriza por salarios de miseria que muchas veces se ubican incluso por debajo del salario mínimo, el cual ya para entonces no superaba ni la línea de indigencia. El gobierno, por su parte, se vale de esto para promocionar un crecimiento del empleo, aunque los números dan cuenta de que lo único que crece es el trabajo precarizado.

En segundo lugar, la estadística explicita que los empleos formales tampoco garantizan salarios que puedan cubrir las necesidades básicas de una familia tipo. Esto producto de las paritarias a la baja que imponen las patronales, en complicidad con la burocracia sindical y el gobierno, para reducir los costos y aumentar sus ganancias, sin poner un peso de inversión. Sin ir más lejos, el 2022 terminó con una inflación del 94,8%, mientras la variación salarial no superó el 80%, es decir los trabajadores perdieron, por lo menos, un 15% de poder adquisitivo. Esta situación se agravará ahora con el tope del 60% a las paritarias que impuso el gobierno, mediante una proyección inflacionaria mentirosa, para continúar licuando los salarios.

Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles del 1 al 4) equivale a $34.827; el del estrato medio (deciles del 5 al 8), a $88.329; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a $218.098. Es decir que el 60% de la población ocupada percibe ingresos que equivalen al 40% de los de las personas con mayores ingresos. Así el informe también echa luz sobre la concentración de riqueza y la inequidad que atraviesa a los distintos estratos sociales, generando una amplia brecha entre ricos y pobres similar a la de igual período del 2021.

Con respecto a los estratos más bajos, el informe sostiene que “el peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, siendo igual al 65,8% en el primero y 11,3% en el décimo”. Esto da cuenta de que la asistencia social, por ejemplo, en las familias de más bajos recursos, representa la mayor parte del ingreso del hogar, algo con lo que el gobierno viene queriendo barrer para cumplir con el FMI. Esta política de ajuste además promete profundizarse durante 2023 a pedido del organismo. Quieren pagar la deuda externa a costa del hambre de miles y miles de familias pobres.

A su vez, los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $104.804, mientras que el de las mujeres fue de $81.213, informó el Indec. Esto desnuda la brecha salarial de género que afecta principalmente al colectivo femenino, que son a su vez quienes paran la olla en sus hogares. Una realidad emparentada directamente con la discriminación que sufren las mujeres en el mercado laboral, donde ocupan los empleos peor pagos, sumado al mayor tiempo destinado al trabajo doméstico gratuito en detrimento del remunerado.

Los números recabados por el Indec reflejan las consecuencias de una política ajustadora del gobierno nacional y los capitalistas, que quieren hacerle pagar la crisis a quienes viven de su salario y a los sectores más vulnerados mediante una mayor explotación laboral, peores salarios, más desempleo y recorte en el gasto social en la línea del ajuste fiscal. De esta manera se explica el crecimiento de la desigualdad social y los bajos niveles de ingresos medios, tanto de asalariados como del conjunto de la sociedad, ocupada y desocupada.

Es fundamental luchar por una recomposición general de los salarios, un seguro universal al desocupado y un plan de obras públicas y viviendas para generar millones de puestos de trabajo y responder a las necesidades populares insatisfechas. La salida a este régimen de ajuste y ajustadores implica una ruptura con el FMI y con el capital financiero, algo que los políticos capitalistas no están dispuestos a llevar adelante, deberán hacerlo los trabajadores.

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