El ‘intendente electo’ será un enemigo de los trabajadores
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Las próximas elecciones en la Capital pueden carecer de interés para la opinión pública, al menos según lo que divulgan los ‘encuestólogos’, pero son incuestionablemente un aspecto importante del desarrollo de la política de la clase capitalista y, por sobre todo, de la propia crisis del Estado.
‘Paisaje’ político
Los enfrentamientos que caracterizaron a la campaña electoral en las últimas dos semanas, reflejan las tendencias que siguen las fuerzas que pretenden disputar la sucesión presidencial de Menem. Es necesario decir que para el conjunto de la clase burguesa, la sucesión presidencial del 99 debe ser el terreno donde se diriman las alternativas a la crisis actual. O sea que descarta la posibilidad de una crisis de gobierno relativamente inmediata y más aún, una interrupción del gobierno menemista.
En la edición anterior de Prensa Obrera se señaló que el sabotaje a la candidatura de La Porta obedecía al veto del clero a la posibilidad de que los fondos de educación del distrito quedaran en manos de un ‘socialista’, e incluso más, que el Frepaso pudiera apartarse de su política complaciente con el clero. Una encuesta de Sofres-Ibope, que publicó El Economista (31/5), acaba de poner en duda las encuestas que sistemáticamente estuvieron bombardeando las posibilidades electorales de La Porta, al revelar una proyección de votos para el 30 de junio que coloca a La Porta a dos puntos de De la Rúa. Que la descalificación de la candidatura de La Porta obedece a una inspiración clerical, lo confirma el ataque que le dedica el chupacirios Grondona en su comentario del domingo en La Nación, ¡¡donde reivindica incluso la conveniencia de que se hubiera llegado a un acuerdo pre-electoral con Béliz!!
Los problemas en el Frepaso no se agotan con la candidatura de La Porta, sino que también existe otro enfrentamiento, según Clarín, porque Meijide sería partidaria de un frente con el radicalismo para después de las elecciones, contra la posición de Alvarez, que cree en una crisis en el justicialismo y en la posibilidad, por lo tanto, de un frente de otras características. Como la candidatura de Duhalde es el factor más importante que podría desencadenar una crisis en el PJ, existiría la perspectiva de una futura alianza entre un sector del Frepaso con Duhalde. Algo semejante se está planteando dentro del CTA. Lo que ya ha ocurrido en distintas provincias, con el pasaje de frepasistas al peronismo y al bussismo, y el episodio de Bordón, demuestran que esta hipótesis es perfectamente realista, en especial si el Frepaso pierde las elecciones para intendente.
La política menemista corre por otro andarivel, esto si se excluye el espionaje electrónico contra los candidatos rivales y el enorme gasto de presupuesto que se está haciendo para ganar votos. De un lado, lograr que Domínguez le gane cómodamente la ‘interna’ oficial a Béliz, algo que está lejos todavía, por lo menos según la encuesta apuntada, que lo coloca muy abajo (13.0), a 2.9 de diferencia de su rival. El menemismo calcula que el radicalismo fracasaría en su gestión municipal, como consecuencia de la enorme deuda pública del distrito, lo que sería aprovechado en las elecciones del 97 y del 99. Es decir que el ‘éxito’ del oficialismo pasaría por el sabotaje a las otras instituciones del Estado.
Este cuadro de disgregación política, que alcanzó por el momento su punto máximo con el procesamiento y desprocesamiento de Domínguez y los insultos entre el radicalismo y el Frepaso, ha inquietado a La Nación (4/6), que ve “una situación institucional brumosa” que “causa inquietud y alarma”, por lo cual reclama “capacidad y flexibilidad para forjar acuerdos”, en especial “si el resultado de las elecciones conduce —como algunas encuestas parecen anticiparlo— a una fragmentación del poder”. Una ‘dura advertencia’, por cierto, pero no son las elecciones las que amenazan con esa ‘fragmentación’.
La bomba de tiempo
Resulta que ni Domínguez ni De la Rúa tenían razón cuando se pelearon por el monto al que ascendería la deuda pública de la Capital, que el primero había cifrado en 2.028 millones de pesos y el segundo en 2.800. Esa deuda es, en verdad, según lo acaba de informar la Auditoría, de 3.217 millones, aunque no incluye las deudas contraídas por el “plan de repavimentación” con el que Domínguez ha infernalizado el tránsito porteño. Tampoco incluye unos 1.184 millones de pesos correspondientes a demandas en sede judicial contra el Estado porteño (La Nación, 31/5). En suma, el ‘muerto’ podría llegar a los cinco mil millones de pesos o dólares. Casi la mitad de lo que deben en su conjunto las 21 provincias argentinas.
Los acreedores de esta fortuna son los especuladores con bonos, los contratistas del municipio y los bancos.
Esta cuestión capital se encuentra, sin embargo, fuera del debate en la Capital, por la simple razón de que los candidatos oficiales de la burguesía saben que, no ya para pagarla, sino para refinanciarla, necesitarán de un impuestazo, de despidos masivos de personal y de privatizaciones indiscriminadas. Ningún banquero le abriría un crédito al futuro intendente si no está garantizado por un impuestazo o por una ‘reforma del Estado’ municipal; mienten los candidatos en cuestión cuando dicen que no subirán los impuestos o que recurrirán solamente al crédito.
En lo que concierne al impuestazo, el medio que se utilizará será el revalúo fiscal de las propiedades, que es hoy un 80% inferior a su valor de mercado. Domínguez intentó dictar un revalúo, pero claro, no tenía la ‘autoridad’ que sí tendrá un intendente ‘electo’. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires, todos los bloques acaban de dar su acuerdo a un proyecto de ley de revalúo inmobiliario bonaerense, que se pondrá en marcha en 45 días (El Economista, 31/5).
Es exactamente esto, un revalúo inmobiliario, lo que plantearon todos los candidatos en una entrevista que concedieron a La Nación (2/6). La Porta contemplará “una readecuación de las valuaciones fiscales de los inmuebles en función de los cambios que ha sufrido la ciudad”. Esto significa que se sobregravará a barrios enteros, sin discriminar la capacidad contributiva de cada sector social. Se trata de una clásica política de expropiación económica, que obligará a emigrar de barrio o distrito a los menos pudientes, abriéndoles nuevas posibilidades a la especulación inmobiliaria y elevando el costo de la vivienda en todo el ámbito de la ciudad y aun del conurbano. A La Porta, ‘socialista’, no se le ocurrió plantear la investigación de la deuda ni pensar en una moratoria indefinida de su pago, no digamos desconocerla por usuraria.
De la Rúa también puso el dedo en el impuesto inmobiliario, que debe, dijo, “exteriorizar la capacidad contributiva”, o sea, su mayor valor de mercado, que es tres veces más alto que el actual valor fiscal. Rodríguez Giavarini, su eventual secretario de Economía, fue más directo: “o alícuotas progresivas o revalúo de la propiedad”. A ninguno se le ha ocurrido gravar en forma creciente o progresiva sólo las propiedades superiores a un determinado valor de mercado, por ejemplo, a partir de 100.000 pesos actuales, en tanto que para las de valor inferior sólo se debería tener en cuenta el ingreso o salario del grupo familiar. Ningún candidato propone gravar a bancos, casas de cambio, operaciones financieras o a los especuladores, porque opinan que tal cosa ‘promueve la evasión’.
Domínguez, que ya intentó un revalúo, curiosamente se ‘olvidó’ del tema, mientras que Béliz, de puro caradura, “descartó un revalúo general”, pero no “caso por caso”, algo que el ‘cavallista’ no hará nunca, porque ello significaría un censo de fortunas que revelaría el enriquecimiento ilícito y brutal de sus mandantes.
Trabajadores
No existe conciencia en la inmensa mayoría de los trabajadores acerca de la agresión que se prepara a partir del ‘intendente electo’; esa conciencia se desarrollará con el comienzo de las agresiones mismas. Por eso mismo, no se advierte que la Capital se convertirá en un polvorín tanto en el plano social como político. La ausencia de un voto de clase en el distrito está expresando una crisis política de los trabajadores en su sentido más amplio. La campaña electoral del Partido Obrero apunta a hacer consciente este proceso y, en esa medida, prepara a los explotados para una lucha resuelta contra la inevitable política de descargar aún más sobre sus espaldas una crisis ajena, la crisis capitalista.