Las revelaciones sobre los vínculos entre los capitalistas de juego y las camarillas gobernantes han despertado algunos “pedidos de investigación” o de informes entre los partidos de oposición. Todos ellos, sin embargo, son cómplices de la fenomenal expansión del juego privado.

En la Ciudad de Buenos Aires, la “ley de juego” (que en 2001 legalizó al Casino de Puerto Madero y habilitó su segunda sala) fue el resultado de un pacto entre Duhalde e Ibarra, cuando éste último contaba con el apoyo político y legislativo de la UCR, y de los “socialistas”.

Más adelante, la administración socialista de Binner le habilitó en Rosario un megacasino a Cristóbal López. Por el lado “derecho” de la oposición, hay que recordar que Daniel Angelici, el radical macrista que ganó recientemente la presidencia de Boca, es un connotado empresario del juego que pelea con Boldt y Codere las concesiones de bingos en la provincia de Buenos Aires.

De Macri a Binner, pasando por los radicales, todos están inmersos en la guerra de garitos.