El Tribunal de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires resolvió destituir al juez correccional nº 2 de Morón, Alberto Guiscardo, por mal desempeño de sus funciones. Guiscardo fue acusado de haber recibido “gruesas sumas de dinero para sobreseer por falsificación de documentos al ex locutor e intendente menemista de Morón, Juan Carlos Rousselot, causa que resolvió en sólo dos días” (Crónica, 25/3). Según la investigación, “dos semanas después de haber fallado a favor de Rousselot, el magistrado adquirió, en noviembre de 1990, un automóvil Renault 21 usado, en 21.800 dólares” (ídem). En su “descargo”, Guiscardo reconoció haber recibido “presiones” de todo tipo que lo “obligaron” a cometer el delito. Entre estas presiones denunció que “el senador bonaerense Horacio Román le prometió un ascenso si condenaba a Rousselot, ya que el entonces gobernador Antonio Cafiero tenía mucho interés en el caso” (ídem). El juez, como vemos, se vendió al mejor postor.

Pero si el juez es destituido —y debería ir preso— le corresponde la misma pena a Rousselot, a Cafiero y a todos sus emisarios, a todos los que coimearon al juez o intentaron hacerlo. Pero el tema es ya … ¡cosa juzgada!

Pero si Rousselot le pagó al juez, ¿quién le pagó a Rousselot? La patria contratista, que se embolsó los millones de los contratos coimeados y que movió su influencia para imponer su rehabilitación, su “desagravio” y su reelección.