La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) es nuevamente objeto de controversias, en medio de acusaciones al oficialismo por espionaje, en una ofensiva de la oposición patronal para avanzar contra el juicio “propagandístico” a la Corte impulsado por el kirchnerismo y Alberto Fernández. En la antesala del balotaje presidencial, el régimen político busca refrendar sus instituciones y a la Corte como último garante de los intereses capitalistas, sea cual fuere el resultado. Existe en la clase capitalista y en sus políticos una conciencia de la precariedad de ambos candidatos -y sobre todo Milei que aparece según la mayor parte de las encuestas como favorito- en relación a la magnitud de la tarea de aplicar una devaluación, una híper o un Rodrigazo. Las alternativas en pugna dan cuenta de profundas muestras de “volatilidad política” y propuestas que preocupan a la clase capitalista.

La Corte puede entonces ser llamada a arbitrar si la crisis se desmadra. Y aunque la posibilidad de someter a los cortesanos a un juicio político no existe, ya que necesita el voto favorable de las dos terceras parte de los diputados, no es conveniente andar ventilando acusaciones contra los miembros del tribunal supremo.

La oposición -con Clarín y La Nación a la cabeza- han salido a atacar a Massa por lo que consideran una indefinición del candidato del oficialismo y aprovechar para sacar un rédito electoral de ello a favor de Milei. Massa busca evitar la contienda con la Corte; declaró a Cadena 3 que no es “momento de discutir el comportamiento de ningún juez de la Corte, porque si había alguna acusación cierta o falsa se podía ensuciar con el proceso electoral”.

Todo esto a días del plazo previsto para la aprobación del dictamen de acusación de la comisión del Congreso, que se esperaba para antes del 17 de noviembre. Mientras que la oposición patronal pisa el acelerador para voltear un proceso inconducente, desde el oficialismo quieren evitar que el mismo tenga lugar antes de las elecciones.

La Corte, a su vez, transita este proceso acosada por contradicciones y disputas internas, con tantos alineamientos políticos como cortesanos existen, algunos como el presidente Rosatti con los pies en el llamado a la unidad nacional de Sergio Massa y otros con lazos directos con el macrismo y Juntos por el Cambio.

Un régimen de espías

La última sesión de la Comisión de Juicio Político en el Congreso de la Nación fue objeto de una disputa entre el oficialismo y la oposición, cuando estaban convocados los cortesanos Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti para realizar su descargo, donde la oposición acusó al oficialismo –puntualmente al diputado Rodolfo Tailhade- de espionaje ilegal contra jueces y políticos.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, dio por cerrada la misma al inicio de su intervención señalando que ante la ausencia de los cortesanos el debate se tornaba abstracto. Lo que fuera seguido de diversas acusaciones de la oposición de -ahora no tan- Juntos por el Cambio, que esperaban desenvolver sus denuncias con Tailhade y el gobierno, en defensa de la Corte.

Tailhade, diputado miembro de la Comisión de Juicio Político y exdirector de Contrainteligencia de la AFI, es acusado por la recepción de mensajes de Ariel Zanchetta, sindicado como un “espía inorgánico”, quien se encuentra detenido por espionaje contra jueces, cortesanos y políticos.

El parlamentario oficialista alega que nunca contestó dichos mensajes y que se trataba de información sin ningún peso. Agregando que se trataría de una “operación” del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, por medio de su secretario Silvio Robles. Tailhade estuvo a la cabeza de la acusación contra los participantes del encuentro de Lago Escondido entre jueces, diputados, empresarios y servicios.

Las operaciones con servicios y espías que se le atribuyen al diputado oficialista son similares a las del operativo de espionaje atribuido a Macri. Es evidente que el aparato de espionaje está quebrado en función de la propia crisis política y la pudrición del aparato estatal, partido por negociados e ilícitos, por eso las operaciones incluyen a funcionarios del Estado en todos sus niveles, incluso de las mismas fracciones políticas -se espían entre ellos. Pero la esencia del aparato de espionaje es contra los trabajadores, su organización y su lucha. Es un espionaje al servicio de garantizar el ataque a las condiciones de vida de los trabajadores cumpliendo con el mandato del FMI y los intereses de los capitalistas locales.

La centralidad que vienen tomando estas operaciones desde la quiebra del acuerdo de Cristina Fernández con Stiuso son la expresión de la pudrición que carcome al actual régimen político.