Terminó el juicio por el asesinato del soldado Omar Carrasco; cuando este periódico esté en la calle se conocerán las condenas a los acusados. Concluyó así un montaje jurídico-político que tuvo por objetivo consagrar la ‘historia oficial’ armada por la Inteligencia militar y el Alto Mando: que la responsabilidad por el asesinato de Carrasco incumbe, exclusivamente, a un oficial de baja graducación —el subteniente Canevaro— y dos civiles —los conscriptos Suárez y Salazar.

Todo el juicio se desarrolló según lo dispuesto por el Alto mando, el ministerio de Defensa y el comandante en jefe del Ejército, Menem. La instrucción del juicio se destaca por “la ausencia de peritación de rastros, la falta de reconstrucción del hecho, el abandono de pistas significativas, la prohibición a los de División de Homicidios (de la policía) de hablar siquiera con persona alguna del cuartel donde se hallaban los sospechosos” (Río Negro, 21/1). Fue la Inteligencia militar la que le suministró algunas pruebas —y ocultó otras— al juez de instrucción Caro, al que como consecuencia de su actuación se le ha pedido el juicio político por ocultamiento de pruebas fundamentales, por no haber llamado a declarar a varios testigos importantes y por haber adulterado la declaración de otros. Fue también el juez Caro, actuando “en connivencia y concordancia con la Inteligencia militar” (Página/12, 24/1), el que “con precipitación dividió la causa para que el encubrimiento de los altos mandos, que tenía pruebas, no fuera ventilado públicamente y quedara en el olvido” (Río Negro, 21/1).

También fue la Inteligencia militar la que ‘armó’ el proceso que se siguió en la justicia militar: “toda la investigación judicial del caso Carrasco resposa sobre las averiguaciones que realizaron desde el comienzo los tenientes coroneles Raúl José y Victor Jordán (de la Inteligencia militar), sumariados porque se los acusa de querer comprar el testimonio de Claudio Balmaceda” (La Nación, 3/1).

“Que la Inteligencia militar armó las declaraciones de los testigos se ha convertido en una certeza” (Río Negro, 24/1). Entregó al fiscal a la enfermera González y ‘armó’ la declaración “tardía y sospechosa” (La Nación, 22/1) del sargento Sánchez, las dos principales piezas de la acusación. El juicio se desarrolló “mientras se obstruían pruebas, se detenía ilegalmente a los testigos, se les ofrecía soborno” (Río Negro, 21/1). Es altamente probable que Canevaro y los soldados hayn sido los autores materiales del asesinato pero es obvio, como declaró el capitán Correa Belisle, que “dos soldados y un subteniente no pudieron manejar esto solos” (Ambito Financiero, 12/1). “Si hubieran sido dos soldados, terminan en un tribunal con un moño”  graficó el oficial…

El juicio amañado por el Alto mando se convirtió así en la pieza clave para el ocultamiento de todos los responsables y la consagración de la impunidad a todas la cadena de mandos que termina en la Rosada … al punto que los defensores de los soldados Suárez y Salazar llegaron a decir que “estamos asistiendo al juicio de los ‘perejiles’ …”: “el pacto de silencio impidió que se conociera la verdad. Los testigos militares relataron toda suerte de irregularidades en la guarnición y no pudieron eludir la fuerte sospecha de que Carrasco fue asistido en la clandestinidad y perdió por ello su chance de sobrevivir. Pero no dieron nombres ni datos sobre el escenario del crimen” (ídem).

El principal encubridor de toda esta maraña de encubrimientos ha sido Balza, el jefe del Ejército. Declaró que no había enviado a personal de Inteligencia al cuartel de Zapala … lo que más tarde fue desmentido por un simple sargento de cocina que señaló que, desde poco antes de que se encontrara el cadáver de Carrasco, “había más de cincuenta hombres de Inteligencia en el cuartel”. Los jueces tampoco llamaron a declarar al abogado Moreno Campos, representante del Estado Mayor, a pesar de que éste suministró una información esencial: que había tomado un primer contacto con el caso en el mes de marzo, es decir antes de que apareciera el cadáver de Carrasco. ¿El Alto mando iba a contratar un abogado y a enviarlo, junto con medio centenar de hombres de Inteligencia, a un cuartel por la simple deserción de un soldado? El alto mando en pleno y su comandante —Menem— debern ser puestos en el banquillo de los acusados.

El juicio ha puesto en evidencia, una vez más, la defensa incondicional del aparato represivo por parte de los poderes de la ‘democracia’. No sólo la ‘justicia’ —que siguió el ‘guión’ armado por la Inteligencia militar— o  el ‘ejecutivo’, metido hasta las narices en el operativo de encubrimiento. También el parlamento, que sin hacer mucho ruido rechazó el primer pedido de juicio político contra el juez Caro a pesar de la montaña de pruebas que se acumulaba en su contra. No se escuchó la protesta de ninguno de los parlamentarios de la UCR o del Frepaso, tan preocupados de la ‘seguridad jurídica’ y de la ‘independencia de la justicia’ cuando de proteger a los intereses de los grandes capitalistas se trata.

El Ejército, el gobierno y los ‘opositores’ quieren cerrar rápidamente el juicio por el asesinato y olvidar para siempre el juicio por los encubrimientos. Después de todo, la condena a Canevaro sería “un bajo costo para las fuerzas armadas” (Río Negro, 21/1). Pero así como la amnistía menemista no cerró la lucha por el juicio y castigo a los represores de la dictadura, el juicio menemista —y aún sus eventuales condenas—no cerrará la lucha de la juventud por juzgar y castigar a todos los responsables del asesinato. Aquí tampoco, la juventud no olvida ni perdona.