El 27 de mayo el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba inició el juicio a Luciano Benjamín Menéndez. Junto a él, serán juzgados -por homicidio agravado- , Jorge Ezequiel Acosta, Luis Alberto Manzanelli, Hermes Oscar Rodríguez, Carlos Alberto Vega, Oreste Valentín Padován, Carlos Alberto Díaz y Ricardo Alberto Ramón Lardone. Otros genocidas se salvaron del juicio porque antes los alcanzó la muerte.

Uno de los integrantes del Tribunal es Carlos Otero Alvarez, secretario del juez Zamboni Ledesma durante la dictadura militar.

El juez y su secretario tuvieron una participación más que directa en el caso de los fusilamientos del penal San Martín (UP1). Ambos fueron denunciados ante la Conadep "en 1984, por sobreseer sin investigar 31 fusilamientos de presos de la Unidad Penitenciaria Nº 1 en 1976, y por el caso de Héctor López Aurelli, que derivó en una penalización de la CIDH a la Argentina en 1990. Secuestrado en noviembre de 1975, López Aurelli fue torturado por miembros del D2 de la policía de Córdoba. En 1979, el Juzgado Federal Nº 1 lo condenó a reclusión perpetua. ‘Las pruebas de cargo que sirvieron de base a su condena fueron confesiones obtenidas bajo tormento'", apuntó la CIDH en su informe 74/90, que destacó la ‘complicidad manifiesta' del juez y su secretario. "‘Los jueces federales tenían pleno conocimiento de la existencia de campos de concentración en su jurisdicción', concluyó" (extraído del portal de la agrupación Hijos).

Otero Alvarez fue recusado por Hijos y por el actual secretario de DDHH de la Municipalidad de Córdoba, Luis Baronetto. La recusación fue rechazada. Baronetto se presentó en el Consejo de la Magistratura y denunció la complicidad de Otero Alvarez con el fusilamiento de su mujer, Marta Juana González, una detenida del penal, acontecido el 11 de octubre de 1976.

El juicio a Menéndez es sólo por cinco casos, cuando hubo más de 5.000 desaparecidos que pasaron por La Perla; aunque en Córdoba proliferaban los campos de concentración.

El juicio ha sido convertido en una "cuestión de Estado" por el gobierno de Schiaretti y las fuerzas políticas patronales. Hay que encubrir a los 100 intendentes radicales que se mantuvieron en sus funciones durante la dictadura militar (y después); a los funcionarios peronistas de la intervención Lacabanne, que descargó una brutal represión, antesala del genocidio. Para todo el arco patronal, el juicio a Menéndez es una pantalla para deslindar sus propias responsabilidades.