Los testimonios de los tres primeros testigos en el juicio a Luciano Benjamín Menéndez y siete de sus secuaces han hecho revivir el horror y la barbarie que la dictadura militar descargó sobre los trabajadores, los estudiantes, los luchadores democráticos y los militantes políticos en Córdoba. Los testimonios no hacen más que confirmar lo que todo el pueblo sabía; no hay sorpresas, sólo dolor.

El juicio parece encaminarse "sin sobresaltos" a la condena de los acusados según la presunción generalizada, frente a la contundencia de las pruebas y a la condena popular que ya tienen los genocidas. Lo que muy probablemente no suceda es que Menéndez acabe en una cárcel común.

El proceso al genocida confirma la vigencia de la impunidad, en primer lugar porque llega 32 años después de los hechos, y 25 después de que cayera la dictadura militar. Varios de los cómplices de Menéndez han zafado del juicio porque la muerte por vejez fue más rápida que la Justicia.

Menéndez y el resto de los asesinos tendrán el privilegio de ser juzgados por un amigo. Uno de los miembros del tribunal, Otero Alvarez, ha sido denunciado por aportar cobertura "legal" a los crímenes de la dictadura, sobre todo en los fusilamientos de los presos del penal San Martín.

El aparato jurídico y militar de la dictadura sigue vivito y coleando. Días previos al juicio, el gobierno provincial -por pedido del municipal- descargó una feroz represión contra los manifestantes que reclamaban contra el aumento del cospel. La represión incluyó torturas y secuestros por dos horas a tres de los detenidos.

El juicio a Menéndez no se televisa en directo, muy posiblemente para que la población no escuche los testimonios ni vea a los personajes de Córdoba que cogobernaron con Menéndez. Durante la dictadura militar decenas de intendentes eran de la UCR de los Angeloz, los Víctor Martínez y compañía. La cúpula de la Iglesia tuvo una activa colaboración, con Primatesta a la cabeza. Lo mismo la burocracia sindical ligada a las Tres A, durante el gobierno Lacabanne-Perón-Isabel Perón que pavimentó el camino de la dictadura.

Entre los acusados no están las patronales, que impulsaron el genocidio para terminar con el clasismo que había conquistado los sindicatos y las fábricas automotrices.

Juzgar a Menéndez y a los genocidas tiene un real valor si permite el desmantelamiento del aparato represivo, la liquidación de la legislación represiva, el desprocesamiento de los 4.000 trabajadores y activistas procesados en "democracia".

El juicio a Menéndez debe ser el juicio a todos los que se beneficiaron con el golpe militar. Es el juicio a la clase capitalista y sus políticos.