El exobispo de Orán, Gustavo Zanchetta, será juzgado por abuso sexual simple continuado, agravado por ser cometido por un ministro de culto religioso reconocido, en perjuicio de dos seminaristas.

El juicio ya estaba fijado para el día 12 de octubre del año pasado, pero la Sala II de Tribunal de Juicios de Orán lo prorrogó para el 21 de febrero de este año, porque hizo lugar al pedido de Enzo Giannotti, el abogado oficial, quien pidió incorporar un expediente elaborado por un tribunal eclesiástico.

Llama la atención que la Justicia salteña, en el juicio a Rosa Torino, rechazó incorporar los expedientes canónicos en los cuales la Iglesia si lo considera culpable de los abusos.

En el caso de Aguilera, peor aún, porque la iglesia lo halló culpable del abuso a 6 menores. En el caso Lamas ocurrió lo mismo, aunque este apeló y recuperó su condición como sacerdote. Sin embargo, en ambos casos, la Corte de Justicia de Sáenz los dejó impunes, porque les otorgó la prescripción, pasando por encima del fallo Ilaraz, dictado por la Corte Suprema de la Nación, donde rechaza la prescripción en los casos de abusos cometidos por un ministro de culto reconocido.

En el caso de Zanchetta, la Iglesia no lo halló culpable de nada. Al contrario, lo nombraron en la Secretaría de la Sede Apostólica (Apsa), un organismo clave que administra las propiedades inmobiliarias y financieras del Vaticano, a posterior de conocerse las denuncias de los abusos en Orán, junto a denuncias de malversación de fondos. Incluso, fijó su lugar de residencia en Santa Marta, donde también vive el Papa Francisco, en el propio Vaticano. No hay dudas que tiene una protección directa.

El juicio a Zanchetta empieza condicionado a favor de la impunidad de la Iglesia, porque en esta provincia se creó el infame antecedente, dictado por la Corte de Justicia que armó Sáenz, donde dejaron impunes a Lamas y Aguilera, abriendo la puerta para que otros curas abusadores también pidan la prescripción. Es el mismo andamiaje judicial que va a juzgar a Zanchetta.

El juicio se realizará a puertas cerradas, incluso sin la posibilidad del acceso de la prensa, lo que fue denunciado y repudiado por la Red Nacional de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico y por Juan Carlos García, víctima y denunciante del cura Lamas que forma parte de la Red de Sobrevivientes de Salta.

Separar a la Iglesia del Estado es una necesidad para terminar con la impunidad de los curas abusadores y de la Justicia adicta al poder político, que beneficia a la oligarquía y a la curia local.

Separación de la Iglesia del Estado ya. Cárcel a todos los curas abusadores.

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