En la segunda jornada del juicio por la masacre de Once, las defensas de los acusados, entre ellas las de los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, coincidieron en plantear las nulidades de todos los requerimientos de elevación a juicio, con el argumento de que no contienen imputaciones precisas contra sus clientes.

Pretenden con esto seguir la línea de los genocidas y de los asesinos de Mariano Ferreyra. Las nulidades planteadas (que no tienen posibilidad de prosperar) buscan establecer que los acusados son víctimas de la opinión pública o de intereses políticos y no responsables de acciones criminales.

La acusación de la mayoría de las querellas y de la fiscalía establece que los ex secretarios de Transporte Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, de Transporte Ferroviario Antonio Luna y de la CNRT Pedro Ochoa y Eduardo Sícaro no controlaron las condiciones de funcionamiento y utilización del material rodante, como tampoco la infraestructura ni la aplicación de los fondos públicos que el Estado Nacional puso a disposición de TBA -todo lo que creó el escenario de la tragedia.

A los empresarios se los ha acusado por la administración fraudulenta de los subsidios, a través del desvío de los fondos destinados al mantenimiento y funcionamiento del servicio ferroviario.

Para la fiscalía, estas acciones fueron realizadas por negligencia; para la querella de los familiares de Lucas Menghini Rey, con dolo.
La pretendida ajenidad sobre los hechos de empresarios y funcionarios ha encontrado un fervoroso aliado en el abogado querellante Gregorio Dalbón, quien presentó en la misma jornada un pedido de juicio político contra el juez federal Claudio Bonadío, a quien le imputó “mal desempeño” en sus funciones por exculpar al maquinista. De la motivación de dicha denuncia se desprende que el mal desempeño atribuido al juez se extiende a la acusación de los 28 imputados restantes.

Claudio Bonadío -quien inicialmente había sobreseído al maquinista Córdoba y la Cámara Federal lo corrigió- expresó sobre él: “se le había encomendado a un joven de 26 años, con dos de experiencia, la vida y la seguridad de más de 2.500 personas y se le había dado una herramienta vieja, corroída e insegura”.

La posición del juez está corroborada por las pericias, que confirman que el tren que se estrelló contra el andén 2 de Once circulaba sin un compresor y con otro en estado inoperante, con mayor tiempo de recuperación de la presión del sistema de frenos respecto de las especificaciones del fabricante, además del mantenimiento diferido en la mayoría de los coches.

A esto debe sumarse que el paragolpes del andén tenía un diseño defectuoso, por el cual no solamente no funcionaban los amortiguadores, sino que al frenarlo subió la trompa del primer vagón provocando que su cola bajara, lo que fue determinante para que el segundo coche se superpusiera con el primero. En ese lugar es donde se produjo el mayor número de víctimas

La pericia que sostiene que los frenos funcionaban en el momento del accidente está cuestionada, porque su estudio no se hizo en las mismas condiciones previas al evento: el primer y segundo coche ya se habían destruido, lo que hizo que para efectuar el estudio de los frenos se reconstruyeran las unidades. Las querellas tanto de la familia Menghini Rey como la encabezada por el abogado Marol plantearon, por este motivo, su nulidad.

Estas son las condiciones determinantes para que la masacre de Once sucediera, las que exceden al comportamiento del maquinista Córdoba y conducen a la responsabilidad de los Cirigliano y los funcionarios públicos.

Los funcionarios y empresarios están acorralados, y pr etenden liberarse de sus responsabilidades con pericias truchas y compra de voluntades.

Claudia Ferrero (Apel)