El Estado argentino sufrió ayer un revés en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, donde fue rechazado su pedido para que el juicio por la expropiación de la mayoría accionaria de YPF siga su curso en nuestro país. En el proceso, Argentina ya lleva dos fallos adversos en primera y segunda instancia en la justicia neoyorquina, que prefiguran la posibilidad de una sentencia que obligue a pagar entre 3.000 y 3.500 millones de dólares.

La demanda remonta a la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que estaban en manos de la española Repsol, ejecutada en el año 2012. En mayo de 2014, el gobierno de Cristina Kirchner, con Axel Kicillof como intermediario, indemnizó a Repsol por US$8900 millones (si sumamos bonos e intereses), a pesar del enorme vaciamiento y los pasivos ambientales que el pulpo le dejó a la petrolera argentina. El reclamo actual parte originalmente del Grupo Petersen de los Eskenazi -que en aquel momento controlaba el 25% de la compañía- tras no recibir una compensación equivalente, ya que sus acciones no fueron expropiadas.

Una estafa contra el país

Toda la trama del juicio sirve para mostrar el carácter parasitario de la burguesía nacional y la completa subordinación del país a los intereses del capital imperialista.

Resulta que los Eskenazi (dueños ya del Banco de Santa Cruz) crearon en España las firmas Petersen Energía y Petersen Inversora, dos empresas fantasma sin activos ni actividad, para adquirir el 25% de la petrolera, en lo que Néstor Kirchner impulsó como la “argentinización de YPF”. Se apropiaron de esas acciones sin poner un peso, ya que en una maniobra fraudulenta utilizaron las propias utilidades de la empresa para pagar el préstamo que recibió por parte de un consorcio bancario y de la misma Repsol, que ni siquiera le pidieron garantías para otorgárselo.

Entre los años 2008 y 2011, Repsol y los Eskenazi se repartieron en concepto de dividendos $24.193 millones (unos u$s6.000 millones), mientras que las ganancias de la compañía fueron de $16.676 millones (u$s4.000 millones). Un desfalco en regla. YPF quedó sobreendeudada con un pasivo que saltó de 3.000 a 9.000 millones de dólares, su producción de petróleo cayó 21% y la de gas un 10%, las reservas netas se desplomaron un 24% y la exploración tocó el punto más bajo de su historia.

Todo ello fue el marco de una corruptela monumental. Recientemente fueron reveladas cartas enviadas en aquellos años por el presidente de Repsol YPF, dirigidas a Enrique, Sebastián y Matías Eskenazi cuando eran vicepresidente, CEO y director de la petrolera, donde queda demostrado cómo les otorgaba bonificaciones millonarias extra salariales que no eran aprobadas por la asamblea de accionistas. Esta relación carnal de quienes lucraban vaciando los recursos estratégicos del país pinta de cuerpo entero la impostura de la pretendida reconstrucción de la burguesía nacional, que Kirchner se trazó como norte al asumir la presidencia. Lo que hicieron fue beneficiar a los especuladores locales y foráneos.

Finalmente, luego de la expropiación a Repsol la gestión “nacional y popular” ejecutó un naftazo total de 230% desde 2012 hasta diciembre de 2015, y procedió a la entrega de Vaca Muerta a Chevron, otorgándole concesiones leoninas para permitirle inversiones mínimas y libertad para fugar dividendos. Más tarde, generalizaría esas cláusulas a todos los pulpos petroleros con la Ley de Hidrocarburos.

Buitres

Con todo, quienes hoy tienen en vilo al Estado argentino poco tienen que ver con el Grupo Petersen. Sus empresas se declararon en quiebra y el derecho a litigar fue comprado por un estudio de abogados inglés, Burford Capital. Adquirieron el 70% de los derechos por 15 millones de dólares en 2015, y revendieron parte de ellos obteniendo una ganancia de 236%. En caso de lograr efectivamente el fallo favorable a su demanda, embolsarían hasta un 500% sobre lo “invertido”. Un negocio tan redondo sólo es comparable al rendimiento que supieron conseguir los fondos buitre en 2016, tras el pacto infame que votó el Congreso Nacional por orden de un juez de Nueva York.

El juicio contra YPF es por todo esto una estafa contra el país, en beneficio de un fondo buitre que especula con la subordinación del Estado argentino a los tribunales internacionales. Cuando Burford se embarcó en esta operación, Kicillof ya ensayaba la política de “vuelta a los mercados” pagando todas las sentencias del CIADI contra Argentina, que sumaron 1.000 millones de dólares sólo durante los últimos años de gobierno de CFK.

El dato de color es el ocultamiento de quiénes son los propietarios del otro 30% de los derechos para litigar, que se asociaron a Burford en este megajuicio. Algunos medios vaticinan un escándalo de gran impacto en el plano local en caso que la jueza a cargo de la causa resuelva una investigación a fondo, que podría sacar al descubierto cuáles son los demandantes argentinos que especulan con este nuevo desfalco al Estado.

El panorama para Argentina es más complejo que la posibilidad cierta de un fallo que obligue a pagar 3.500 millones de dólares. Con ello, se fijaría un precedente para la causa que se está iniciando por el pasivo ambiental dejado por la norteamericana Maxus, que YPF compró en los ’90. La demanda, radicada también en Estados Unidos, es por 14.000 millones de dólares. A la deuda externa impagable, se le suman así nuevos juicios impulsados por fondos buitre que embolsan ganancias siderales.

Sólo quienes planteamos la ruptura con el FMI sostenemos el rechazo a esta estafa antinacional. Los que se candidatean para pagar al Fondo son quienes mantienen la colonización de Argentina, cuyo régimen jurídico, económico y político es ubicado por debajo de un tribunal municipal de Nueva York.