El kirchnerismo volvió a hacerse eco de un planteo ya anunciado de creación de un “aporte especial” sobre los bienes y divisas fugados al exterior para el pago de la deuda con el FMI. Se trata de un planteo que busca encubrir el acuerdo de todo el oficialismo con el pago de la deuda externa y que no impide el programa de ajuste del FMI.

La propuesta reapareció de la mano del bloque de senadores del Frente de Todos, con un comunicado público que anunció que impulsarán un proyecto para la creación de un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”, rememorando propuestas como las del diputado oficialista Itaí Hagman de un “Bono Patriótico” y la iniciativa del arco de agrupaciones centroizquierdistas K para gravar los activos de los “grandes fugadores”.

La iniciativa esconde que durante los dos primeros años del gobierno de Alberto Fernández se fugaron 25.342 millones de dólares, engrosando los 360.082 millones de dólares privados en activos el exterior o afuera del sistema financiero local.

Viniendo del kirchnerismo representa una estafa indisimulada sobre cómo hacer frente al pago de la deuda externa, buscando encubrir en una arenga contra los fugadores el hecho de que el kirchnerismo duro reivindica el pago al FMI, cosa que quedó de manifiesto en la reunión sostenida por la vicepresidenta y el embajador norteamericano Marc Stanley.

Una propuesta de propaganda

La iniciativa del kirchnerismo plantea alcanzar a quienes tienen bienes y activos en el exterior, evaden impuestos y/o lavan dinero, sin importar el origen de esos fondos, con un “aporte” de un 20% de los bienes no declarados, que debería realizarse en dólares. Para quienes se avengan a este “eventual” proceso pasados los primeros seis meses la alícuota ascenderá al 35%.

La amenaza para quienes no paguen el aporte, de aprobarse el proyecto, sería cargar con causas penales, aunque esto ya rige actualmente para la evasión fiscal y el lavado de dinero… aunque se aplica poco y nada.

El proyecto incorporaría un estímulo a la “colaboración”, con una participación económica de hasta el 30% de lo obtenido para quienes brinden información. También se apuntaría a habilitar la ruptura de acuerdos de confidencialidad de los bancos y entidades financieras con los evasores.

No se trataría de una iniciativa novedosa: desde el retorno de la democracia existieron cinco blanqueos oficiales, con Alfonsín, Menem, dos veces bajo el kirchnerismo y una con Macri. Cabe señalar que las experiencias kirchneristas fueron las más fallidas, recaudando 4.700 millones de dólares en 2009 y solo 2.600 millones entre 2013 y 2015.

El macrismo fue quien llegó más lejos, “sincerando” unos 116.800 millones de dólares, incluidos recursos fugados por familiares de funcionarios públicos y mandatarios, y con la opción de conservar los activos en el exterior. Una ganga que disminuyó ostensiblemente el impacto económico de la medida, la cual se disperso en una nueva fuga y en el pago de la deuda externa.

El gobierno, a su vez, ofrece actualmente facilidades para repatriar fondos del exterior, con rebajas en el impuesto de Bienes Personales, buscando ingresar al menos una porción de los activos depositados en el extranjero: es decir que no faltan opciones de blanqueo, por lo que la propuesta oficial se vuelve más inconsistente.

Gravar lo fugado para volver a fugar

La iniciativa kirchnerista plantea, en el mejor de los casos, gravar los bienes fugados y no declarados para transferir esos recursos al pago de la deuda externa: es decir, volver a fugarlos, pero blanqueados.

No supone la recuperación de los recursos extraídos del país, los que se retiran por medio de operaciones fraudulentas, sociedades offshore, maniobras contables e incluso acuerdos impuestos por el capital internacional al gobierno nacional.

Tampoco se propone una política para evitar que continúe la sangría de capitales y la huelga de inversiones, sino garantizar las acreencias del FMI e implementar el programa de ajuste pactado. Para lo K es la mayor de las imposturas, ya que se utiliza como recurso propagandístico para ocultar su responsabilidad en el ajuste en curso.

Lejos de otro blanqueo para que los evasores sigan evadiendo y los fugadores sigan fugando, el Estado debe garantizar el control de cambios y la nacionalización de la banca, y valerse de todos los recursos para evitar la sangría de capitales y repatriar los recursos fugados y no declarados. Pero no para entrar por una puerta y salir por la otra, de la mano del FMI, sino para garantizar un plan económico y de desarrollo industrial bajo la dirección de la clase obrera.

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