El gobierno, mediante la Anses y la Afip, obedeciendo las órdenes del FMI, fijó una serie de restricciones socioeconómicas y patrimoniales para ingresar a la moratoria previsional. De esta forma, quienes trabajaron toda su vida y fueron víctimas de fraudes laborales tendrán más trabas para poder acceder a una jubilación.

El FMI, a pesar de la menor recaudación tributaria a causa de la sequía, mantuvo intacta la meta fiscal de este año, que consiste en reducir el déficit primario al 1,9% del PBI. Para alcanzarla, el organismo, en su último comunicado, instó a “orientar el ingreso a la moratoria a quienes tengan mayor necesidad”, entre otras medidas de ajuste.

Siguiendo los dictámenes fondomonetaristas, el gobierno publicó en el Boletín Oficial las condiciones que limitan el acceso a la moratoria. Entre ellas, que el ingreso bruto promedio de los últimos doce meses no supere el límite vigente para acceder a las asignaciones familiares, hoy de $404.062, y que el consumo promedio de los últimos doce meses no supere el 80% de ese límite, cifra equivalente a $323.249,60 en la actualidad. A su turno, el patrimonio declarado no podrá ser superior a 2,4 veces el límite previsto para cobrar una asignación familiar (hoy $11.636.985,60), ni incluir un vehículo cuyo valor supere los $4.848.744.

En primer lugar, los requisitos mencionados son absolutamente restrictivos. Se deja afuera de la moratoria a trabajadores en edad para jubilarse por percibir un salario neto que apenas supera la Canasta de Consumos Mínimos medida por la Junta Interna del Indec, por tener una vivienda propia o un auto relativamente en condiciones. Esta exclusión se inscribe en el intento del Fondo Monetario de convertir a las jubilaciones en meros subsidios a la vejez más empobrecida, y quitarle su carácter de salario diferido.

Además, esa resolución mezcla “peras con manzanas”. No tiene nada que ver el sueldo que esté cobrando actualmente un trabajador con el problema que debería abordar la moratoria previsional: el hecho de que muchísimas personas en edad de jubilarse no computan los 30 años de aportes requeridos por haber sido víctimas del empleo informal y la desocupación. El Estado tendría que ocuparse de reparar los daños ocasionados por dicha estafa patronal y garantizar que todos podamos jubilarnos en tiempo y forma, en lugar de restringir el ingreso a la moratoria basándose en la situación actual en la que se encuentran quienes quieren postularse.

A estos requerimientos excluyentes se suma el impedimento de comprar dólares en el mercado oficial para aquellos que ingresen a la moratoria. Encima que fueron privados de aportes jubilatorios durante su vida laboral, ahora el gobierno los extorsiona haciéndoles elegir entre recibir una jubilación (que debería ser un derecho inapelable) o resguardar sus ahorros en divisas, en momentos donde la moneda local se desvaloriza día a día.

Al mismo tiempo, se omite que regirá un descuento sobre el monto que cobren quienes entren a la moratoria hasta completar los aportes faltantes, no se trata de un “regalo a quienes nunca aportaron”, como pretenden presentarlo sus detractores. Mientras tanto, los capitalistas que evadieron las cargas sociales, y son responsables de que sus empleados no hayan reunido los 30 años de aportes necesarios, saldrán totalmente indemnes. Incluso, continúan gozando de las rebajas a los aportes patronales, sostenidas por todos los gobiernos desde el menemismo, y profundizan la precarización laboral -al amparo del poder político-, agravando el desfinanciamiento al sistema previsional.

Sin ir más lejos, en el segundo trimestre 2022, el 52,4% de los ocupados estaba en al informalidad, según un informe del Instituto Torcuato Di Tella en base a datos del Indec. A su vez, “mientras que en el año 2002 el 78% de los aportantes era asalariado y el 8% monotributistas, 10 años después los índices eran de 74% y de 17%, respectivamente, y en 2022, de 69% y de 23%, en cada caso” (La Nación, 2/4), evidenciando que con el paso del tiempo fue empeorando la calidad del empleo, repercutiendo en los aportes jubilatorios. Así las cosas, el 65% de las jubilaciones que paga la Anses necesitó de una moratoria, por culpa de la defraudación empresarial no de quienes están condenados a un empleo no registrado.

Como vemos, la postración del Frente de Todos ante el FMI es total y los perjudicados nuevamente son los jubilados. Esta denuncia está dirigida especialmente al kirchnerismo, dado la titular de la Anses, la cristinista Fernanda Raverta, fue la encargada de cercenar la moratoria previsional, acatando las directivas del Fondo.

Rechazamos esta intromisión del FMI que ataca a los jubilados. Exigimos una moratoria irrestricta, cuyas cuotas estén a cargo de las patronales y el Estado. A su vez, debemos luchar por haberes equivalentes a la canasta de la tercera edad, aumentos indexados a la inflación y la defensa del 82% móvil. Es necesario recapitalizar la Anses reponiendo los aportes patronales, registrando a todos los trabajadores y repudiando la deuda usuraria. Abajo el ajuste fondomonetarista.

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