La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo en un acto de la CTA, y entre varias frases con las que se subió al tren de ataques al movimiento piquetero de Bullrich, Milei e incluso Kicillof, deslizó como inconcebible algo que fue una práctica común de su gobierno contra las luchas populares.

Cristina llamó a que “el Estado recupere el control, la auditoría y la aplicación de los planes sociales”, o sea que queden bajo el yugo del aparato del PJ y sus punteros, y para enfatizar agregó: “Así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza, ¿o se le ocurre a alguien que podemos tercerizar a la policía?”.

Los gobiernos kirchneristas precisamente tercerizaron de forma recurrente la represión a las luchas de los trabajadores, y alcanza con recordar el asesinato de Mariano Ferreyra por una patota de la burocracia sindical de la Unión Ferroviaria, esa que poco antes Cristina había calificado como ejemplo del “sindicalismo que construye”, y que era socia del Estado y las privatizadas en la tercerización laboral contra la que luchaban Mariano y los ferroviarios aquel 20 de octubre de 2010. El kirchnerismo utilizó a mansalva las tercerizaciones para provocar la precarización laboral, que fue el signo de la “década ganada”.

Escuchas telefónicas comprobaron la complicidad entre el entonces ministro de Trabajo Carlos Tomada (casualmente reivindicado ahora por Cristina en su discurso) y José Pedraza, entonces secretario general de la Unión Ferroviaria, para diagramar el ataque letal. La patota asesina actuó además con la connivencia de la Policía Federal y Bonaerense que liberaron la zona.

El ejecutor del disparo mortal fue Cristian Favale, barrabrava de Defensa y Justicia. Una de las barras que integraba “Hinchadas Unidas Argentinas”, un proyecto del gobierno kirchnerista que institucionalizaba a estos grupos de choque y meses antes los había llevado al mundial de fútbol de 2010.

Cabe recordar otros acontecimientos en la misma línea. La brutal represión de la Uocra a los cortes de ruta de los docentes neuquinos en 2006, o el ataque de ese mismo año a los trabajadores del Hospital Francés con punteros del PJ y la barrabrava de Chacarita. El brutal ataque con una patota de la UPCN a los trabajadores del Indec en 2007, o los ataques de los matones de UTA a los delegados de Metrovías en aquel año.

Es el caso de Aqualic en 2012. El ataque con armas de fuego a la carpa de Lear en 2014. El asesinato con armas de fuego de Darío Ávalos en manos de una patota de la Uocra, dirigida por uno de los burócratas predilectos en ese entonces de Cristina, Gerardo Martínez, quien no solo fue un servicio de la dictadura sino que se consagró como patotero una y otra vez con la complicidad del Estado.

Bajo el kirchnerismo esto fue una política de Estado contra los trabajadores. De hecho los actuales ataques de Cristina están en el ADN de esta fuerza: ya en octubre de 2003 Néstor Kirchner anunciaba la creación de una brigada policial “antipiquetera”, como hoy piden los Milei y Marra, pero luego debió recular, y precisamente se valió desde entonces de la tercerización de la represión.

En el acto, la vicepresidenta sostuvo también que “a los que no les gusta mirar el pasado, será porque no les gusta lo que hicieron”. Y que, en su caso, “no tiene problemas con su pasado ni con el del peronismo”. A confesión de parte, las pruebas están sobre la mesa.

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