Políticas

12/12/2017

El kirchnerismo y la masacre de la Amia

Los archivos no dejan mentir.

El atentado a la mutual judía Amia se produjo el 18 de julio de 1994, hace más de veintitrés años, y dejó 85 muertos y más de 200 heridos. El caso, que permanece impune, ha vuelto a ocupar un lugar central en los medios a raíz del fallo del juez Claudio Bonadio, quien imputó a CFK una supuesta traición a la patria por el Memorándum con Irán, firmado en 2013 con el presunto objetivo de avanzar en el esclarecimiento del atentado.


Luego del atentado a la Amia, el entonces canciller Guido Di Tella pronunciaría aquella famosa y sugestiva frase: “este es el precio que pagamos por ingresar al primer mundo”. Un año después, en 1995, Argentina pasaría a ser “aliado extra Otan”, coronando el papel de Argentina como peón en el tablero político y militar del imperialismo.


¿Cuáles son los intereses que guiaron la política de los gobiernos K durante la “década ganada”?


En 2004, fue Néstor Kirchner quien designó titular de la Unidad Fiscal de Investigación de la causa AMIA a Alberto Nisman y colocó como su mano derecha a Antonio Stiusso, factótum del Servicio de Inteligencia y agente virtual de los servicios norteamericanos e israelíes. Fue este hombre el que proporcionó las “pruebas” aportadas por el FBI, la CIA y el Mossad, que en 2006 Nisman convirtió en un dictamen cuya única función fue apuntalar los objetivos dictados por la diplomacia norteamericana.


 


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En 2006, el rabino Israel Singer, titular del Congreso Judío Mundial, se comunicó con el entonces presidente Néstor Kirchner para plantear “la importancia de lo realizado por la justicia argentina para responsabilizar a Irán y a Hezbollah por el atentado a la Amia [lo que] coloca a Argentina en un lugar significativo de la lucha contra el terrorismo” (La Nueva, 2/11/06).


En 2010, con CFK como presidenta, la Cámara de Representantes y el Senado de Estados Unidos produjeron un documento “aplaudiendo” –textual– “al gobierno de la Argentina por sus continuos esfuerzos en la investigación del atentado a la AMIA” (Ámbito Financiero, 8/7/10). Con un atentado que estaba sumido en la impunidad, el saludo alborozado del Congreso norteamericano no estaba vinculado a ningún logro de investigación, sino a la sintonía de la política del gobierno argentino con la diplomacia yanqui que, en ese momento y junto a Israel, tenía en la lista de sus enemigos fundamentales al régimen iraní, considerado “el eje del mal” en la “guerra con el terrorismo”. Esto, en particular desde que Irán anunció su disposición a llevar un plan independiente de energía atómica –antes, en 2006, Hezbollah, con el auspicio de Irán, había derrotado a Israel en la “Guerra de Julio”.     


El seguimiento ciego  de los “nacionales y populares” a la política yanqui explica que “el fiscal Nisman, en sintonía con el gobierno, empezara investigando la pista siria para luego de tres años volver a la pista iraní, con acusaciones al gobierno de Irán y a varios (…) de sus funcionarios” (Clarín, 8/7/10). ¿Por qué el cambio? Siria acababa de pronunciarse a favor de los acuerdos de paz con Israel, en sintonía con la línea de Estados Unidos en Medio Oriente. Por si se requirieran más pruebas, los cables de la embajada norteamericana en Argentina, dados a conocer por Julián Assange, revelaron que “Nisman recibía órdenes directas de la embajada estadounidense de no estudiar la pista siria y la conexión local y dar por cierta la culpabilidad de los iraníes (…) que Nisman le anticipaba sus dictámenes y los fallos del juez Canicoba Corral a la embajada (norteamericana) con varios días de anticipación” (Santiago O’Donnell, Argenleaks, 2011).


El armado de la “investigación” en función de los intereses yanquis trajo consigo la subordinación de las fuerzas de seguridad argentinas a la CIA, la DEA y el Mossad. El mismo documento del Congreso llama al presidente de los Estados Unidos a dirigir las fuerzas de seguridad para prestar apoyo y cooperación al gobierno de la Argentina. En esto no estuvo solo CFK. Mauricio Macri declaró en una reunión con las cúpulas de la Amia y de la Daia que había nombrado a Fino Palacios, admitido destructor de pruebas del atentado a la Amia, al frente de la Policía Metropolitana “por recomendación expresa de la CIA y el Mossad” (La Nación, 4/7/2010).    


 


Viraje y continuidad                                                   


Hasta fines de 2010, CFK acusó al gobierno de Irán por encubrir a los culpables del atentado a la Amia. En 2011 pegó un viraje, planteando a Irán la formación de una comisión llamada a desentrañar lo ocurrido. El Memorándum surgido de este giro fue un monumento a la impunidad: excluyó al conjunto de la trama mafiosa estatal –“conexión local”– que confluyó en el atentado, no obligó a las partes a nada y murió al momento de nacer, desde el momento que no fue aprobado por el parlamento iraní. De cualquier modo, jamás rompió con la estrategia diplomática y política del imperialismo norteamericano que, por aquellas fechas, iniciaba las tratativas que conducirían al acuerdo nuclear con Irán. El Memorándum vino a coincidir con el ascenso de Hasán Rohaní, cabeza política del cambio de frente de la burguesía iraní, orientada al acuerdo con el imperialismo y a ser parte, junto con el gobierno de Vladimir Putin y Estados Unidos, del (fallido) plan de recambio “ordenado” en Siria.


A esta altura nadie puede desconocer la filiación pro imperialista de la diplomacia de ambos gobiernos K, que jugaron su papel en encubrir las responsabilidades del atentado terrorista contra la Amia, bajo la dirección de los servicios de espionaje extranjeros. Como los gobiernos anteriores, fijaron la responsabilidad de los atentados a miles de kilómetros de distancia pero las “conexiones internas” jamás fueron develadas.


El gobierno de Mauricio Macri vuelve a transitar ahora la misma senda, acompañando la línea de confrontación bélica de Trump con Irán, en total sintonía con el sionismo. No por casualidad, el fallo Bonadio es simultáneo a la decisión del gobierno yanqui de proclamar a Jerusalén como capital de Israel. El gobierno y la justicia argentina vuelven a ser peones del Departamento de Estado y de la política de guerra del imperialismo, expresada en Medio Oriente.


El juicio y castigo en el “caso” AMIA plantea, como primer paso, abrir los archivos de la ex Side y de todas las fuerzas de seguridad sobre el atentado y exigir la apertura de los archivos de todos los Estados y servicios involucrados. Néstor Kirchner prometió abrir los archivos de la Side pero jamás lo hizo –sólo los guardados en la presidencia, un manojo de recortes inútiles–, quizás a conciencia de que esto podría sacar a luz que los autores materiales de las masacres estaban bien cerca, entre los miembros o cooptados de los servicios de inteligencia, jamás depurados de los “grupos de tareas” de la dictadura. La oposición se niega a plantear este reclamo porque comparte la política de encubrimiento. La caída de la impunidad revelaría una estructura mafiosa con un conjunto de protagonistas: Estados Unidos y la CIA, los gobiernos argentinos desde Alfonsín hasta los K, los gobiernos y servicios de Israel, Irán y Siria, las dirigencias de la comunidad judía…