El rechazo del oficialismo al proyecto que recibió dictamen de mayoría el pasado martes 10 en la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que plantea la apertura de archivos y documentos relacionados con la desaparición de Julio López, echa por tierra a la campaña macrista, que impulsó fuertemente en las redes preguntando ¿Dónde está Julio López? para contrarrestar el ¿Dónde está Santiago Maldonado? dirigido al gobierno nacional.

 

El proyecto, que fuera presentado por Myriam Bregman y apoyado por los diputados del FIT que integran la comisión, Pablo López (PO) y Juan Carlos Giordano (IS), también reafirma el carácter de clase del gobierno, que defiende el secreto de un Estado conspirativo y represor contra el movimiento popular.

 

Las diputadas del bloque de Cambiemos recurrieron a la Ley de Acceso a la Información Pública para rechazar la apertura de archivos, ya que la misma entraría “en colisión” con los principios de aquella ley. Esto porque la ley plantearía el acceso público e irrestricto, y el proyecto presentado por el FIT, alrededor del caso Julio López, sería un retroceso porque fija el acceso solo a querellantes, organismos de derechos humanos y toda persona física que tenga interés.

 

Eso es falso por partida doble.

 

En primer lugar, la ley de Acceso a la Información Pública no representa una apertura de archivos y acceso irrestricto a la información, tal como denunció nuestro diputado Pablo López en el debate en recinto, donde destacó que “esta ley, en nombre de la transparencia, consagra los secretos y la conspiración del Estado”, ya que en su artículo 8 coloca una serie de excepciones al acceso a la información, que finalmente terminan siendo la regla (prensaobrera.com 18-5-16).

 

Por esa ley, los archivos del atentado a la AMIA seguirán cerrados, como tampoco se podrá conocer el paradero ni qué paso con los hijos, no encontrados aún, de los detenidos desaparecidos de la última dictadura. Además continuará el secreto financiero y bancario y de los gastos de la UFI (protegiendo a los fugadores seriales y lavadores de dinero), entre muchas otras excepciones.

 

En segundo lugar, es falso porque en ningún momento el proyecto de ley de apertura de archivos que defendieron los diputados del FIT plantea la restricción a los sectores mencionados, sino el acceso irrestricto y sin condicionamientos a todos aquellos afectados en la lucha por esclarecimiento y justicia por la desaparición de Julio López.

 

Las argumentaciones falaces de las diputadas del bloque de Cambiemos están en la misma sintonía encubridora de todo el gabinete nacional alrededor de la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Contribuyen al ocultamiento de información y al encubrimiento del aparato de Estado y sus fuerzas represivas.

 

Todos responsables

 

A los límites de la campaña mediática del PRO, mostrando “preocupación” por la desaparición de López, se le suma la impostura del FPV en el apoyo a la apertura de archivos sobre la desaparición de Julio López, cuando Néstor y Cristina mantuvieron bajo siete llaves los archivos de inteligencia, jamás fueron investigadas las fuerzas de seguridad provinciales ni los servicios de inteligencia y no hubo detenidos ni imputados, e incluso la justicia apuntó a la familia, como sucede ahora con el caso Maldonado.

 

Aníbal Fernández, a pocas horas de la desaparición de Julio López dijo que podía estar tomando té en la casa de su tía. Ahora, Lilita Carrió, dice que “el chico” podría estar en Chile con el RAM mapuche. No es casualidad, no es coincidencia, los unen la defensa de un Estado opresor y conspirativo contra las masas.