Luego de la reunión de urgencia del jueves, entre directivos de clínicas privadas y el secretario de Comercio Augusto Costa, se dio marcha atrás en la decisión de cobrar adicionales (los llamados “copagos”) a los usuarios de empresas de medicina prepaga. El conflicto se desató luego de que las empresas consideraron insuficiente el último aumento autorizado por el gobierno, del 7,5% a partir del 1° de octubre. El acuerdo para suspender el cobro de adicionales se anunció luego de las gestiones de Costa para “impulsar una instancia de diálogo que incluya a prestadores, financiadores y a la Superintendencia de Servicios de Salud”. En definitiva, las empresas cambiaron la amenaza del copago por un nuevo aumento de las cuotas en diciembre, que sería del orden del 10%. El negocio de las prepagas El mismo Costa reconoce el “crecimiento fenomenal” de las empresas de medicina prepaga, que cuentan actualmente con alrededor de 6 millones de afiliados. Los voceros de los capitalistas del sector anunciaron que sin aumento no iban a poder cumplir con sus obligaciones, en primer lugar, con las que surgen de las últimas paritarias. Pero esos aumentos salariales quedaron por debajo de la inflación, y en la mayor parte de las provincias no llegaron a superar el 30% y en cuotas. Las clínicas y sanatorios privados están hoy dentro de los mayores “negreros”, con profesionales trabajando con monotributo y todo tipo de tercerizadas de mantenimiento y limpieza. Durante el kirchnerismo, las prepagas lograron captar una masa creciente de los afiliados de las obras sociales, que son hoy alrededor de la mitad de sus usuarios, afianzando de esta manera el sistema de derivación de aportes de Menem-Cavallo y vaciando el sistema de aportes “solidario”, con el acuerdo de la burocracia sindical. El sistema de copago es un mecanismo que ya se aplica en varios planes, y es una práctica muy extendida en todo el interior del país. Ningún aumento para quienes la “levantaron en pala”, deben abrirse los libros contables de las prepagas y avanzar hacia un sistema único de salud pública, estatal y bajo control de los trabajadores, para terminar con el lucro y la explotación laboral y asegurar el derecho a la salud.