A través de su hermano Carlos, el ministro de Trabajo Jorge Triaca acordó el pago de un monto indemnizatorio de $340.000 a su ex empleada, Sandra Heredia. Inmediatamente, los operadores de Triaca dieron a conocer el acta ocultando deliberadamente, sin embargo, el monto acordado y difundieron la versión de que el "documento confirma que el ministro de Trabajo no mantenía relación laboral con la señora Heredia" y que “el vínculo [entre Heredia y su empleador] era formal”. No caben tantas mentiras en una misma frase, al mismo tiempo que sobran los ocultamientos.



“Está claro que nada de lo que se dice se ajusta a la verdad”, remarcó el abogado Walter Lasagno en declaraciones al portal OPI Santa Cruz, que fue el primero en difundir el bochornoso audio del ministro. “En todo caso, si alguien reconoció su falta fue la familia Triaca, porque de los 66 mil pesos que pretendían pagar [en un principio], terminaron reconociendo 340 mil, claramente porque estaban haciendo un cálculo erróneo y no contabilizando los años de trabajo en negro de mi representada”. Heredia declaró cobrar en mano $19.500, mientras que la suma blanqueada por sus empleadores en los dos últimos años fue de $7.924, aproximadamente un 40% de su salario, y continuó cobrando el resto en negro.



Pero la difusión del mensaje de audio que le envió el ministro para echarla de su empleo –"¡Sandra, no vengas! ¡No vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre, sos una pelotuda!"– no sólo desató un escándalo al revelarse que el titular del ministerio que debería velar por el cumplimiento de las normas laborales mantenía en negro a su empleada sino que ésta además denunció que Triaca la había designado como delegada interventora en la seccional San Fernando del SOMU. Asimismo, esto trajo a colación que Triaca había nombrado a otras 250 personas en el sindicato marítimo intervenido y que al menos cuatro de sus familiares directos fueron designados como funcionarios en el Estado. Entre ellos, su hermana Lorena, directora de Asuntos Externos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional y además titular de una empresa distribuidora de equipos de comunicación beneficiaria, en mayo de 2016, de una contratación directa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por $7 millones.



En un intento de enfriar las repercusiones, el gobierno le pidió a Triaca que adelantara sus vacaciones y promovió este acuerdo, ocultando sus términos, de modo tal de preservar al ministro y su familia de ñoquis. 



“Yo, quiero aclarar que hice un respetuoso silencio hasta hoy, porque entiendo que entre las partes deben existir códigos de confidencialidad sobre lo que se firma, pero claramente el gobierno tiene tanta necesidad de limpiar la imagen del funcionario, que han avanzado, rompiendo esta promesa implícita entre los abogados, donde nos comprometemos a guardar reserva sobre lo actuado”, agregó el abogado de Heredia.



Más allá de lo anecdótico –y de pintar de cuerpo entero al clan Triaca–, la justa denuncia de Sandra Heredia produjo un sacudón político en relación al inminente tratamiento de la reforma laboral antiobrera, pergeñada por el gobierno y la burocracia de la CGT.