El gobierno ha lanzado todos los recursos del Estado, desde el aparato de represión a la Justicia, contra la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú. Montó una acusación contra los dirigentes del corte por 18 delitos penales, incluido “homicidio culposo” por un motociclista que se estrelló contra un camión en la zona, apelando a una ley de  la dictadura de Onganía.

El gobierno habilitó por primera vez a Gendarmería para “notificar” a los asambleístas, una acción intimidatoria. Estos respondieron de manera contundente: “aquí no hay delito, sino el ejercicio constitucional de un derecho a la protesta (…). La continuidad de la protesta de Gualeguaychú tiene que ver con la continuidad del delito en el que incurre Botnia”.

Después de que el gobierno criminalizara el corte días atrás, se montó una farsa de “negociación” con los asambleístas por partida doble. Por un lado, porque las tratativas se realizaron bajo la amenaza de un inminente desalojo y hasta de prisión a los líderes de la Asamblea. Por otro, porque intentaron venderle a los luchadores entrerrianos la versión de que Mujica y Botnia admitirían “un monitoreo interior” de la papelera. Con independencia de que Uruguay ha desestimado esta vía en nombre de la “seguridad jurídica” para las empresas que se instalan en su suelo, el órgano que debería materializar el monitoreo, la Comisión Administrativa del Río Uruguay (Caru) “se reunió seis veces en este año, pero sigue paralizada tras años de conflicto” (Clarín, 15/6). El gobierno pretende forzar el levantamiento del corte a cambio de una auditoría que nadie está dispuesto a asegurar. Cuando la Asamblea, de todos modos, consideró esta cuestión, la respuesta del gobierno “fue ir más a fondo y mostrar que no está dispuesto a otorgar ni un momento de respiro a la protesta contra la papelera” (La Nación, 15/6).

La oposición política patronal forma parte de este operativo. Tanto Carrió como Macri se pronunciaron a favor del desalojo inmediato.

El gobierno de la minería contaminante no va a obligar a Mujica a probar la potencialidad destructiva de Botnia. Lo que quieren es hacer negocios con la pastera, venderle el pino cultivado de Entre Ríos y Corrientes. De ninguna manera cerrarla. Al revés, los K prometieron colaborar con el dragado de Martín García para transportar mejor la pasta de las Botnia de la zona. Es parte de la agenda de grandes negocios capitalistas que están por detrás de la constitución de la Unasur, por la cual Mujica apoyó la candidatura de Néstor Kirchner a la presidencia del organismo. Es una “santa alianza” continental. La alternativa es que todo el movimiento contra el saqueo y la depredación ambiental en todo el país cierre filas en apoyo a Gualeguaychú, para frenar la avanzada contra el corte y resolver un plan de lucha hasta quebrar el operativo continental en su contra.