En las universidades, los terciarios y los secundarios hay una gran conmoción por el triunfo de Javier Milei. El libertario asume luego de haber planteado durante mucho tiempo la necesidad de avanzar en una privatización de la educación y de cerrar el Conicet, el Incaa y otros organismos relacionados a la investigación y la cultura. El programa de Milei es un verdadero plan de guerra contra la educación pública.

Sobre este punto es necesario reflexionar: ¿Cómo es posible que alguien con estos planteos haya no solo ganado la elección, sino que lo haya hecho en gran parte apoyado en la juventud?

El gobierno antieducativo del Frente de Todos

El gobierno de Alberto Fernández asumió en 2019 con la promesa de poner en valor la educación pública. Luego de cuatro años en los que fue profundamente golpeada por el gobierno de Mauricio Macri, un enorme sector de la comunidad educativa (estudiantes, docentes, no docentes e investigadores) depositaron su expectativa en el recambio de gobierno.

Sin embargo, esta expectativa fue rápidamente desechada. Bajo los cuatro años del gobierno del Frente de Todos, la única constante fue el recorte presupuestario a la educación pública. En 2020, el presupuesto fue aumentado tan solo un 7% frente a una inflación del 36%.

Utilizando la pandemia de pretexto, el gobierno nacional avanzó en un ajuste en regla que privó a estudiantes y docentes de contar con los equipos necesarios para garantizar su continuidad pedagógica a la distancia, en un congelamiento de las becas Progresar y en un recorte salarial en toda la línea contra el conjunto de les trabajadores de la educación. Les docentes se tuvieron que cargar al hombro una virtualización sin recursos, con el agravante de la interrupción del programa Conectar Igualdad.

La crisis económica y el brutal ajuste que el gobierno cargó en las espaldas de les trabajadores fue un factor determinante. Mientras avanzaba la pandemia, se expuso cómo les jóvenes, que en su mayoría tienen laburos precarios o en negro, se vieron inmediatamente empujados a no percibir ningún ingreso. El IFE, en ese momento de $5.000 mensuales, lejos estuvo de cubrir las necesidades más elementales, lo que obligó a miles de pibes a tener que dejar de cursar en todos los niveles, llevando la deserción a niveles récord.

El abandono de millones de pibes a su suerte fue el caldo de cultivo para que progrese una campaña reaccionaria de sectores derechistas que, decidiendo de manera consciente exponer a docentes y alumnos a un riesgo sanitario de contagio, avanzó con la bandera de “abran las escuelas”. Tomado con fuerza por el gobierno de la Ciudad, la vuelta forzosa a las escuelas expuso dos realidades simultáneas: la falta de condiciones de los colegios de todo el país (sin ventilación o recursos de higiene básicos) y un sistema de salud que no daba a basto. Esto forzó al gobierno a ir hacia un nuevo cierre en mayo. Con todo, hubo millones de contagiados y también muertes. En ambos lados de la General Paz, con Larreta o Kicillof, la “grieta sanitaria” se zanjaba rápidamente con colegios sin condiciones.

La emergencia de Milei en este ámbito no responde exclusivamente a un fenómeno de “derechización” de la juventud; son millones de pibes los que se vieron dejados a su suerte durante dos años. La vuelta a los colegios los encontró con una realidad aún más desmejorada que la que primaba en 2019.

El recorte presupuestario se profundizó en 2021 y 2022, con aumentos del 17% y 23% frente a una inflación del 54% y 94% en cada año (respectivamente). El 2022 tuvo como agravante la subejecución del presupuesto, impulsada por el interinato de Batakis y el “superministro” Massa.

Aunque la totalidad de los votantes de Milei no defienda a fondo este planteo, negar que hay votantes de Milei que fueron ganados al planteo de la privatización es una lectura antojadiza de la realidad. La defensa de la educación pública no puede hacerse sobre la base de defender un sistema en el que todos los niveles educativos vienen de sufrir un retroceso en todos los terrenos.

Sirviéndose de un ahogo presupuestario cada vez mayor, los gobiernos, desde los Menem a los Fernández, pasando por los Kirchner y Macri, avanzaron por distintas vías hacia la privatización. Ya sea mediante la millonaria transferencia de recursos (subsidios) a colegios clericales, las reformas de planes de estudio para quitar contenidos y montar posgrados arancelados, o reformas como la NES (2006) o la Secundaria del Futuro. Los gobiernos nacionales, de la Ciudad o provinciales vienen avanzando hacia una mayor ligazón de la educación con los intereses capitalistas.

Ocurre que tanto el carácter como la orientación social de la educación no se definen por la diferenciación entre lo público y lo privado. La educación pública es utilizada por la clase capitalista como un instrumento para formar mano de obra de manera diferenciada.

Si en momentos de ascenso del capital la clase capitalista priorizó la defensa de la educación pública para formar una mano de obra calificada, la descalificación educativa que vivimos hoy responde a la destrucción del aparato productivo por parte de la burguesía desde la dictadura en adelante.

En la Argentina asistimos a un fenómeno de “sobrecalificación” de la mano de obra, es decir que existe más gente calificada de la que el mercado laboral es capaz de absorber. Lejos de utilizar este fenómeno para desarrollar la capacidad productiva de la Argentina, la clase capitalista resuelve este problema avanzando hacia una descalificación de su mano de obra, y también de la educación, con la destrucción de contenidos y la descalificación de todos los niveles educativos para desvalorizar la mano de obra y maximizar el margen de ganancia mediante una mayor precarización.

La privatización educativa, viejo anhelo del capital en Argentina, tiene que ver con que, aparejada al desguace del aparato productivo nacional, está la necesidad de recomponer la tasa de ganancia abriendo nuevos nichos de negocios.

La defensa de la educación pública debe desarrollarse con un programa independiente de los capitalistas y sus partidos. Debemos discutir el carácter, la orientación y los contenidos de la educación; debemos ligarla a los intereses sociales de la clase obrera, no en un terreno abstracto y discursivo, sino sobre la base de comprender nuestras necesidades concretas y reales. A las auditorías contra los planes sociales, les anteponemos estudios de las condiciones sociohabitacionales; al encubrimiento de las empresas contaminantes le anteponemos la demostración de los perjuicios de la actividad.

La estatización del movimiento estudiantil

Si partimos de la idea de que tenemos que enfrentar a Milei, hacer un balance sobre las herramientas que les estudiantes tenemos a disposición es fundamental. Actualmente, la mayoría de los centros de estudiantes y federaciones del país están dirigidos por Franja Morada (UCR) y el kirchnerismo.

Ambos tienen en común que presentan como salida a los problemas de les estudiantes la alineación de estos con determinados gobiernos (el “hay 2019” peronista, por ejemplo) o en su defecto con autoridades universitarias. Ya presentamos la política de la UCR en la universidad, y el kirchnerismo también es una parte fundamental del antidemocrático régimen universitario. Son los beneficiarios del arancelamiento de la universidad y de los convenios con empresas, generando para sí recursos propios y cajas millonarias. La comunión de estos dos sectores llegó a tal punto que impulsaron este último mes numerosas acciones en común, una expresión de la unidad nacional promovida por Sergio Massa.

Si bien esto no es ninguna novedad para sectores como Franja Morada y La Cámpora, desde 2015 en adelante el kirchnerismo fue cooptando a un gran conjunto de agrupaciones políticas que con enormes límites se paraban en un campo de independencia política frente a las camarillas universitarias. El principal ejemplo es la juventud de Patria Grande, La Mella, que pasó de formar parte de la FUBA junto con la izquierda a integrar distintas gestiones universitarias en todo el país.

El “Hay 2019” traía consigo la promesa de que la integración de estas juventudes a las gestiones universitarias traería aparejada una mejora de las condiciones de cursada, a partir de una “lucha desde adentro” de estos sectores. La experiencia real del proceso nos muestra lo contrario: la juventud funcionaria fue un factor clave para llevar adelante el ajuste en la universidad, como así también para inmovilizar al conjunto de los centros de estudiantes. A tal punto es así que reformaron los estatutos de la Fuba para autoextender los mandatos de las actuales conducciones, espaciando cada vez más la deliberación entre estudiantes, mientras había cada vez menos participación en las movilizaciones educativas. Los centros y las federaciones acentúan cada vez más su condición de lugar de prebendas y no de espacios de organización. Esto contrastó con la combatividad de las conducciones independentes del CEFyB y el CEV, que convocaron instancias de deliberación y movilización desde el día 1.

Un fuerte contraste lo marca la conducción del CEFyL, alineado con la gestión de Manetti, que ha llegado al punto de convocar una asamblea trucha, movilizando al conjunto de su militancia en toda la universidad… ¡para avalar el recorte de horarios de la gestión! La integración de la juventud funcionaria muestra límites evidentes para organizar la defensa de la educación; además, se ha puesto claramente del otro lado del mostrador, utilizando las herramientas gremiales para darle legitimidad a un recorte de horarios que perjudica a cientos de estudiantes.

Lo mismo cabe a la hora de analizar la reforma de los planes de estudio. Tanto en el caso de Medicina, donde ya fue aprobada, como en Psicología, donde se tratará en 2024, el bloque radical (Franja Morada-Nuevo Espacio) y el kirchnerista (La Cámpora-Mella) aprobaron (o se preparan para aprobar en el caso de Psicología) la reforma, que implica un recorte de contenidos y una desvalorización del título.

En ambos casos, el papel que tuvo nuestra corriente fue el de denunciar y movilizar a estudiantes. Ya sea contra el recorte de horarios o contra el recorte en los planes de estudio, nos pusimos a disposición y llamamos a movilizar al conjunto de les estudiantes en defensa de su formación y su cursada. Cabe preguntarse entonces hasta qué punto estas reformas hubieran pasado si les estudiantes hubiesen contado con sus conducciones para enfrentarlas.

Los resultados, en ese punto, están a la vista: el retroceso concreto y real de las condiciones de cursada llevó a que una gran cantidad de estudiantes de la educación pública asocie estas herramientas a los gobiernos y las autoridades, lo que llevó a que se vuelque a la alternativa libertaria.

Organicemos el plan de guerra de los estudiantes

Recuperar los centros de estudiantes de las manos de las autoridades universitarias para volver a darles un carácter independiente y combativo es una tarea de primer orden para quienes realmente queremos defender la Universidad. El retroceso que tuvo la izquierda en la universidad estos años y el mayor aislamiento de los centros combativos deben ser rápidamente superados con instancias de coordinación, deliberación y movilización que puedan sacar al movimiento estudiantil de su parálisis. Finalmente, la experiencia de lucha concreta de les estudiantes vale más que mil programas. Servirnos de la experiencia reciente y sus lecciones tiene un valor fundamental para la etapa que se viene.

Para esto, les estudiantes tendrán que transitar una etapa con las conducciones existentes, lo que no puede llevar al movimiento a una parálisis. Será necesario entonces servirse de los recursos necesarios. Las asambleas autoconvocadas del segundo cuatrimestre, como la de Sociales o Filo (UBA), marcan que mientras preparamos la lucha por recuperar las conducciones pueden generarse instancias de deliberación que busquen impulsar acciones con les trabajadores docentes y no docentes. Será un desafío de la etapa empalmar la pelea por las reivindicaciones estudiantiles con la lucha por el salario y las condiciones de trabajo que se verán fuertemente atacadas por el gobierno de Milei. El Cabildo Abierto convocado por la AGD en octubre puede ser un buen punto de apoyo y reagrupamiento que permita generar instancias de coordinación, deliberación y movilización que superen la parálisis de los centros integrados a las gestiones.

La etapa que se abre no estará exenta de choques. La política de ajuste de Milei, que tendrá una gran magnitud, va a ser un factor de crisis para el conjunto de la universidad, que puede llevar a choques inclusive con las gestiones. Sin embargo, el régimen universitario dio sobradas muestras de su capacidad de adaptarse a los cambios de gobierno. Los choques circunstanciales convivirán con acuerdos que las autoridades tejerán con el gobierno de Milei, lo que hace necesario superar cualquier expectativa en que este sector sea un factor de lucha contra Milei.

En ese punto, aparecerá la discusión sobre con qué sectores salir a luchar. La respuesta debe ser automática: con todo el conjunto más amplio y variado. Finalmente, la experiencia en la lucha es el mayor factor de clarificación política que puede haber, porque muestra hasta qué punto está dispuesto a llegar cada sector; es allí donde les estudiantes sacarán sus conclusiones, lo que vuelve necesario impulsar acciones de frente único en todos los lugares de estudio, dejando de lado cualquier actitud sectaria y conservadora.

Cabe aclarar, sin embargo, que un frente único no debe confundirse con ninguna colaboración, como señala la máxima “golpear juntos, marchar separados”. Habrá que sacar conclusiones políticas de cada proceso e instancia. Es evidente que, de no superar a las direcciones estudiantiles funcionarias, el movimiento estudiantil caerá nuevamente en la misma trampa.

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