El movimiento Todos por la Patria (MTP) nos ha hecho llegar los extractos de una entrevista efectuada a Gorriaran Merlo por el diario Noticias de Paraguay, con la intención, nos fue señalado, de dejar en claro, ante las críticas efectuadas en Prensa Obrera (Nº 480, 16/1/96), la posición del MTP acerca de un probable indulto de Menem a los carapintadas de Seineldín y a los compañeros presos por los hechos del cuartel de La Tablada, simultáneamente.

¿Cómo interpretás los indultos en ciernes hacia los carapintadas y los miembros del MTP encarcelados?

Las tres variantes que permite la Constitución vigente para estos casos son: la amnistía, el indulto o la reducción de condenas. La primera es una facultad del Congreso, mientras que las otras dos son una facultad del Presidente.

Diversos organismos de DD.HH. y también nosotros hemos venido sustentando una solución por medio de la amnistía. Incluso hay un proyecto en ese sentido presentado por el diputado Alfredo Bravo. La consideramos la más democrática de las tres variantes.

El indulto del que se comenzó a hablar hace un tiempo es, en verdad, una institución que existe por el excesivo presidencialismo que la última reforma constitucional no corrigió y, a diferencia de la amnistía, que anula los hechos, los ‘perdona’, suponiendo culpabilidad del beneficiado.

No obstante, en el caso de mis compañeros, si se produjera, sería la consecuencia de la presión internacional y de la posible condena de la CIDH de la OEA contra las violaciones cometidas, en lo que se llamó la recuperación del cuartel y las arbitrariedades del juicio que los condenó, hechos por los cuales deberá responder el Estado argentino. En dicho juicio, no fueron investigadas las desapariciones de tres compañeros, ni la denuncia de golpe, ni los fusilamientos después de detenidos, de Pablo Ramos, Francisco Provenzano, Berta Calvo, Iván Ruiz y José Díaz, entre otras ‘omisiones’.

Con el indulto, el gobierno resolvería de la manera política menos costosa para él una situación que, en realidad, es la consecuencia de la resolución condenatoria del organismo dependiente de la OEA, y no de una decisión independiente y de buena voluntad de su parte.

Para nosotros, aunque no de la forma deseada, sería el resultado de las denuncias que diversos organismos de DD.HH. y personalidades han sustentado consecuentemente durante estos años.

No estoy de acuerdo con ninguna medida que acorte las penas a los carapintadas, porque ellos sí conspiraron contra la democracia y no han expresado ninguna voluntad de corregir dicha actitud.