Políticas
17/7/2026
El Mundial bajo humo y la entrega de la tierra: Milei quiere incendiar la Argentina para los negocios capitalistas
El gobierno postergó la modificación de la Ley de Tierras por no contar con los votos en el Senado.
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Mientras la atención mundial está puesta en la final del Mundial entre Argentina y España, una inmensa nube de humo proveniente de los incendios forestales de Canadá cubre Nueva York y amenaza incluso la preparación de la selección nacional. No se trata de una postal exótica ni de un fenómeno aislado, sino que es la expresión cada vez más frecuente de una catástrofe ambiental que tiene responsables políticos y económicos. Y mientras el humo canadiense obliga a millones de personas a permanecer encerradas y pone en riesgo la salud pública, el gobierno de Javier Milei pretende avanzar en la Argentina con una legislación que favorece exactamente las condiciones que alimentan estos desastres: la entrega total de la tierra argentina y la habilitación de negocios sobre territorios incendiados.
El oficialismo sufrió un nuevo revés en el Senado, fracasando por cuarta vez en su intento de hacer avanzar la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada: un paquete destinado a blindar los negocios de los grandes capitalistas mediante la reforma de la Ley de Tierras, la Ley de Manejo del Fuego y los regímenes de desalojos y expropiaciones. Aunque logró prorrogar el tratamiento hasta una eventual sesión el 6 de agosto, el retroceso expresa que el gobierno no consiguió reunir los votos necesarios.
La pieza central de la ofensiva es la modificación de la Ley de Tierras. La normativa vigente limita al 15% la propiedad extranjera sobre las tierras rurales y establece topes para evitar la concentración de grandes extensiones en manos de capitales extranjeros. El proyecto “libertario” elimina esos límites: desaparece el tope del 15%, se elimina el máximo de 1.000 hectáreas por titular extranjero y también las restricciones para adquirir tierras en zonas de frontera o próximas a ríos y lagos.
Hoy existen 13,2 millones de hectáreas en manos de personas o sociedades extranjeras, equivalentes al 5% de las tierras rurales del país. En provincias como Salta, Misiones y Corrientes la extranjerización alcanza niveles particularmente elevados. Grupos como Benetton, Joe Lewis y grandes capitales estadounidenses, españoles y árabes controlan enormes extensiones del territorio nacional. Lo que el gobierno pretende es profundizar esa entrega para favorecer el negocio inmobiliario, agroexportador, forestal y extractivista.
Pero esta reforma no puede analizarse separada del desguace de la Ley de Manejo del Fuego. El proyecto elimina las restricciones que hoy impiden lotear, vender o desarrollar emprendimientos inmobiliarios y agropecuarios sobre tierras incendiadas. Es decir que legaliza uno de los principales incentivos económicos que existen detrás de los incendios intencionales.
Durante años los incendios devastaron los bosques andino-patagónicos, el Delta del Paraná, el monte cordobés y numerosas áreas protegidas. En gran parte de los casos, detrás del fuego aparecieron luego emprendimientos inmobiliarios, ampliaciones de la frontera agropecuaria o negocios forestales. El fuego funciona como un mecanismo de cambio del uso del suelo al servicio de la valorización capitalista de la tierra.
Por eso el discurso oficial sobre la "defensa de la propiedad privada" encubre una realidad muy distinta: la defensa del derecho de los grandes capitalistas a apropiarse de territorios cada vez más extensos mediante la destrucción ambiental y la especulación inmobiliaria. El Estado es el garante de esos negocios.
Los incendios que hoy asfixian a Canadá y parte de los Estados Unidos ofrecen una advertencia de alcance mundial. Más de 180 focos activos en el norte de Ontario generaron una nube de humo que atravesó la frontera y cubrió gran parte del noreste de Estados Unidos. Nueva York registró niveles de contaminación considerados insalubres, con riesgos para millones de personas. Tos, irritación ocular, dificultades respiratorias y afecciones cardiovasculares forman parte de las consecuencias inmediatas de una crisis que ya dejó de ser excepcional para transformarse en un fenómeno recurrente.
Mientras el humo de los incendios forestales amenaza incluso la organización de uno de los eventos deportivos más importantes del planeta, el gobierno argentino intenta aprobar una legislación que facilitaría que tragedias semejantes se multipliquen en nuestro propio país. Allí donde el mundo observa las consecuencias devastadoras de la destrucción ambiental promovida por el capital, Milei responde eliminando controles, favoreciendo la concentración de la tierra y habilitando nuevos negocios sobre territorios quemados.
La entrega de la tierra a los grandes capitales y la destrucción ambiental son dos caras de una misma política. La necesidad de ampliar la frontera de valorización capitalista exige apropiarse de nuevas superficies, expulsar poblaciones, flexibilizar toda regulación ambiental y convertir los incendios en una herramienta funcional para el cambio del uso del suelo.
El traspié legislativo del oficialismo abre una oportunidad para derrotar definitivamente este proyecto. Las convocatorias que comienzan a organizarse en distintas provincias hacia fines de julio deben transformarse en una gran movilización nacional contra la reforma de la Ley de Tierras y el vaciamiento de la Ley de Manejo del Fuego. La defensa de los bosques, de los humedales y del territorio nacional es inseparable de la lucha contra un régimen que pone los recursos naturales al servicio de la rentabilidad de un puñado de capitalistas mientras socializa sobre el conjunto de la población las consecuencias de la catástrofe ambiental.
