Algunos de esos mecanismos son los llamados “anticipos financieros”. Básicamente, consisten en que las empresas puedan comprar los camiones para recolección de basura a partir del préstamo que le concede la conducción PRO. Las tasas son considerablemente irrisorias (4,5%) y el plazo de pago veinte cómodos meses.

Por otro lado, los contratistas firman las licitaciones públicas sin que antes cuente con las condiciones y los medios de transporte necesarios para afrontar la puesta a punto del servicio. Sin embargo, este mecanismo de asistencia a los zares de la basura es, en todo sentido, un negocio que cierra perfecto, el beneficio está totalmente asegurado, ya que no tienen pérdida alguna -el municipio compra los camiones e incluso los mantiene. Esta operatoria no escapa a los conocidos personajes, propietarios de la mayoría de las empresas de la Ciudad: los grandes magnates Roggio y Caputo.

El presupuesto de la Ciudad destinado a la basura ocupa entre un 7 y 8% del total y, de este modo, los vecinos pasamos a pagar uno de los servicios más caros por habitante del mundo. Otros de los mecanismos son las “re-determinaciones” de precios, que consisten en una revalorización del presupuesto acordado en la licitación pública, donde la empresa argumenta que han aumentado los costos de los materiales, la inflación, el pago de salarios, etc. y se utiliza como excusa una “reactualización de los montos facturados”. Lo significativo de esta operación es que van por fuera del presupuesto oficial y los montos facturados son monumentales.

Las firmas que prestan servicio a la ciudad, siguen operando en las nuevas “re-licitaciones” que se “concursan” mediante un pacto con los funcionarios de la ciudad. En verdad, lo único que hacen estas empresas es cambiarse la razón social (nombre) para que aparezca como “otra firma”, cuando, en realidad, siempre han sido las mismas.

Respecto a la indemnización de los trabajadores que tienen que despedir estas empresas, ya que van a abrir otra firma, no es el gobierno de la Ciudad quien interviene en asegurarle al trabajador lo que verdaderamente le corresponde, como se hacía antes, sino que cede el dinero a la empresa y esta actúa de árbitro. El dispositivo de sometimiento funciona de la siguiente manera: la Ciudad, por ejemplo, otorga a la empresa 200 mil pesos para indemnizar a un trabajador; sin embargo, lo que ocurre es que la patronal arregla con el mismo por 100 mil pesos y luego le pregunta si quiere seguir trabajando, pero en una nueva firma, es decir, que también pierde toda su antigüedad. Es obvio que el trabajador, al no querer perder su puesto de trabajo, acepta cualquier tipo de recompensa y condición, mientras conserve su lugar.

En suma, se han realizado pagos por más de 15.000 millones de pesos, entre 2014 y 2015, por estos servicios. Los vecinos de la ciudad están molestos porque no se recoge correctamente la basura y los ejecutivos porteños argumentan que no se da a basto. Sin embargo, aunque se le apliquen multas que se les hacen por no recolectar la basura, estas son ridículas, una empresa cobra 45 millones y sólo se le hace un descuento de 2 millones en donde la “multa” es claramente ilusoria. Esto va de la mano en realidad con el “funcionamiento” de las auditorias de la Ciudad en donde se establecen acuerdos entre los inspectores y la empresa privada.