Se realizan cataratas de anuncios por día ante la pandemia, pero el ministro de Economía Martín Guzmán sigue centrado en el mismo eje desde que asumió: la reestructuración de la deuda, mientras sigue pagando los vencimientos más o menos puntualmente “para no entrar en default”.

En enero se pagaron $90.000 millones, en febrero $40.000 y los vencimientos de marzo y abril son escalofriantes: el 1° de marzo venció el Badlar AM20 por $ 19.920 millones, el 6 de marzo el Bogato (A2M2) por $ 60.000 millones, a finales de mes vence el Bopomo (TJ20) por $ 25.320 millones y una Lecap por $ 45.300 millones. A todos estos vencimientos se les sumarán en abril unos $ 114.000 millones del Boncer 2020 (TC20), aunque la “ventaja” en este caso es que muchos acreedores son organismos públicos. Con los vencimientos en dólares no estamos mejor, ya que los u$s4.500 millones que autorizó la megaley de emergencias para que el Banco Central otorgue al Tesoro ya se fueron agotando. Son cifras exorbitantes, más si las comparamos con las cifras anunciadas para ampliar el sistema de salud.

Se abrió el debate del default en las filas de la burguesía

Semejante cuadro ha introducido el debate sobre el no pago de la deuda, aún en las filas de la burguesía. Alberto Rodríguez Saa, insospechable de ser socialista, planteó el tema nada menos que en la reunión de gobernadores, lo cual fue prolijamente silenciado por los medios de comunicación. En Página 12 del 22/3 el economista del Conicet Julián Zícari recomienda lo mismo, y se pliega a una sentencia que hace rato hemos planteado en Prensa Obrera: “las crisis de los últimos 40 años, desde la dictadura hasta acá, han irrumpido como consecuencia de pagar la deuda, no por dejar de pagarla”. Y en Clarín Económico, también del domingo 22, los economistas Alejandro Mayoral y Guillermo Toranzos Torino publican una sinuosa nota titulada “El default en los tiempos del coronavirus: pagar o no pagar”. Maxi Montenegro, en su sitio, ha sido más preciso todavía: “cuando se propaga el miedo en la opinión pública y en los políticos sobre esos escenarios catastróficos, políticas que parecían ‘populistas e irracionales’ solo impulsadas por usinas ideológicas de extrema izquierda, ahora se convierten en realidad con un alto grado de consenso.” Por fin, mencionemos que el propio Alberto Fernández declaró en una radio, por la mañana del 23/3, que “por cinco años al FMI no le podemos pagar un peso”; eso tras aclarar que están “muy de acuerdo” con Kristalina Georgieva, pero sin dar detalles de qué hará ni con lo que debe al organismo ni con la deuda en poder de los bonistas.

El resultado de la sangría por seguir pagando esta deuda “impagable” es, sin embargo, que entre enero y febrero la deuda aumentó u$s1.197 millones, a pesar de los enorme pagos de vencimientos de intereses. Hay que tener en cuenta que hasta diciembre los vencimientos suman u$s67.134 millones (Clarín, 18/3).

Como se aprecia, el debate ha desbordado las orillas del Frente de Izquierda. La mayor constancia de esto es que el riesgo país trepó por arriba de los 4.000 puntos, lo que implica que Argentina solo podría tomar crédito con una tasa de 40% en dólares mientras los bonos norteamericanos pagan 0% y los europeos -0,5%. Es una tasa de default, que no tiene antecedentes desde 2002. Como ningún acreedor renueva deuda a esas tasas, que indican un país quebrado, a los vencimientos de intereses hay que sumar los de capital.

Pero veamos en qué cuadro de la economía –previo al coronavirus- operaron estos vencimientos astronómicos. En enero el país volvió a tener déficit fiscal primario, es decir sin contar pago de intereses, aunque fue relativamente modesto ($3.000 millones). Pero en febrero esa cifra saltó a $27.000 millones, que sumados a los intereses arrojaron un déficit financiero de $67.000. Esto no es consecuencia de ninguna gran inyección de gasto social por parte del gobierno, sino de que la recaudación estuvo 20 puntos por debajo de la inflación, a pesar del paquetazo de impuestos y la actualización de retenciones.

Para afrontar esta situación han recurrido a una enorme emisión monetaria, destinada fundamentalmente al repago de la deuda. Lo que Estados Unidos, Inglaterra, o la Unión Europea están haciendo para afrontar el párate impresionante de la actividad económica por el coronavirus, Argentina lo ha hecho para afrontar los vencimientos de una deuda que el año pasado consumió el 20% del presupuesto. La Argentina capitalista del negociado de la deuda era inviable ya antes dela pandemia, y ahora no tiene los recursos para afrontar la crisis económica que deriva de la cuarentena y los gastos de salud necesarios ante un sistema sanitario en absoluto preparado para lo que viene.

A diferencia de Argentina, en Inglaterra el Estado garantiza el 80% de todos los salarios por tres meses, en EEUU otorgan u$s1.200 a los 27 millones de trabajadores informales. Acá se otorgaron migajas a la AUH y a los jubilados ¡en abril! A las empresas facilitan dudosos créditos y engorrosos “repros”. Ni consideremos el ridículo de los $100 millones del Procrear, que nadie tomará porque los albañiles para ampliar la casa están en cuarentena y los tomadores de préstamos no saben si comen.

No hace falta aclarar que la caída de la demanda mundial y de los precios de la soja afectarán la balanza comercial, y lo mismo podemos decir de la fuerte devaluación del real. No es casual que en medio de semejante recesión el dólar haya empezado una escalada alcista, que implica una tendencia a la devaluación del peso que agranda la deuda en dólares. Y, contra las promesas del Presidente, las Leliq han trepado a $1,7 billones mientras que a los jubilados les serruchan la movilidad; esa es otra deuda cuasi fiscal. Sumemos las de las provincias, que no pueden emitir y están pensando en recurrir a patacones -como acaba de sugerir el mandatario cordobés Juan Schiaretti.

Un plan de guerra contra el virus, bajo control de los trabajadores

Como se aprecia, la continuidad del pago de la deuda conduce al estallido económico al país. El camino emprendido lleva al default, que es lo que han empezado a insinuar los economistas citados y los “mercados” a través del riesgo país. El problema es que todos ellos, y el gobierno en primer lugar, no están pensando en un plan económico que tenga como punto de partida el no pago de la deuda, sino en “posponer pagos o presionar con la carta de dejar de pagar si estos se endurecen” (Pagina 12, ídem).

El no pago soberano de la deuda es antagónico al default, ya que este último significa que se deja de pagar porque se acabaron definitivamente los recursos. Si no cortamos la fuga de capitales, mediante la nacionalización de la banca y el monopolio del comercio exterior, todo se agravará. Si no nacionalizamos sin indemnización alguna los hidrocarburos, estaremos pagando el “barril criollo” a u$s50 -cuando vale u$s20 en el mercado internacional- y aun así seguirá la huelga de inversiones. Todo el sistema energético tiene que ser nacionalizado para evitar los subsidios masivos a los Mindlin y compañía.

El default es la versión bastarda del no pago, el cepo es la versión bastarda del monopolio del comercio exterior y la nacionalización de la banca, el barril criollo lo es respecto de la nacionalización de hidrocarburos, las retenciones son la versión bastarda del manejo de los precios internacionales sobre los costos argentinos, y las permanentes rebajas de aportes patronales nos dejan sin seguridad social. Es decir que el manejo “nacional y popular” de la crisis, al que empiezan a plegarse hasta los liberales, tiene por objeto capear el temporal para rescatar a término a los bonistas, a los bancos, a los exportadores, a todos los chupasangre que han quebrado el país, con Macri y antes y después de él.

La cuestión de un plan económico de los trabajadores es más amplia en el cuadro actual del CoVid 19. Desde luego necesitamos todos los recursos que hoy van al capital financiero para otorgar de inmediato $30.000 a los 7 millones de trabajadores informales, monotributistas, desocupados y cuentapropistas. Necesitamos los fondos que hagan falta (hoy solo $1.700 millones) para ampliar drásticamente el sistema de salud, el testeo del virus en decenas de laboratorios, los elementos de seguridad sanitaria para todos los trabajadores que están obligados por tareas esenciales a continuar sus labores. Todo esto requiere los fondos y la centralización o nacionalización del sistema de salud entero, público, privado y de obras sociales para atender a la población.

Pero el tema es más profundo. Se ha dicho con cierta razón que estamos en un plan de guerra contra un enemigo que es el coronavirus. En la guerra, la economía se reconvierte en función de las nefastas necesidades bélicas. En este caso debe reconvertirse en función de la lucha contra el virus: que industrias como la automotriz pasen a producir respiradores, que las textiles pasen a producir barbijos y elementos de seguridad del personal de salud que está fuertemente expuesto, que la industria de la alimentación se centre en alimentar a la población dejando de lado los caramelos o el lujo del packaging, que los camiones que se están parados se pongan al servicio de la distribución esencial. Esa reconversión requiere de medidas de salubridad e higiene para proteger a quienes trabajan obligadamente, cosa que no está ocurriendo, por ello la necesidad de comisiones de control obrero en todos los lugares de trabajo.

La lucha contra el virus no termina el 1° de abril. Recién empezará. Los trabajadores tenemos que deliberar y organizarnos, en las condiciones que nos plantea la cuarentena, para luchar por una salida que más temprano que tarde se irá transformando en un gran debate mundial. La salida no es movilizar a los ejércitos contra el pueblo, como se está empezando a realizar, sino en movilizar las fuerzas productivas que el capitalismo destruye al servicio de las mayorías trabajadoras.