La semana pasada, los petroleros privados y la Uocra local realizaron un paro de 48 horas, por la parálisis en la perforación de pozos y en los planes de inversión de las privadas, que ha dejado en la calle casi un millar de compañeros.

Tecpetrol y otras concesionarias condicionan cualquier plan de inversiones a la prórroga de los contratos de concesión. La posibilidad de esto quedó parada en las oficinas de Kicillof y compañía: YPF es socia minoritaria en los yacimientos del Norte de Salta y no se conoce plan alguno para recuperar la producción. La asociación con el capital privado que busca la "nueva" YPF está completamente empantanada. La destilería de la Refinor, en Campo Durán, trabaja a media máquina y con una amenaza de cierre, ya que hoy procesa sobre todo gas importado de Bolivia, que está construyendo una destilería rival.

Con esta parálisis crece la desocupación. Nada garantiza, sin embargo, que con la firma de la prórroga lleguen las inversiones. Con más años de contrato las petroleras hacen de entrada un negocio financiero, porque suben los precios de las acciones con la garantía de las reservas potenciales. Pero en las provincias donde se prorrogaron los contratos -incluso hasta 2048- no se ha revertido la caída de la producción ni la falta de inversiones.

La "reparación histórica" de Urtubey

Urtubey busca disimular esta crisis explosiva detrás de un llamado Fondo de Reparación Histórica para obras. Un fondo de 180 millones de dólares -resultado de empeñar las regalías petroleras hasta 2023-, que proyecta realizaciones muy limitadas. Desde que CFK convocó a pesificar los dólares, el Fondo se desvaloriza hora a hora en un plazo fijo del Banco Macro, a sólo el 12% mensual, mientras se esperan los plazos de la licitación y de ejecución de las obras.

Los pocos puestos de trabajo creados por esta iniciativa, presentada como la salvación del Norte provincial, están cuestionados. Esto porque se terceriza y se subcontratan los trabajos, sin ningún derecho laboral. El gobierno nacional ayuda a disimular el alcance de la crisis con una dispendiosa distribución de planes sociales, de pensiones y con trabajo en negro.

Mientras tanto, en Mosconi, el intendente Albarracín busca declarar la "emergencia económica" para justificar despidos, mientras paga regularmente la deuda fraudulenta del gobierno anterior y se niega a afectar las ganancias de las petroleras -con una tasa especial-, como lo viene proponiendo el Partido Obrero.

Hoy están de huelga unos 200 trabajadores municipales: apenas ganan 5 pesos la hora, y al día 22 todavía no habían cobrado. Además, se les anunció un recorte de puestos de trabajo. Los municipales de Salvador Mazza cobraron recién el día 18.

Una salida

Más que nunca, el Departamento San Martín necesita que todos los municipios productores graven a las petroleras y, en forma inmediata, que el gobierno provincial garantice el pago de los sueldos municipales.

Para crear nuevos puestos de trabajo hay que aplicar el tercer turno en las petroleras, manteniendo la integridad del salario de los actuales trabajadores. Estos son los puntos de partida de una salida de los trabajadores a esta crisis terminal en el Departamento San Martín.